Los despidos arbitrarios contra médicos como parte de la represión gubernamental en Nicaragua, continúan. Solo en Estelí el número ya supera los 15. Y cada día se reportan nuevos casos, aseguró el procurador laboral de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), José Antonio López, que recibe las denuncias de los afectados.
En tanto el Gobierno ha ignorado la solicitud de la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca) y el Mecanismo de Seguimiento Especial para Nicaragua (Meseni) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de remitir una lista detallada sobre los despedidos realizados en hospitales de León, Masaya, Estelí y Managua.
“De acuerdo a denuncias recibidas, estos despidos se habrían realizado como represalia por haber atendido a personas heridas que protestaban en contra del gobierno o por haber manifestado una posición crítica hacia éste en el marco de la crisis que viene atravesando dicho país”, señala un comunicado de prensa de la CIDH.
Aunque la carta de la solicitud fue enviada el 15 de agosto pasado para que en un plazo de diez días el Estado entregara la lista detallada e información correspondientes sobre motivos y garantías otorgadas para proteger sus derechos laborales, esto no ocurrió, lamenta la CIDH.
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Esa Relatoría también le da seguimiento a la situación de “desobediencia estudiantil” por falta de garantías para el ejercicio de la autonomía universitaria y condiciones de seguridad. Y además de información de despidos arbitrarios en contra profesores y trabajadores administrativos de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) Managua, donde conocen de la expulsión de más de 80 estudiantes.
300 médicos y trabajadores de la Salud es estimado el número que ha sido despedido de las unidades de salud pública, como parte de la represión gubernamental.