El calvario de Carlos Hernández Bustos, de 31 años, no acaba. Detenido en Granada por un supuesto robo, baleado en la pierna izquierda por un policía, esposado a la cama de un hospital y confinado en unas celdas preventivas. Ahora el hombre tendrá que lidiar con que su caso será juzgado en Managua.
El pasado 7 de septiembre, el titular del Juzgado de Distrito Penal de Juicios de Granada notificó que se “separa de conocer la causa, en virtud de ser incompetente”.
El escrito indica que se interrumpe el cómputo del proceso por fuerza mayor, desde la fecha del presente proveído hasta nueva convocatoria de juicio oral y público, de conformidad con el artículo 134 del Código Procesal Penal.
Robo agravado
El pasado 24 de julio, se le realizó la audiencia inicial en una cama de hospital, siendo la acusación promovida por el Ministerio Público, por los delitos de robo agravado, en perjuicio de Vladimir Eli Jarquín Rojas, y por portación o tenencia ilegal de armas de fuego, o municiones, en perjuicio del Estado de Nicaragua.
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Sin embargo, los medios de comunicación oficialistas indicaron que Hernández fue uno de los rebeldes que participaron en la quema de la Alcaldía de Granada y una rastra de la municipalidad que en ese momento se encontraba en el malecón.
La acusación de la Fiscalía señala que dos policías arrestaron a Hernández. Durante la detención habría disparado contra los oficiales, y es por eso le respondieron con balazos.
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Hernández estuvo esposado a una cama del Hospital Amistad Japón Nicaragua durante varios meses. Tras haber sido operado gracias a la ayuda de profesionales ajenos al hospital de Granada, fue dado de alta el 21 de agosto pasado y llevado a las celdas preventivas de esta ciudad.
Trasladado
Mariela García, esposa del detenido, dijo que ha logrado verlo en tres ocasiones desde que fue llevado a las celdas de procesamiento, donde continuó su tratamiento con dificultades porque las medicinas no eran llevadas al reo completas, tras bloqueo de la Policía.
García dijo que el abogado defensor privado de su marido le comunicó que no puede llevar el caso, porque Hernández será trasladado a Managua. Esta noticia ha preocupado a la familia porque suponen que será llevado al Chipote, para ser procesado como un reo político.
En la notificación se lee que la competencia territorial se define con base en la comisión de delitos que tienen que ver con crimen organizado, delitos relacionados con estupefacientes, asociación ilícita para delinquir, lavado de dinero, trata de personas, entre otros delitos graves contra el Estado.
No obstante, la esposa de Hernández alega que él no ha cometido ninguno de esos delitos, por lo tanto, si fue acusado de un robo de una bicicleta y de un celular pregunta por qué trasladan su caso a la capital.
Centralizan juicios
Los jueces de los diferentes departamentos del país se están declarando incompetentes para conocer los casos donde pobladores autoconvocados están siendo procesados por participar en protestas sociales contra el régimen de Daniel Ortega, y trasladan los expedientes a los juzgados de Managua.
LA PRENSA conoció extraoficialmente que la Corte Suprema de Justicia ordenó a los jueces departamentales declararse incompetentes para conocer casos relacionados con autoconvocados y que envíen los expedientes a Managua para ser procesados. De hecho, en los juzgados de Managua se está procesando a personas capturadas en Estelí, Juigalpa, Masaya, Carazo y León por hechos ocurridos en esos sitios.