Unos 300 ojos nos observan en las principales vías de Managua. Trabajan 24 horas al día, siete días a la semana y transmiten imágenes en tiempo real a un pequeño ejército de operadores que labora por turnos en la Alcaldía de Managua, en un centro de monitoreo situado junto a la oficina de Fidel Moreno, secretario general de la comuna. Se trata de las cámaras de video de los semáforos “inteligentes” de la capital.
Fueron instaladas a mediados de 2015. Cámaras en ángulo fijo y cámaras que rotan formando un círculo completo, en 360 grados, con un alcance de hasta 200 metros de distancia. Nada especial si se toma en cuenta que en muchas ciudades del mundo se emplean sistemas de videovigilancia muy similares con el fin de regular el tráfico en carreteras, metros y estaciones de trenes, por ejemplo.
La instalación de las cámaras en los semáforos “inteligentes” de Managua también tuvo ese objetivo y, de hecho, era un paso esencial para que el nuevo sistema demostrara su proclamada “inteligencia”. Después de todo, el proyecto de modernización semafórica costó la nada despreciable suma de 4.6 millones de dólares, tan solo en la primera fase.
Sin embargo, tres años después suceden dos cosas: La primera está a la vista de cualquier conductor que ha combatido el tráfico de la capital en horas pico: los semáforos no se comportan con inteligencia, a menudo dan más tiempo donde la cola es menos larga y solo unos segundos donde la densidad de automóviles es mayor.
La segunda es menos evidente, pero desde hace unas semanas, en medio de la crisis que atraviesa Nicaragua, ha empezado a preocupar a muchos ciudadanos: aunque nada lo garantiza, la Alcaldía de Managua perfectamente podría estar utilizando las cámaras de los semáforos para vigilar a las personas que participan en marchas y plantones contra el Gobierno.
Lo anterior podría ser el secreto tras la rápida respuesta de la Policía para reprimir las manifestaciones de los ciudadanos, sugiere Gonzalo Carrión, director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh). Aunque otra forma de explicar la alta capacidad policial para las redadas son “los infiltrados”, señala.
Para Walter Espinoza, antiguo concejal de Managua, el uso de las cámaras con fines de vigilancia política también es una posibilidad. “El centro de monitoreo funciona para abrir empleos para los militantes de su partido y para tener controlados a los capitalinos”, sostiene. Y a su juicio una muestra de que esto puede estar sucediendo es “el actuar inmediato” de la Policía y grupos paramilitares “cuando hay una protesta cívica”.
Por otro lado, agrega, “si usted está en una de esas intersecciones y lo están viendo en el centro de monitoreo, pueden acercar su rostro y mirar quién es. Pueden ver el vehículo y el número de placa ”.
Alfredo Gutiérrez, quien para 2015 era concejal por el Partido Liberal Independiente (PLI) en la Alcaldía de Managua, también opina que las cámaras podrían estar siendo usadas para controlar los movimientos en las calles.
“El Frente Sandinista obviamente utiliza esos recursos de cámaras para estar vigilando a la población, detectar la magnitud de las manifestaciones, para tratar de identificar a las personas en las marchas”, señala. “No me cabe la menor duda de que de ese centro (de monitoreo) salen imágenes que han contribuido a detener a esas personas que han sido apresadas por paramilitares y policías. No se puede descartar que esté sucediendo y yo más bien creería que algo así está sucediendo”.
*Uso de los grabaciones en juicios
Se conocen unos pocos casos en los que las imágenes captadas por cámaras de video de los semáforos “inteligentes” de Managua han sido de utilidad para el Ministerio Público, pues de ser necesario la Fiscalía puede pedir a la Alcaldía de Managua que le facilite grabaciones que contienen información elemental para resolver un caso.
En septiembre de 2017, por ejemplo, el Ministerio Público ofreció como prueba un video tomado por cámaras de semáforos, donde se apreciaba claramente cómo el acusado arrancaba en su cabezal y arrastraba al motociclista Miguel Ángel Marenco, que esperaba la luz verde delante de él. El cabezalero fue declarado culpable por lesiones gravísimas.
También el año pasado, en agosto, el Ministerio Público presentó como prueba un video en que dos individuos acusados de homicidio supuestamente aparecían desplazándose en la moto utilizada para cometer el crimen. Los abogados defensores alegaron que los sujetos del video tomado desde el semáforo inteligente no eran sus representados, pues la ropa y el tamaño no coincidían.
Este es uno de los usos productivos que pueden tener las cámaras de los semáforos; además de la regulación del tráfico, función que no cumplen.
Los orígenes
Los ojos de la Alcaldía están ubicados en las principales pistas de Managua, sobre todo en la Avenida Bolívar, la Carretera Norte y la Carretera a Masaya. La primera etapa comprendió 52 intersecciones y se ejecutó a lo largo de 2015, con la promesa de que los costosos semáforos descongestionarían el creciente tráfico de la capital.
Proyectos similares han funcionado en ciudades mucho más grandes y pobladas, como Bogotá, Buenos Aires, México y Madrid, donde han logrado agilizar el tráfico con sistemas controlados remotamente. Por eso en la Alcaldía de Managua los concejales opositores inicialmente vieron con buenos ojos la idea de la semaforización inteligente.
No obstante, pronto el proyecto se vio envuelto en una “nube de corrupción, tráfico de influencias y sobreprecios”, afirma Alfredo Gutiérrez. Casi no había información para los periodistas y tampoco para los concejales. Se supo que la licitación se había concedido a una empresa de capital español llamada Aplicaciones Lumínicas y Viarias SA (Aluvisa) y algunas veces aparecieron fotos del centro de control del tráfico en los medios de comunicación de los Ortega Murillo. Pero en general el procedimiento no fue transparente, subraya Gutiérrez.
Según él, al comienzo una de las principales fallas del proyecto fue que la red de fibra óptica instalada por Enatrel era de tan mala calidad que a las pocas semanas estaba cuarteándose y eso causó “serias debilidades en la transmisión de datos”. “La red de semáforos colapsó” en cuanto a la función de los sensores de tráfico, asegura Gutiérrez, y debido a ello solo quedó habilitada la opción de controlar los tiempos manualmente desde el centro de monitoreo.
Pero tampoco se controla manualmente y para Walter Espinoza lo que ahora hay en Managua es un montón de semáforos que funcionan igual que sus predecesores, los semáforos pintados en color amarillo, con el agregado de las cámara de video.
En la segunda etapa, ejecutada en 2017, se instalaron semáforos “inteligentes” en otras diez intersecciones, situadas en diversos puntos de Managua. Estos les costaron 380 mil dólares a los contribuyentes, de acuerdo con declaraciones de Fidel Moreno.
Sin embargo, dado que el tráfico no parece agilizarse y se sigue necesitando la presencia de los policías de Tránsito, la pregunta que muchos se hacen es: ¿Entonces para qué funciona un centro de monitoreo que trabaja 24/7?
El sistema de cámaras bien podría usarse para obtener información con fines políticos, admite Roberto Cajina, experto en temas de seguridad. No obstante, señala, “no hay evidencias” contundentes para afirmarlo.
* La ley
De acuerdo con la Constitución de Nicaragua, la información privada sobre las personas debe ser protegida por derecho. El artículo 26 de la Carta Magna establece que toda persona tiene derecho “a conocer toda información que sobre ella hayan registrado las autoridades estatales, así como el derecho de saber por qué y con qué finalidad tiene esa información”.
La información privada solo puede ser utilizada superando lo dispuesto en ese artículo, según Gonzalo Carrión, abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh). Entre otros casos, “cuando sea indispensable para esclarecer asuntos sometidos al conocimiento de los Tribunales de Justicia o por motivos fiscales”.
Vigilancia y descrédito
La existencia de cámaras de video en intersecciones semaforizadas, como dijimos, no es en sí un problema. Y en un Estado que funciona correctamente nadie tendría que sentirse vigilado por una especie de “gran hermano”. Pero no es el caso de Nicaragua. En nuestro país y en el contexto actual “la legitimidad estatal está seriamente cuestionada”, apunta Gonzalo Carrión, del Cenidh. Y en consecuencia, “no es extraño que las filmaciones sean mal empleadas o que su motivación sea la vigilancia política y de la delincuencia común. Sin obviar que para la dictadura la protesta es delincuencia”.
“Aunque no existan casos que prueben que realmente se está usando para eso, el factor de descrédito de las instituciones gravita, agravado por el hecho de que no dan la cara ante la sociedad y las decisiones son unilaterales, verticales y sin diálogo social”, explica el abogado.
De modo que, lo que en otros países es perfectamente normal, en Nicaragua es motivo de sospecha cuando está en manos del Estado. Al fin y al cabo, 300 ojos en las pistas más transitadas de la capital no son algo que deba tomarse a la ligera.