Ética y Transparencia hizo una encuesta el 1 de septiembre, en la que preguntó a los ciudadanos su opinión sobre la actitud del Ejército ante los trágicos acontecimientos de los últimos meses. El 31 por ciento valoró la actitud del Ejército como muy positiva y el 11 por ciento como positiva, sumando en total 42 por ciento favorable. Por el contrario, el 16 por ciento consideró que el rol del Ejército ha sido negativo y otro 16 por ciento opinó que muy negativo, sumando 32 por ciento desfavorable. Además, el 22 por ciento respondió que no tiene una opinión al respecto o no respondió.
Esta encuesta se hizo dos días antes de la celebración del 39 aniversario del Ejército, en la cual se puso la bandera del FSLN al lado de la Bandera de Nicaragua, como si fuera un símbolo nacional. Esa burla y desprecio a la Constitución tiene que haber aumentado la opinión pública desfavorable al Ejército.
Durante el gobierno democrático de doña Violeta Barrios de Chamorro, se le quitó al Ejército el nombre de sandinista y fue consagrado constitucionalmente como una institución profesional, apartidista, apolítica, obediente y no deliberante. Desde entonces no se volvió a ver la bandera del FSLN en los centros y las celebraciones militares, pero a partir de que Daniel Ortega recuperó el poder, en enero de 2007, y comenzó a restaurar la dictadura, los militares la volvieron a enarbolar de manera oficial violando expresamente la Constitución.
En la misma celebración militar de este 3 de septiembre, Daniel Ortega aseguró que el Ejército “fue determinante para llegar a restablecer la paz y ponerle fin a la espiral de violencia”, refiriéndose de ese modo a la sangrienta represión armada con la que aplastó los tranques y las barricadas levantados por el pueblo durante la insurrección cívica de abril a julio. Lo dicho por Ortega se puede entender como que el Ejército habría participado, aunque de manera encubierta, en la brutal represión contra el pueblo, a pesar de que los militares alegan oficialmente que no han intervenido en “labores de orden público”.
La ciudadanía que ha apoyado de distintas maneras la revolución pacífica autoconvocada, ha manifestado su resentimiento por la indiferencia del Ejército ante la existencia de las fuerzas paramilitares y su participación en la masacre del pueblo, que ha dejado más de 400 muertos y más de 2 mil heridos. Según la Constitución, en Nicaragua no pueden existir más cuerpos armados que la Policía y el Ejército, el que es una institución nacional que está al servicio de todos los nicaragüenses y no debe identificarse con ningún partido político. De manera que al asociarse abierta o solapadamente al partido FSLN, el Ejército viola la Constitución, socava su prestigio y pone en riesgo sus propios intereses patrimoniales.
El Ejército no es deliberante pero sus soldados y mandos son personas pensantes. Y deberían pensar que lo más conveniente para el país, y para el mismo Ejército, es respetar escrupulosamente la Constitución y ponerse al lado del pueblo, no al servicio de una dictadura.