El obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, presentó recientemente una “Propuesta para una cultura de Derechos Humanos en Nicaragua”, que no debería ser vista con indiferencia.
Monseñor Álvarez presentó su propuesta en una homilía, pero puede ser vista y leída en la página web de la Diócesis de Matagalpa.
Podría parecer un contrasentido proponer una cultura humanitaria cuando en el país está ocurriendo una hecatombe de derechos humanos, tan monstruosa que ha conmovido a la comunidad internacional y ha sido llevada hasta el conocimiento del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Pero, precisamente por esta terrible crisis humanitaria que hay en el país, es importante y necesario hablar sobre la necesidad de una cultura de respeto a los derechos humanos, para que nada de lo ocurrido y nadie de las víctimas de estos meses de horror sea olvidado nunca, para que esto no se repita jamás.
La causa de que ocurra en Nicaragua esta tragedia de derechos humanos, no es solo la existencia de personas extremadamente perversas y crueles. Unas que sienten enfermizo placer ordenando masacrar a personas desarmadas, solo con el fin de mantenerse en el poder; y otras que se regodean secuestrando y encarcelando a mujeres y hombres indefensos, inclusive a menores de edad; torturando física y síquicamente a sus prisioneros; violando sexualmente a las mujeres, etc. No. No es solo por eso, sino también y sobre todo por la falta de educación y cultura de respeto a los derechos humanos, las que, combinadas con los valores morales que predica e inculca la Iglesia, eviten que emerja lo peor de la naturaleza humana y faciliten que más bien aflore lo mejor que yace en el interior de las personas.
A esto apunta la propuesta de monseñor Rolando Álvarez, que plantea el respeto sagrado e irrestricto: a la vida humana desde el primer instante de su ser natural; a la dignidad de la persona; a la integridad moral y la buena fama del otro; a las pertenencias y propiedades privadas y públicas; a las libertades fundamentales de todos; a la familia y la integración familiar; al derecho a una vida digna; a la libertad de pensamiento, criterio propio y opinión.
Después de la dictadura somocista y de la sandinista de los años ochenta, que fueron crueles violadoras de los derechos humanos, el gobierno democrático, humanista y reconciliador de doña Violeta creó en 1995 la Procuraduría para los Derechos Humanos; y en 1996 se aprobó la Ley 201 para la enseñanza de la Constitución y los derechos humanos, obligatoria inclusive y sobre todo en los cuarteles militares y policiales donde más se necesita.
Pero con la ruptura del proceso democrático en 2007, Daniel Ortega convirtió la Procuraduría en un instrumento para justificar sus atropellos a los derechos humanos, y la Ley 201 fue ignorada e incumplida de manera absoluta.
Cuando se restablezcan la libertad y la democracia en Nicaragua, habrá que recuperar también aquella Procuraduría y la Ley 201, y convertir en una hermosa realidad la propuesta de monseñor Rolando Álvarez.