Presentarán recurso por inconstitucionalidad contra Ley de Terrorismo

Presentarán recurso por inconstitucionalidad contra Ley de Terrorismo

De acuerdo con el exprocurador Alberto Novoa, la Ley de Terrorismo contradice lo establecido en la Constitución de Nicaragua, por ello, introducirán un recurso por inconstitucionalidad.

LA PRENSA/Óscar Navarrete

Con la aprobación de la Ley 977, la figura jurídica de “terrorismo” y “financiamiento al terrorismo” permite una interpretación amplia, es decir, que cualquier actividad, como dar agua a una persona que participe en una marcha, podría constituir terrorismo, si así lo interpreta un juez o el Ministerio Público.

Por ello, este lunes el Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción, presentará un recurso de inconstitucionalidad en contra de la Ley aprobada por el orteguismo.

La Ley Contra el Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva fue aprobada el 16 de julio y entró en vigencia el 20 del mismo mes.

En su artículo 44 manda a reformar los artículos 394 y 395 de la Ley 641 o Código Penal de la República de Nicaragua, y modifica la definición de “Terrorismo” y “Financiamiento al Terrorismo”.

De acuerdo con el recurso que interpondrán el ex procurador general de la república, Alberto Novoa, y el abogado Luis Robleto, la reforma a dichos artículos violenta tres artículos (52, 53 y 54) de la Constitución Política, que establecen el derecho de los nicaragüenses a hacer peticiones, denunciar anomalías y hacer críticas constructivas en forma individual o colectiva a los poderes del Estado o cualquier autoridad, además de la reunión pacífica, el derecho de concentración, manifestación y movilización pública.

Lea además: Nuevas leyes contra el terrorismo y lavado son inconstitucionales en Nicaragua 

La discrecionalidad

Novoa explicó que los dos artículos (número 394 y 395) son tan amplios que permiten múltiples interpretaciones y “deja prácticamente a la ciudadanía sin ninguna seguridad sobre la conducta prohibida, es decir, qué es lo que me prohíbe la ley, si no que deja a discreción de los jueces la calificación de la conducta”, explicó.

Esta ley se aprobó en medio de la crisis que sacude al país desde el 18 de abril, cuando el régimen de Daniel Ortega intentó callar los reclamos de la población autoconvocada por la fallida reforma a la seguridad social.

La respuesta violenta del oficialismo causó que aumentaran las demandas de la población por democratización y justicia por las víctimas de la represión. Después de los ataques armados por grupos paramilitares contra los tranques levantados en todo el país por la misma población, le siguieron los secuestros, desapariciones forzadas, y el desarrollo de procesos judiciales cuestionables contra los líderes universitarios, a quienes en su mayoría los acusan de “terroristas”.

Al respecto, Novoa expresó que “el terrorismo como figura jurídica, como concepto jurídico penal, está siendo ocupado como arma política (…) para reprimir, para encarcelar a la gente porque las penas son grandísimas del terrorismo”, expresó.

Para Luis Robleto, en lugar de perfeccionar la ley los diputados la dejaron demasiado general. Independiente de la situación política que viva Nicaragua —explicó Robleto— “las leyes no se pueden estar haciendo generales y sujetas a interpretación porque eso va en detrimento de nosotros como sociedad”, sostuvo.

Para comprender la amplitud de los actos que podrían ser considerados como terroristas, Robleto explicó que “la ley permite encarcelar a personas por el simple hecho de salir a marchar como si fuera interpretado en apoyo al terrorismo, el hecho de darle refugio o alimento a una persona que ha estado protestando puede ser interpretado como apoyo al terrorismo”, refirió.

Al introducir el recurso por inconstitucionalidad, Robleto explicó que desde una perspectiva ideal, en un país donde se respete el Estado de Derecho, el objetivo es que sea considerado por el Tribunal de Apelaciones, y que fuese aprobado. Sin embargo, puede ser rechazado o engavetado.

Lea también: Gobierno de Ortega criminaliza protestas 

Legaliza la represión

De acuerdo con el presidente de Hagamos Democracia, Luciano García, el objetivo de la aprobación de la Ley 977 “es para poder legalizar la criminalización de las protestas”.

Sin embargo, García aseguró que cuando el oficialismo protesta “esa Ley no funciona (…) es complaciente con el régimen”, analizó.

“Esa ley prácticamente legaliza la represión de Ortega-Daniel, presidente designado dejando en indefensión a la mayoría de ciudadanos de Nicaragua”, expresó.

Con el recurso de inconstitucionalidad que interpondrán, García explicó que buscan demostrar que la lucha del pueblo es cívica y que la ley del orteguismo es inconstitucional.

15
años es la pena mínima para quienes cometan” terrorismo” o lo financien, según la nueva ley aprobada por la plana orteguista, y que expertos en derecho aseguran es un arma política.

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