Después que familiares de presos políticos fueron desplazados bajo intimidación por militantes orteguistas de los alrededores de la cárcel el Chipote, ahora se apostan frente a los portones de los juzgados capitalinos para saber noticias de sus hijos o esposos.
Aquí se reúnen pobladores de todos los departamentos del país, pues el gobierno de Daniel Ortega ha centralizado la justicia contra sus opositores en Managua, sustrayéndolos de su juez competente en cuanto a territorialidad, a como manda la ley.
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Los jueces orteguistas y el Ministerio Público argumentan las reformas al Código Procesal Penal y dicen que los casos de “trascendencia nacional” son competencia de los jueces capitalinos, argumento rebatido por abogados defensores quienes afirman que ninguna ley ordinaria está sobre la Constitución Política y que esas reformas quedaron con vacíos jurídicos, pues quien determina la trascendencia es el mismo juez.
Por esta razón “legal” acomodada por diputados orteguistas en la Asamblea Nacional, donde aprueban las aberraciones jurídicas, pobladores de Jinotega, Bluefields, Matagalpa, Juigalpa, Carazo, Granada, Masaya, entre otros departamentos, tienen que venir a pasar hambre y penurias a Managua, para saber de sus familiares enjuiciados por ejercer su derecho ciudadano de protestar contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Viejos ayudan a nuevos
La solidaridad entre hermanos no se hace esperar. A las 7:00 de la mañana empiezan a llegar familiares de reos políticos al portón principal de los juzgados, ahí poco a poco se identifican los que andan por la misma causa y se ayudan entre sí.
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Los que son de Managua o ya tienen experiencia en el asunto, porque sus hijos o esposos ya están en etapa de juicio, indican a los nuevos cómo es el manejo en ese “complejo de la injusticia”: “En el portón de atrás vas a dejar comida al reo, tenés que hacer fila para entregarla. En el portón cinco podés esperar al abogado para que te dé noticias cuando salga de la audiencia o en el portón principal”, aconsejan familiares.
Los padres y madres cuyos hijos fueron detenidos, pero no han sido llevados a los juzgados, se apostan en el portón principal. Algunos llevan sillas porque ahí no hay dónde arrecostarse y no hay techo para capear el sol. Otros que llegan de lejos y en transporte colectivo se suben a las gradas del puente peatonal ubicado frente al complejo para descansar las piernas y huir del sol.
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También les muestran la ruta donde interponer denuncia ante organismos de derechos humanos. Por ejemplo el martes las madres de los cinco jóvenes miembros del Movimiento 19 de Abril de Matagalpa ayudaron a familiares de los autoconvocados de Jinotega que recientemente fueron trasladados a Managua, como parte del centralismo de la justicia en la capital, donde jueces se están declarando incompetentes de conocer los casos en juicio y trasladan los expedientes a Managua.
“Mi esposo José Iván González Irías fue acusado de terrorismo en Jinotega porque sirvió de mediador con la Policía, el párroco de la ciudad y los muchachos de los tranques, pero yo no sé nada como son las cosas en la ciudad y ellas (madres de Matagalpa) me están ayudando”, dijo la desesperada esposa, quien prefirió no dar su nombre por miedo a paramilitares de su zona.
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El apoyo moral, los minutitos en el celular y poder compartir las comidas tampoco se hace esperar.
“Aquí lo que no tiene uno tiene el otro, pero nadie se muere por falta de ayuda”, dijo Gloria Ordóñez, de Matagalpa.
El martes también estaban en los juzgados Kelner Mena, hijo del líder campesino Pedro Mena y José Alfredo Mairena Sequeira, hermano del líder del Movimiento Anticanal Medardo Mairena Sequeira, quienes andaban haciendo gestiones ante los juzgados.
También estaban los familiares de los procesados en el caso Junto Somos un Volcán y la familia de Amaya Coppens.
Presentaron a chontaleños
El martes sorpresivamente la Policía llevó a dos hombres originarios de Juigalpa, Chontales, porque después de casi un mes detenidos la Fiscalía por fin los acusó de terroristas y supuestos autores de otros delitos, cuando junto con otros ocho acusados (que aún no han sido capturados) supuestamente estaban en los tranques ubicados en la salida de la carretera Juigalpa-Managua. Se trata de los procesados Francisco Antonio Sequeira Sequeira, de 33 años y Lenín Antonio Salablanca Escobar, de 35 años. La esposa de Salablanca se mantuvo yendo a los juzgados todos los días, gastaba 400 córdobas en pasaje y la comida que le llevaba al reo. Ella junto con su cuñado muchas veces tenía que aguantar hambre, sol, lluvia y amenazas.
40 días sin saber de ellos
Kelner Mena, hijo del líder campesino Pedro Mena y José Alfredo Mairena Sequeira, hermano del líder del Movimiento Anticanal Medardo Mairena Sequeira, solicitaron el martes al juez Edgar Altamirano que gire oficio a las autoridades del Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro en Tipitapa para que dejen ver a sus familiares, ya que tienen 40 días que no les permiten la visita familiar en dicho penal. Ellos también estuvieron apostados en el portón principal de los juzgados cuando sus familiares venían a audiencia.