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Daniel Ortega

Un binomio en el poder. Rosario Murillo y Daniel Ortega, vicepresidente y presidente designado por el poder electoral. LA PRENSA/ARCHIVO

Estados Unidos ampliará sanciones contra los Ortega, según exembajador venezolano en la ONU

Por primera vez, Ortega fue llamado dictador en el foro mundial, donde se denunciaron los abusos contra el pueblo nicaragüense.

El exembajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) y expresidente del Consejo de Seguridad de ese organismo, Diego Arria, dijo que, tras la reunión realizada por ese organismo mundial en que nueve de los 15 países miembros solicitaron al Gobierno de Nicaragua detener la represión, el próximo paso que se espera es que Estados Unidos amplíe las sanciones individuales contra Daniel Ortega, Rosario Murillo, su círculo cercano y los colaboradores de ese régimen.

La crisis que enfrenta Nicaragua desde el pasado 18 de abril, provocada por la represión que ha dejado entre 322 y 481 muertos, según organismos de derechos humanos, fue discutida el miércoles pasado de manera especial en el Consejo de Seguridad de la ONU.

La mayoría de sus integrantes pidieron al Gobierno buscar una salida pacífica al conflicto a través del Diálogo Nacional. Por primera vez, Ortega fue llamado dictador en el foro mundial, donde se denunciaron los abusos contra el pueblo nicaragüense.

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“Eso no queda ahí (discusión en el Consejo de Seguridad) y se pueden hacer varias cosas; uno, es llevar el caso a la Asamblea General; dos, sanciones individuales es el próximo paso que Estados Unidos tiene a la mano”, dijo Arria.

Arria explicó que estas sanciones podrían incluir a Ortega, sus colaboradores principales e incluye a quienes en el sector privado estén colaborando con el régimen de Nicaragua, una situación similar a la de Rusia y Venezuela.

En este último país cerca de setenta funcionarios del régimen chavista y colaboradores enfrentan sanciones de Estados Unidos, otros enfrentan juicios en las cortes federales de Estados Unidos, vinculados a casos de corrupción y narcotráfico.

El caso de Nicaragua

Estados Unidos ha sancionado a través de la Ley Global Magnitsky, que castiga a funcionarios involucrados en actos de corrupción o violaciones a los derechos humanos, a cuatro funcionarios del entorno de Ortega.

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El primero fue el expresidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas; pero después impusieron sanciones al vicepresidente de Alba de Nicaragua SA (Albanisa), Francisco López Centeno; al director de la Policía y consuegro de la pareja presidencial, Francisco Díaz; y el secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno.

Los hijos del poder

En Estados Unidos, se barajan también otras propuestas de sanciones, que incluirían a tres de los hijos de Ortega: Juan Carlos, Laureano y Rafael Ortega Murillo, incluyendo a las esposas de los dos últimos Karen Santamaría y Yadira Leets, directora de la Distribuidora Nacional de Petróleo (DNP), respectivamente. Asimismo, para el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, y la ministra de Salud, Sonia Castro, todos señalados por corrupción y violación a los derechos humanos.

La fórmula Arria

Para el exembajador Arria, una tercera opción que podría ser empleada para continuar abordando la crisis social y política en Nicaragua es la aplicación de la “Fórmula Arria”, un mecanismo de consulta que impulsó el exembajador venezolano hace años.

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“Es una de las cartas que podría jugar Estados Unidos, tiene la ventaja que no puede ser vetado, es una reunión abierta en Naciones Unidas, todos los países que quieran pueden asistir y los medios de comunicación”, sostuvo el exdiplomático.

País no confiable

“Ortega ha entrado bajo la lupa de la cúpula política mundial que es el Consejo de Seguridad, aunque se hayan opuesto China, Rusia, Bolivia y Etiopía, el hecho se produjo, el caso de Nicaragua ha sido presentado, es conocido por los miembros del Consejo de Seguridad, que no haya una resolución era muy prematuro en este momento. Es muy importante lo que ha sucedido”, precisó Arria.

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Para el experto, el haber logrado exponer los graves abusos a los derechos humanos contra el pueblo nicaragüense que comete el régimen Ortega-Murillo, ubica a Nicaragua en una categoría no deseada.
“Nicaragua ha pasado a ser un país no confiable para la comunidad en general, sus jerarcas pasan a ser conocidos como unos violadores de los derechos humanos y de las libertades”, dijo.

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