Ante la inminente decisión del Gobierno de recortar los beneficios fiscales que durante años han gozado las empresas, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) señaló que urge en Nicaragua impulsar un estudio para evaluar cuáles son las exoneraciones que deben ser quitadas y cuáles deben continuar vigentes.
Además indicó que una vez que se determinen los incentivos que tendrán que ser reducidos o eliminados, se debe crear un tipo calendario de tal manera que las empresas se preparen para el proceso de transición de exoneraciones a exenciones a asumir nuevas contribuciones. De lo contrario, los recortes sin un análisis previo pueden producir resultados adversos a la economía.
Para los incentivos fiscales que no sean tocados, Abelardo Medina, coordinador del área Macrofiscal del Icefi, señala que “debe existir una evaluación de beneficio-costo que permita identificar lo que la sociedad ganará como consecuencia de la vigencia de dichos privilegios y por supuesto el costo de la administración de los mismos”.
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El especialista recuerda que “en Nicaragua no hay esos estudios, y tampoco hay seguimiento del gasto tributario derivado por los incentivos tributarios (y si hay, no son públicos)”.
Para Medina, “los incentivos que no ocasionan bienestar a Estado, deben ser quitados en forma inmediata, como reacomodo de la política. Por supuesto que el Gobierno podría establecer un período de transición para eliminar los mismos, mientras los empresarios acomodan su funcionamiento a una operativa sin privilegios fiscales”.
Algunas empresas vinieron por los incentivos
¿Por qué se les debe dar plazo a los sectores que perderían los incentivos? Medina recuerda que varios grupos empresariales decidieron llegar a Nicaragua atraídos por los incentivos fiscales y eso significó que “el Gobierno no dispusiera de los suficientes recursos tributarios para hacer frente a las necesidades de la población”.
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Además de una reforma a la seguridad social, en Nicaragua, en plena crisis sociopolítica el Gobierno ha expresado su intención de impulsar un ajuste fiscal que estaría encaminado a reducir las exoneraciones y exenciones fiscales.
Si bien dicho ajuste fiscal es una exigencia que por varios años ha planteado el Fondo Monetario Internacional (FMI) a Nicaragua para crear un “colchón fiscal” —es decir un ahorro de donde pueda echar mano el ejecutivo durante las “vacas flacas”—, el problema es que esta no se podría realizar en consenso con la empresa privada, que lleva 153 días enfrentada con la administración de Daniel Ortega.
El 18 de abril, el Ejecutivo impuso una reforma a la seguridad social que elevó en tres puntos porcentuales el aporte de la empresa privada, aumentó la tasa de cotización de los trabajadores y achicó las futuras pensiones. Eso provocó un estallido social, que hasta la fecha ha causado la muerte de hasta 481 personas a manos de fuerzas de choque del Estado.
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La empresa privada se sumó al pedido de la población en general de impulsar elecciones adelantadas.
La advertencia
El presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, Wálmaro Gutiérrez, durante un recorte del Presupuesto General de la República advirtió que su gobierno impulsará una reforma fiscal para recuperar todo lo que se perdió en los peores días de la crisis sociopolítica a través de un recorte del gasto tributario.
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“No es creando nuevos impuestos, no es creando nuevos tributos, no, es haciéndole pagar correctamente al que debe de pagar tributos, revisando nuestros esquemas de exenciones y exoneraciones que solo ahí se nos van más de 3.5 puntos del PIB (Producto Interno Bruto) anualmente”, señaló Gutiérrez.
Según el presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, “la escalada golpista de estos tres meses dejó una reducción consolidada de 2.2 puntos del Producto Interno Bruto” entre la reducción de ingresos del Gobierno y los generados por las cotizaciones al INSS.
Lo que ha dicho Cosep
El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, dijo a mediados de julio de este año que cualquier reforma de índole económica y fiscal que no sea consensuada con la empresa privada tendrá efecto negativo en el consumidor.
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“Al no ser consensuadas con el sector privado, no existe una retroalimentación necesaria para su evaluación. Y en esto hay que entender que muchos de los beneficios fiscales llegan directamente al consumidor final y quitar estos beneficios, estaría afectando a una población que actualmente está muy debilitada”, afirmó.
Al respecto, la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) prevé que 215 mil han perdido su empleo por la crisis actual, que daña principalmente al turismo, comercio y construcción.
Ya hubo un intento
Cuando se aprobó en 2012 la Ley de Concertación Tributaria, el Gobierno, que durante varios años impuso un modelo de consenso y diálogo en detrimento de la institucionalidad, acordó con la empresa privada impulsar una reducción gradual de las exoneraciones y exenciones. Le había puesto por primera vez fecha de caducidad a dichos beneficios, pero luego en una microrreforma a la ley fiscal el sector privado logró eliminar el artículo que apuntaba a esa reducción, pero ahora el Gobierno se encamina a quitarles los beneficios.