“Estamos ante un Estado feroz que perdió el respaldo de la sociedad”, señala Gonzalo Carrión

“Estamos ante un Estado feroz que perdió el respaldo de la sociedad”, señala Gonzalo Carrión

Nicaragua ha vivido una sistemática violaciones de derechos humanos, las que pueden calificarse como “crímenes de Estado”, dice al respecto Gonzalo Carrión

24/09/2018
estado, antimotines

LA PRENSA/O. Navarrete

A partir de las criminalizaciones de todas las expresiones de protestas y la aplicación desde julio de la  Ley No. 977 de terrorismo — calificada por expertos de inconstitucional — centenares de civiles han sido acusados de “terroristas” y la mayoría del pueblo de “golpistas de la derecha”.

Este término de “terrorista” es aplicado en otros países a violentos grupos armados como  el ISIS, Al Qaeda o Talibán, pero en Nicaragua es utilizado por el régimen político-militar de Daniel Ortega para reprimir protestantes civiles que se han mantenido desde abril  en las calles demandando su salida, elecciones libres y libertad de los presos políticos.


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Esta pobladora fue salvajemente golpeada por antimotines y paramilitares por participar en la marcha  “Somos la voz de los presos políticos”. Domingo 23 de septiembre, 2018. LA PRENSA/O. Navarrete


En estos últimos cinco meses Nicaragua ha vivido una sistemática violaciones de los derechos humanos, las que pueden calificarse como “crímenes de Estado”, dice al respecto Gonzalo Carrión, director Jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

En este proceso —  revela Carrión— se cuentan por centenares los presos políticos. “Aunque ellos sigan mintiendo y digan que solo tienen más o menos unos doscientos presos, lo cierto es que se aproximan a 500 los que están presos y una buena parte no están acusados”.

“Estamos ante un Estado feroz, que perdió el respaldo de la sociedad, o sea el país vetó la gestión de este Gobierno”, señala Carrión al calificar la represión que ha sido condenada por otros organismos de derechos humanos.

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Para Gonzalo Carrión, director Jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), la Ley de antiterrorismo busca darle legalidad a la persecución y represión selectiva”. LA PRENSA/URIEL MOLINA

Carrión quien también es Máster en Derecho Constitucional, precisa que estos graves delitos han sido cometidos por agentes de la Policía Orteguista y particulares (fuerza de choque), que en la práctica actuaron y actúan al amparo del Estado.

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Recordó que las protestas la iniciaron los estudiantes  el 18 de abril. En esta primera etapa se hizo uso del garrote y las fuerzas de choque, “se realiza la captura de más de 480 personas”, la mayoría jóvenes que luego fueron puestos en libertad, así lo indicó el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del 21 de mayo.

Explicó que luego se dio una segunda etapa con fusilería de guerra al no poder contener las protestas de los manifestantes desarmados. Estas fueron llamadas “operaciones de limpieza”, con uso excesivo de armas de fuego, entre ellos el fusil de  francotirador Dragunov.

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“Uno solo de los ejecutados por la dictadura no aparece muerto con un fusil en la mano. Han hecho de todos, de todo han probado, pero no pudieron controlar la resistencia actual en medio de esta criminalización que sigue feroz”, denuncia el defensor.

Y la tercera es la criminalización de las protestas. “En esta etapa se publica la Ley de antiterrorismo que busca darle legalidad a la persecución, represión selectiva, uso de fuerza excesiva y alta probabilidad de tortura en los procesos de investigación”, refiere Carrión.

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Este manifestante con una máscara del mestizaje nica y su cartel “Los tenemos locos”, realiza su particular protesta con toque de humor.  LA PRENSA/Archivo/Uriel Molina

Ley 977: un arma ilegítima contra las marchas

Para el joven Salvador Marenco, asesor legal del (Cenidh), los nicaragüenses han encontrado múltiples formas de protestar: se comenzaron con marchas y plantones, después con pintas, murales, dibujos y esculturas de los héroes como Álvaro Conrado, últimamente chimbombas azul  blanco y globos aerostáticos.

“Y cada nueva forma que sale la tratan de reprimir. Claro, ahora se inventaron una nueva arma jurídica que es ilegítima, como esta nueva ley de terrorismo”, señala.

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Asimismo señaló que la “criminalización” de las protestas se dio desde la primera protesta y fue oficializada con la publicación de la Ley 977 en La Gaceta número 138 del 20 de julio de este año.

Recordó que el 23 de abril fueron liberadas 223 personas del Centro Penitenciario Nacional (La Modelo, en Tipitapa), “personas que fueron dejadas tiradas en las calles, algunas solo con ropa interior, rapadas de la cabeza y golpeadas… entre otras cosas”, señala el defensor.

Manifestantes demandan la libertad para los presos políticos acusados de “terroristas”. LA PRENSA/Archivo/Uriel Molina

Primer caso acusado de terrorismo

¿Cómo tipifican el tema del terrorismo?, se pregunta este experto. “Es demasiado amplio” se responde.

En busca de frenar estas constantes violaciones a los derechos de expresarse libremente consignados en la Constitución, el Cenidh  introdujo un recurso por inconstitucionalidad.

Para Marenco la forma en que fue redactada la Ley 977 Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, “criminaliza las distintas expresiones sociales”.

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El primer caso donde se ha utilizado la tipificación de terrorismo, fue el de Martin Jarquín , explica Marenco. Y está siendo procesado junto a ocho personas más. Esta acusación fue presentada el 23 de julio, tres días después de publicada la Ley.

“A partir de este caso casi doscientas personas están siendo procesadas por el delito de terrorismo, con la aplicación de esta ley inconstitucional y arbitraria”, revela Marenco.

Marcha cívica y patriótica denominada de Las chimbombas, del 16 de septiembre. Decenas de personas han sido detenidas en los últimos días bajo el supuesto de ser “terroristas”.  LA PRENSA/Archivo/Uriel Molina

Tira chimbombas han sido encarcelados

En los otros casos de los tira chimbombas, a ellos se les imputa el delito de terrorismo y todavía no se ha llegado a materializar en una acusación. “Pero la detención se realiza desde que le dicen que es un terrorista por andar lanzando chimbombas azul y blanco”, aclara Marenco.

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También han detenido ilegalmente personas  por vender banderas, pañoletas y cintillos, como Luis Enrique Cuevas;  el sonidista de las marchas  Javier Espinoza y el maratonista Alex Vanegas. y el más reciente de Mayra Moreno  fue detenida en Estelí por regar chimbombas, fue llevada a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), pero ya fue liberada.

En una panadería de Nandasmo, Masaya, paramilitares y policías detuvieron a diez personas luego fueron liberadas. LA PRENSA informó que para esos días patrios también fueron detenidos por el “delito de lanzar chimbombas Oziris Castro Matamoros de Matagalpa, así Daniel Carvajal y Maykel Corea, de San Marcos, Carazo, estos dos últimos pasaron dos días en la cárcel.

Gritar consignas, andar en las marchas, portar banderas, soltar globos, son las formas de libertad de expresión que los nicaragüenses  han encontrado para protestar, y no es un “delito” alguno, dice Marenco.

Ante crisis del país, más de 23 mil nicaragüenses se han visto obligados a salir hacia Costa Rica otros países. LA PRENSA/Archivo

Familias enteras han huido

Pero no solo eso, refiere Marenco, sino que familiares de los asesinados se han visto obligados a irse de país. “Salvador Arévalo, la mayoría de su familia se tuvo que ir, porque lo matan y amenazan con detener  y matar al resto de su familia. Esto fue a inicio de junio”.

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“Erick Cubillo, su esposa tuvo que huir del país por amenazas.  El caso de Ángel Gahona,  que dicen que hicieron justicia y si realmente están protegiendo a la familia.  ¿Porqué su esposa tuvo que pedir medidas cautelares, porqué sus dos padres y hermanos se encuentran fuera del país?  Y ambos se le están otorgando un proceso de refugio”, se pregunta Marenco.

¿En qué consiste esta ley?

Marenco explica que si bien existen resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), para que los países creen unidades financieras para fortalecer la legislación y prevenir  el terrorismo y su financiamiento; sin embargo “Nicaragua no puede utilizar como una excusa las legislaciones internacionales para reprimir al pueblo”.

Y es utilizada— agrega Marenco — como una arma para criminalizar, porque estas resoluciones no dicen que toda acción que cause o vaya dirigida a causar muerte o lesiones es terrorismo.

“Estamos hablando de un Estado que manipula resoluciones y tratados a su conveniencia.  Estamos ante un Estado terrorista, y no se puede llamar de otra forma a un Estado que mata y que niega las muertes además”, valora Marenco.

Para el joven Salvador Marenco, asesor legal del (Cenidh), ante la represión e impunidad “el pueblo tiene que seguir uniéndose contra la dictadura”. LA PRENSA/Uriel Molina

El derecho de protestar

“Protestar es un derecho, reprimir es el delito”, es el lema que tenemos acuñado dice Carrión.

Luego cita el Artículo No. 32 de la Constitución de la República  que dice: “Nadie está obligado hacer lo que la ley no manda, y ni impedido hacer lo que ella no prohíbe”.  Y luego agrega: “Todo lo que no está prohibido está permitido”.

Por su lado Marenco dice que gritar consignas, andar en las marchas, portar banderas, soltar globos, son las formas de libertad de expresión que los nicaragüenses han encontrado para protestar y no es un delito alguno.

¿Y ante este estado de indefensión e impunidad que hacer?, Marenco  dice que el pueblo tiene que seguir uniéndose contra la dictadura.

“No podemos dejar de defender nuestros derechos y dejar de manifestarnos”, expresa este joven defensor es el único camino para lograr el cambio y que Nicaragua tarde o temprano se encamine hacia un Estado de derecho y democracia.

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