Sistema penal sigue violando derechos de manifestantes en Nicaragua

Llevan 11 días de detención ilegal

Carlos Humberto Silva Rodríguez (con camisa a cuadros) fue presentado este lunes como "terrorista" junto a otros manifestantes, por supuestamente derribar una arbolata. LA PRENSA/ CORTESÍA

Carlos Humberto Silva Rodríguez (con camisa a cuadros) fue presentado este lunes como «terrorista» junto a otros manifestantes, por supuestamente derribar una arbolata. LA PRENSA/ CORTESÍA

Carlos Humberto Silva Rodríguez señalado por la Policía de Nicaragua de presuntamente destruir el árbol de la vida que estaba ubicado en la rotonda universitaria, José Luis Ortega Briceño y Brayan Steven Alemán Olivas señalados de quemar el plantel de la alcaldía de Masaya y otros delitos, no han sido presentados ante un juez competente a pesar que tienen más de tres días detenidos.

Por Carlos Humberto Silva Rodríguez, sus familiares y abogada presentaron un recurso de exhibición personal desde el 27 de agosto por detención ilegal, lo que indica que hasta hoy 6 de septiembre lleva 12 días de detención ilegal.

Este recurso fue resuelto por la Sala Penal Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), quienes asignaron juez ejecutor el día 28 de agosto, quien fue a la Dirección de Auxilio Judicial a preguntar por el paradero del detenido, pero no hubo respuesta.

El 29 de agosto presentó su informe ante dicha Sala y esta mandó a notificar a la Corte Suprema de Justicia, sobre la desobediencia de las autoridades policiales. Aquí el proceso se da por terminado.

Sin respuesta

Mientras, la familia de Ortega Briceño presentó recurso de exhibición personal el 5 de septiembre y también fue radicado en la Sala Penal Dos del TAM y aún está pendinte de resolver.

En el caso de Brayan Steben Alemán olivas se desconoce si su familia presentó recurso por detención ilegal, pero de igual manera lleva más de tres días de arresto.

Según la Constitución de la República de Nicaragua y leyes penales, las autoridades policiales tienen 48 horas para pasar a los detenidos ante un juez competente si le encuentran cargos, de lo contrario deberán ser puestos en libertad.

Estas irregularidades se vienen presentando desde los primeros arrestos contra ciudadanos que de alguna manera han participado en las protestas cívicas contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, así se recoge en el Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presentado en agosto.

“Los juicios de las personas acusadas por su participación en las protestas adolescen de serios vicios y no se desarrollan bajo la garantía del debido proceso, incluyendo el principio de imparcialidad de los jueces y tribunales”, dice el informe.

Los arrestos ilegales de parte de policías y paramilitares se han practicado contra ciudadanos que presuntamente han participado en las marchas, tranques o barricadas o que habían brindado algún apoyo humanitario, como asistencia médica, alimentos o refugio a los manifestantes, según el informe de Oacnudh.

Los tres detenidos fueron presentados públicamente por la Policía Nacional el martes 4 de septiembre donde los señalan de terrorismo, incendio y daños a la propiedad pública, en perjuicio de las personas y familias del departamento de Managua y Masaya.

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