Especialistas en derecho y política internacional han coincidido en que la discusión del caso de Nicaragua, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, fue posible porque este tiene el mandato de actuar preventivamente en cuestiones que afectan a la paz y seguridad internacional. Conviene, entonces, que nos preguntemos de qué forma Ortega representa una amenaza para la paz y seguridad regional, porque en la medida que la crisis de Nicaragua se prolongue, en algún momento la comunidad internacional se planteará pasar de la prevención, como hasta ahora, a la acción, para evitar daños mayores a la paz y seguridad regional y, como veremos, a sus propios países.
En primer lugar, las fuerzas paramilitares que ha organizado Ortega tienen un potencial desestabilizante de los otros países centroamericanos, por el riesgo que sus actividades delictivas terminen articulándose con el crimen organizado, el cual podría establecer un corredor desde Colombia hasta México. En adición a ese riesgo, un ejército irregular como realmente son las fuerzas paramilitares, constituye una violación expresa del Tratado Marco de Seguridad Democrática y de otros instrumentos jurídicos vinculantes, derivados de los Acuerdos de Paz de Esquipulas.
Está también el caso de la migración, hacia Costa Rica y cada vez más hacia otros países. A pesar de consideraciones humanitarias y de solidaridad, y más allá de los flujos migratorios por razones socioeconómicas, los de origen político plantean legítimas razones de preocupación para los países receptores de la misma. Finalmente, la interdependencia económica entre los países centroamericanos es de tal magnitud, que las consecuencias económicas de la crisis nicaragüense les terminarán afectando a los mismos.
Más allá de las conveniencias o desavenencias actuales entre los gobiernos centroamericanos, en algún momento responderán y definirán sus posiciones con base en la múltiple afectación que la crisis nicaragüense está teniendo sobre sus países. Esos gobiernos no podrán, indefinidamente, ser insensibles a las consecuencias sobre comercio, empleo, inversiones e ingresos fiscales, a causa de la crisis nicaragüense. Esas dimensiones de la amenaza a la paz y seguridad regional están a su vez cruzadas transversalmente por las consideraciones sobre las horrendas violaciones a los derechos humanos, que incluyen delitos de naturaleza internacional por los cuales se pueden establecer responsabilidades para quienes los hayan cometido.
Al respecto, recuérdese que nuestro Código Penal, aprobado en 2007, tiene un capítulo de 33 delitos contra el orden internacional, entre ellos la tortura, que son vinculantes, es decir someten a jurisdicción internacional a sus responsables. Ojalá nos quedemos solamente en el caso de la prevención, porque el tránsito hacia la acción tendría costos no solamente para quienes han cometido delitos, que son juzgables internacionalmente.
El autor fue candidato presidencial.