La expulsión de la Misión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos por parte del régimen en Nicaragua no conduce sino al aislamiento internacional.
Ortega acusó al organismo de ser “instrumento de los poderosos que imponen su política de muerte… manejada por los que se han adueñado de continentes enteros, por los que han cometido genocidios sobre pueblos enteros… los que los transportaron desde África para que trabajaran… son infames”.
Las investigaciones que la misión ha llevado adelante, no son, entonces, sino un ardid malintencionado del viejo colonialismo europeo. ¿Pero quién es el Alto Comisionado, bajo cuyo mandato se preparó el informe?
Un jordano, Zeid Ra’ad Al Hussein, quien ha sostenido una firme posición a favor de Palestina en el conflicto con Israel, y en 2015 declaró que Estados Unidos estaba obligado a llevar a juicio a los miembros de la CIA responsables de casos de tortura. Raro esclavista. Y la diatriba alcanza también a la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, lejos también de cualquier credo colonialista, quien ha sustituido a Hussein.
Los organismos mundiales que tutelan los derechos humanos son hoy un elemento de civilización. Denigrar su trabajo y decretar su expulsión, significa ponerse al margen de la comunidad internacional, o de espaldas a ella. Esta acción puede servir para contentar a los propios partidarios, pero no para convencer a los gobiernos y a la comunidad internacional. Y tampoco ayuda para nada a reconciliar al país, porque lo que viene a confirmarse es una voluntad de impunidad.
La retórica denigratoria que acompaña la expulsión, no tiene ningún peso frente a los señalamientos de acciones de represión oficial y paramilitar, consideradas en el informe como violatorias del derecho internacional y de los derechos humanos. Lo que tiene peso es el hecho mismo de la expulsión. Y, seguramente, lo más irritante para el régimen es que el informe contradice la narrativa oficial del golpe de estado. “Golpistas” ha sido el título que conforme a esa narrativa se ha dado constantemente a los miles de participantes en las protestas populares.
Al cerrar las fronteras al escrutinio de los hechos violatorios de los derechos humanos, el régimen desconoce el orden internacional, en el que se basa hoy en día la convivencia entre las naciones de todo tamaño y poderío. ¿Puede Nicaragua vivir bajo una política de fronteras cerradas? ¿Puede el régimen valerse solo, aislado como está de la propia sociedad nicaragüense?
A lo largo de la historia, ha habido naciones que se han encerrado en sí mismas, ignorando a las demás. Pero se ha tratado de países vastos en su geografía, autosuficientes en sus recursos, y por supuesto poderosos, como ocurrió con China bajo la dinastía Tang y bajo la dinastía Ming. Pero Nicaragua es un país pequeño, interconectado de manera natural a las naciones vecinas, y miembro fundador tanto de la Organización de Estados Americanos como de las Naciones Unidas, y no puede renunciar a sus obligaciones internacionales sin afrontar consecuencias jurídicas y económicas.
La crisis que vivimos no tiene salida en el aislamiento, sino, por el contrario, en buscar, y no alejar, el respaldo internacional, que lleve a un diálogo nacional, ahora pospuesto por voluntad cerrada del régimen, y que ese diálogo abra las posibilidades de una salida democrática que, lejos de haber terminado, parece prolongarse de manera indefinida.
El camino escogido es cada vez más equivocado, y aleja las soluciones que pasan necesariamente por el restablecimiento pleno de la democracia, y el respeto sin condiciones a los derechos humanos.
El autor es escritor. Ciudad de México, septiembre 2018
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