Desde abril pasado, en el contexto de la grave crisis de derechos humanos en Nicaragua la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informa que ha adoptado medidas de protección para más de un centenar de personas.
La más reciente medida cautelar fue adoptada el 17 de septiembre y destinadas a 17 defensoras de mujeres y a sus núcleos familiares. Entre las beneficiadas están: María Elena Rivera Cáliz, Martha Eugenia Munguía Alvarado, Shakira Simmons Obando, Reyna Isabel Rodríguez Palacios, Juana Antonia Jiménez Martínez, Azahalía Isabel Solís Román, entre otras.
En un comunicado de prensa, la CIDH señala que según la solicitud, las beneficiarias son defensoras de derechos humanos y son objeto de amenazas, hostigamientos, intimidaciones y actos de violencia en el marco de sus labores.
Entre los casos descritos por la CIDH en su comunicado, expresa que el 25 de julio pasado adoptó la resolución 56/18 mediante la cual otorgó medidas cautelares a favor de Cristhian Rodrigo Fajardo Caballero y Yubrank Miguel Suazo Herrera, ambos líderes del Movimiento 19 de abril en Masaya, Daniery Emanuel Rodríguez Espinoza, dirigente del Movimiento 19 de abril en Matagalpa, Yaritzha Juddyth Rostrán Mairena, de la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia, Joselyn Andrea Urbina Corea, integrante de la Coordinadora Universitaria, Levis Josué Artola Rugama, vocería de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN Managua). También está Sandra Inés Ramos López, representante del sector laboral y miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia ante el Diálogo Nacional, y sus familiares. De ese grupo, al menos cuatro de ellos han sido procesados por el régimen.
La CIDH instó al Estado de Nicaragua a implementar de manera efectiva e inmediata las medidas cautelares otorgadas.
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Destaca que según informaciones recibidas por el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), “personas beneficiarias de medidas cautelares continúan siendo objeto de actos de violencia y hostigamiento”.
También ha sido informada que algunas personas beneficiarias habrían tenido que desplazarse fuera del país en vista de su situación de riesgo.
Rector de la UAM entre beneficiarios
A su vez, el pasado 23 de agosto , la CIDH adoptó la resolución 65/18 mediante la cual otorgó medidas cautelares en favor del rector de la Universidad Americana de Managua (UAM), Cristian Ernesto Medina Sandino, y su núcleo familiar.
La CIDH consideró que Medina estaría en una situación de riesgo tras amenazas en su contra. “El beneficiario habría tenido un rol visible en el marco de la muerte de la estudiante brasileña Rayneia Lima, quien estudiaba medicina en la universidad de la cual es rector”, señala el comunicado.