Pese a los esfuerzos del gobierno de Daniel Ortega por desvirtuar la realidad en Nicaragua, quedó evidenciado ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) que la crisis en el país persiste y se agrava debido a la violencia, la represión, el encarcelamiento y las ejecuciones extrajudiciales a manos de la Policía y los paramilitares afines al régimen orteguista.
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Ortega apareció la noche de este miércoles en un acto público donde no pronunció ni una palabra sobre la resolución condenatoria que por la mañana de este miércoles aprobaron 19 naciones, con lo cual se abre las puertas para que los países apliquen sanciones bilaterales al régimen, para presionar a la dictadura.
En las últimas semanas el ejecutivo de Ortega persiste en una campaña por maquillar los crímenes cometidos, pero esto no tuvo efecto en la sesión extraordinaria de este miércoles, cuando se volvió a condenar la represión del régimen sandinista contra la población.
“A pesar de los esfuerzos cínicos del Gobierno de Nicaragua por disfrazar la verdad, sigue la represión, la violencia y ataques contra líderes religiosos, estudiantes y ciudadanos que ejercen su derecho a las protestas”, dijo durante su intervención el embajador de Estados Unidos, Carlos Trujillo, uno de los doce miembros que integran el Grupo de Trabajo para Nicaragua, aprobado el pasado 2 de agosto.
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Otro aspecto expuesto durante la sesión es el desinterés del gobierno de Ortega para identificar a los responsables de la violencia que desde abril pasado ha dejado entre 322 y 481 muertos, más de dos mil heridos y más de mil personas han sido encarceladas, según reportes de organismos internacionales y locales de derechos humanos.
La falta de colaboración de la administración de Daniel Ortega, para facilitar la labor de Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), así como el haber retirado la invitación a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), porque no le gustó el resultado del informe sobre la violación a los derechos humanos, fue evidenciado durante la sesión del Consejo Permanente y expuesto por varios representantes diplomáticos.
“Existen abundantes pruebas para concluir que la violencia generalizada continúa, acompañada de un aumento en el número de víctimas y un aumento considerable en los informes de actos de represión e intimidación”, reza el informe del Grupo de Trabajo.
El embajador Trujillo condenó las detenciones arbitrarias contra estudiantes que han incrementado en la última semana, que incluyen a universitarios de la Alianza Cívica miembros de la Mesa de Diálogo.
El Diálogo Nacional no se ha reanudado y el gobierno ha declarado su intención de excluir a las partes interesadas indispensables, incluida la Iglesia y los estudiantes. La cooperación del gobierno con los actores internacionales y regionales relevantes se ha deteriorado considerablemente”, dice la evaluación del primer informe del Grupo de Trabajo para Nicaragua.
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Ese documento señala que los miembros del Grupo de Trabajo continúan aproximándose a la Misión Permanente de Nicaragua para involucrar al Gobierno en la búsqueda de una salida a la crisis, pero la respuesta que han encontrado es de puertas cerradas. Sin embargo, insta al ejecutivo de Ortega a reconsiderar su decisión con miras a buscar un compromiso productivo para apoyar soluciones pacíficas y sostenibles a la situación en Nicaragua. El próximo 20 de septiembre, el Grupo de Trabajo se reunirá con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno.
Nicaragua reacciona con hostilidad
Luis Alvarado, embajador alterno de Nicaragua ante la OEA, rechazó el informe y acusó a ese organismo de injerencista. Al mismo tiempo reiteró que su gobierno “no lo reconoce, no existe y que no tiene que responderle”, al Grupo de Trabajo para Nicaragua.
Alvarado continuó con la tónica de su régimen de victimizarse, responsabilizar de la violencia a la oposición y de no reconocer los crímenes producto de la represión de la Policía y los grupos paramilitares al servicio del régimen de Daniel Ortega.
Según Alvarado, la cifra de muertos es 198, entre ellos 22 policías y más de novecientos heridos y lesionados.
Puerta a sanciones
La resolución está compuesta por ocho puntos, fue aprobada con un pequeño cambio. El artículo siete de la misma, que abre la posibilidad a sanciones contra el gobierno de Ortega, fue propuesto a ser anulado por el representante de la misión de Uruguay, Hugo Cayrus, que finalmente voto a favor de la resolución.
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El artículo siete establece “hacer un llamado a los Estados miembros y observadores a implementar, de conformidad con sus respectivos marcos legales y el derecho internacional aplicable, las medidas apropiadas para coadyuvar al restablecimiento del estado de derecho y la protección de los derechos humanos en Nicaragua”.
No pueden ser indiferentes
El jefe de despacho de la Secretaría General de la OEA, Gonzalo Koncke, habló en representación del secretario de ese organismo, Luis Almagro. Dijo que la violación de los derechos humanos, la violencia, la represión, las denuncias de torturas, los muertos, las personas detenidas y las que emigraron producto de la represión, no les permite permanecer indiferentes a la crisis de Nicaragua.
Koncke recalcó la importancia del restablecimiento del Diálogo Nacional entre las partes. “Se ha llegado en Nicaragua a un punto que hubiera podido evitarse, las respuestas a ese punto depende del Gobierno de Nicaragua del cual se entiende que es necesario que provengan las decisiones y gestos democráticos que permitan la reinstitucionalización del país y el respeto al estado de derecho”.
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Reiteró al gobierno de Ortega la necesidad de retomar y acelerar los trabajos que ha venido realizando la OEA con ese gobierno “para que las reformas electorales sean finalizadas en los plazos acordados”.
“Nicaragua cambió a partir del 18 de abril y deben buscarse soluciones que eviten el enfrentamiento y el sufrimiento”, señaló Koncke.
Elecciones anticipadas
El embajador de Estados Unidos dijo que su país seguirá exigiendo al Gobierno de Nicaragua “la rendición de cuentas por la represión y la violencia”.
“El Diálogo Nacional establecido con la mediación de la Conferencia Episcopal de Nicaragua ofrece una oportunidad de valores incalculables para avanzar a la paz. Estados Unidos apoya la propuesta de elecciones justas, anticipadas y transparentes”, añadió.
El embajador de Panamá, Jesús Sierra, expresó que no se puede permitir el continuo abuso a los derechos humanos contra la población y pidió al gobierno de Ortega respetar los principios del derecho internacional.