El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, cuestionó muy fuerte la decisión del régimen de ascender este lunes a comisionado general, al jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), Luis Alberto Pérez Olivas, donde están las instalaciones de las celdas del Chipote, una de las cárceles conocidas por las prácticas de tortura y donde los organismos de derechos humanos han registrado graves violaciones de derechos humanos a partir del 18 de abril del presente año.
Human Rights Watch, una organización dedicada a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos ha seguido de cerca las crisis en Nicaragua. Las críticas de Vivanco fueron realizadas a través de un artículo de opinión que publica el sitio web de esa organización.
Aunque los señalamientos que esas celdas sirven para prácticas de torturas no corresponden solo a épocas recientes, a partir del 18 de abril los organismos de derechos humanos han registrado denuncias de una mayor ocurrencia de casos gravísimos. Y que Vivanco confirma la existencia de testimonios que lo corroboran.
“La oficina de derechos humanos documentó denuncias de abusos tales como violaciones sexuales, descargas eléctricas, laceraciones con alambre de púas, golpizas con tubos y estrangulación de manifestantes en distintos lugares del país. Cientos de personas han sido detenidas en El Chipote desde que empezó la brutal ola de represión contra opositores en abril de 2018”, expresa Vivanco.
Menciona que Human Rights Watch obtuvo testimonios sobre dos casos en los cuales las autoridades de El Chipote se negaron reiteradamente a cumplir órdenes judiciales de brindar atención médica a detenidos o permitir que un juez verificara las condiciones de su detención.
Según información recabada por medios de comunicación y testimonios obtenidos por Human Rights Watch, autoridades de El Chipote han obligado a detenidos a grabar confesiones incriminándose ellos mismos o a otros manifestantes a cambio de ser liberados, expresa Vivanco.
Como ejemplo señala el caso de cuatro activistas donde las autoridades de El Chipote se negaron a informar su paradero durante varios días luego de que la policía los detuviera. La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) consideró que se trató de un caso de desaparición forzada.
“Dos activistas varones fueron golpeados y obligados a permanecer de rodillas durante varias horas, y una activista mujer fue obligada a quedarse en ropa interior, afirmaron familiares. Se acusó a los cuatro activistas de varios delitos, incluido el de terrorismo, y todos siguen detenidos en otro lugar”, señala Vivanco.
Es más, Vivanco señala que Pérez Olivas también habría estado directamente implicado en la administración de un centro clandestino donde bandas armadas partidarias del gobierno cometieron abusos aberrantes contra manifestantes, según un testimonio recogido por Human Rights Watch.
“Un manifestante que estuvo cautivo allí señaló que hombres enmascarados lo colgaron del techo y lo golpearon con bates de béisbol, tubos y armas de fuego durante dos días. Afirmó que, posteriormente, fue llevado ante un hombre enmascarado que, por su voz y su contextura, reconoció como Pérez Olivas. El oficial lo obligó a grabar una confesión en la cual incriminaba a otros manifestantes”, señala el artículo escrito por Vivanco.
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, también criticó el ascenso del jefe de la temida cárcel El Chipote.
“Que al jefe del Chipote lo asciendan, es una afrenta y sobre todo una confirmación que son orientaciones directas del propio Ortega las torturas que se hacen (allí). No pueden decir que son comportamientos inadecuados”, sostuvo la presidenta de Cenidh, Vilma Núñez.
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Exigen medidas
La Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet instó el lunes al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a que “tome todas las medidas disponibles para abordar las graves violaciones de los derechos humanos” documentadas en Nicaragua.
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Además la Alta Comisionada llamó a la comunidad internacional a emplear todos los medios de los que disponga para asegurar que las víctimas tengan acceso a la verdad y la justicia, y “esto incluye celebrar un debate urgente durante el actual período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos”, señala Human Rights Watch.