Mientras el Gobierno sigue sin mostrar voluntad para resolver la crisis sociopolítica que enfrenta el país desde hace cinco meses, solo en julio unos 12 mil nicaragüenses cayeron en situación de pobreza —al perder sus empleos o ver reducidos sus ingresos— y se sumaron a los 131 mil que ya habían sido atrapados por este flagelo en los primeros dos meses de la crisis que inició el 18 de abril.
Esto a juicio de economistas expone al país a una mayor explosión social. “Los despidos y suspensiones se han traducido en un aumento en el porcentaje de personas en situación de pobreza de 29.6 a 34.8 por ciento. Se estima que aproximadamente 143 mil personas han caído en situación de pobreza durante esta crisis”, dice la última actualización de afectaciones provocadas por la crisis realizada por Funides con datos hasta julio.
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Es decir que en los primeros tres meses de la crisis que ayer cumplió cinco meses, la pobreza se incrementó en 5.2 puntos porcentuales. Lo que refleja la fragilidad de los logros que pregonó el Gobierno en los últimos años y que muchos economistas incluso consideraron “mágicos”.
En un informe anterior con datos a junio, Funides reportó que entre abril y junio 131 mil personas habían caído en situación de pobreza y que el porcentaje de afectados por este flagelo había pasado de 29.6 a 31.7 por ciento; pero con los 12 mil nuevos pobres que se sumaron en julio este se elevó hasta 34.8 por ciento.
1.2 millones de personas en riesgo de pobreza
Sin embargo, lo más grave es que “existen alrededor de 1.2 millones de personas que, aunque no son pobres, están en riesgo de caer en situación de pobreza si llegan a perder su empleo o si su ingreso se reduce considerablemente en los próximos meses”, dice el informe de Funides.
De verse afectadas todas estas personas la pobreza en Nicaragua volvería a ubicarse en niveles similares “a los observados en la primera mitad de la década de los noventa, donde prácticamente la mitad de la población vivía en situación de pobreza”, advierte Funides.
Durante una entrevista brindada el 3 de julio, el titular del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, admitió que la crisis sociopolítica que vive el país había provocado a esa fecha la pérdida de 250 mil empleos y que como consecuencia de ello más de un millón de nicaragüenses estaban en riesgo de caer en la pobreza.
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“Más de un millón de personas van a pasar a la pobreza y le van a agradecer a los golpistas que hicieron perder empleos en los restaurantes, el comercio, la logística y hasta vender agua helada está difícil porque hay tranques y eso es un impacto terrible en la economía”, aseguró Acosta a un medio oficialista, pero en ningún momento se refirió a la negativa de su Gobierno de abrir un debate para la democratización del país, que es la exigencia de la población y el sector privado.
Acosta también admitió que “el país había tenido buenos números reconocidos internacionalmente”, pero que como consecuencia de la crisis la extrema pobreza que se había reducido hasta el 6.8 por ciento, también se va a incrementar.
Para el economista Alejandro Aráuz, independientemente de que estas cifras de pobreza sean “aproximaciones” basadas en varios tipos de cálculos, porque actualmente no existen condiciones para realizar una encuesta que muestre las cifras exactas, la realidad es que a medida de que la economía cae el nivel de pobreza crece de manera aguda y amplia en todos los sectores.
“La prueba de ello es el desplazamiento de la población a lo interno y la migración de nicaragüenses hacia otros países y que la gente que perdió sus empleos con sus pequeños ahorros está poniendo pequeños negocios para sobrevivir”, dice Aráuz.
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Hay riesgo de más explosión social
El economista Alejandro Aráuz advierte que cuando la pobreza se acentúa “hay un riesgos grave de que se incremente la delincuencia y un sector potencialmente explosivo socialmente hablando. Es decir, que dentro de la crisis que se vive aumenta la explosividad en el sentido de que se traduce en un reclamo político”.
Además, Aráuz considera que también es importante el golpe severo que sufre el acervo de capital, la inversión y el estancamiento que sufre el proceso educativo.
“La mayor parte de los afectados son padres de familia entonces no pueden mantener a sus hijos en la escuela, mucho menos con la situación que existe”, dice Aráuz.
El economista advierte que si las cifras de desempleo y pobreza de Funides son correctas en el país se está “generando una situación explosiva socialmente que es el rescoldo de una situación social más grave… que además de las consecuencias mencionadas tendrá también un estancamiento total de las pequeñas inversiones que se están perdiendo totalmente porque los pequeños son los más afectados, aunque la inversión grande también está sufriendo”, señala Aráuz.