Mientras el gobierno de Daniel Ortega no encuentra sentido al Diálogo Nacional, 36 países se unieron este martes en el seno del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para pedir la reactivación de ese mecanismo y el cese del uso desproporcionado de la fuerza.
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El grupo de países ha coincidido en que, además, deben terminar “los asesinatos extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones ilegales y arbitrarias”, según la nota de prensa publicada por la Cancillería de Costa Rica, uno de los países que apoyó la iniciativa.
El país vive su día 148 de protestas, las cuales han sido reprimidas por el Gobierno que descalifica a sus críticos, acusándolos de dar un golpe de Estado.
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El pronunciamiento de los países ocurrió durante una intervención este martes, específicamente en un diálogo que sostuvieron con la alta comisionada Michelle Bachelet.
A Costa Rica se unieron Argentina, Alemania, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú, Rumania, Reino Unido, Países Bajos, Paraguay y Francia.
Estos países condenaron “la decisión tomada por el Gobierno de Nicaragua que ordenó la expulsión del país de la misión de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), que representa un retroceso en los esfuerzos que viene realizando la comunidad internacional a fin de ayudar a encontrar una salida a la crisis”, explicaron.
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En esta lista de países que piden al Gobierno retomar el Diálogo, están Dinamarca, Suecia, Finlandia, República Checa, Luxemburgo, Estonia, Malta, Croacia, Eslovenia, Irlanda, Lituania, Bulgaria, Suiza, Chipre, Letonia, Islandia, España y Portugal.
Para el académico José Luis Velásquez, la señal enviada por estos países es clara en el sentido de que Bachelet debe continuar con la posición de su antecesor: estar vigilantes y “no cesar de denunciar todas las violaciones de derechos humanos que se cometen en Nicaragua”.
El Diálogo Nacional inició el 16 de mayo pasado con los obispos como mediadores y testigos. La iniciativa fue socavada por Ortega para ganar tiempo, mientras reprimía violentamente. A los religiosos, el caudillo los acusa ahora de “golpistas”.