Este ocho de septiembre no se celebró el Día del Empresario por primera vez en décadas. La decisión del Cosep de no hacerlo, por la situación de duelo que vive el país, es una de las señales de cómo el estallido de abril cambió la mentalidad del empresariado haciéndolo plenamente consciente de su responsabilidad política.
No es totalmente cierto que previo a la crisis la clase empresarial estuviese únicamente interesada en hacer negocios.
Desde años atrás parte del sector venía promoviendo la Responsabilidad Social Empresarial (RSE); la idea de que además de producir utilidades, las empresas deben actuar ética y legalmente, buscando también la promoción del bien común en sus comunidades y un crecimiento sostenible, amigable con el medioambiente.
Pero en cuanto a política los empresarios, en general, pensaban que no estaban llamados a involucrarse. Sus gremios no debían luchar por causas que correspondían a los partidos, sino concentrarse en que las políticas públicas favorecieran el clima de negocios. Con Ortega, quien comprendió la importancia estratégica de aliarse con el sector privado, llegaron incluso a una especie de pacto corporativista: sus representantes consensuaban con su gobierno leyes y obtenían asiento en sus instituciones.
A partir de allí, y gozando de buenas tasas de desarrollo, gran parte del empresariado adoptó hacia Ortega una actitud de benigna tolerancia, a pesar de que este iba socavando la institucionalidad. Otros hasta fueron a cabildear a Washington, contra las sanciones de la Nica Act, en lugar de hacerlo en El Carmen. Las críticas, cuando surgían, solían ser muy comedidas. Algunos pensaban que el mero desarrollo llevaría eventualmente a la democracia. Otros, que quizás un modelo autoritario podía asegurar décadas de crecimiento y paz. Otros apostaban a que el septuagenario dictador tendría que ceder el timón a mejores opciones en unos diez años.
La crisis de abril derrumbó estas concepciones. En un instante los empresarios comprendieron que Ortega le había dado a Nicaragua crecimiento, pero no lo que más necesitaba: democracia. Vieron con claridad solar que no puede haber empresarios exitosos en sociedades fallidas. Denunciaron la dictadura y comprendieron que a la RSE debían añadir la RPE, la Responsabilidad Política Empresarial, la cual no implica involucrarse en política partidaria sino saber exigir, con uña y colmillos, las prácticas democráticas fundamentales; como respeto a la ley, independencia de poderes, probidad administrativa, transparencia, alternabilidad de las autoridades, etc.
Ya el somocismo había dado la lección de que el progreso sin democracia se puede evaporar de la noche a la mañana. El orteguismo lo ha vuelto a enseñar. Esperemos que ahora tengamos una clase empresarial irreversiblemente comprometida con el ideal democrático.
El autor es sociólogo. Fue ministro de Educación.