Durante la jornada cívica que se desarrolla en Nicaragua desde el 18 de abril hasta este 23 de septiembre de 2018, la Policía Orteguista (PO) ha violentado de forma sucesiva los derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos, explicaron abogados penalistas y organismos de derechos humanos.
La PO se ha exhibido en la práctica de tortura física, violaciones sexuales y detenciones ilegales contra manifestantes. Además, se ha encargado de llamarlos terroristas y condenarlos sin ser sometidos a juicios, violando una serie de artículos de la Constitución Política de Nicaragua y garantías establecidas en leyes penales, como el principio universal de presunción de inocencia.
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“Cuando la Policía irrumpe en tu propiedad de forma abusiva, violenta, sin orden judicial para allanarte, está violando el artículo 26 de la Constitución Política de Nicaragua, que prohíbe la violación del domicilio”, explicó Nelson Cortez, abogado penalista exiliado ante la represión gubernamental.
La PO también ha violado el artículo 33 de la misma Carta Magna que dice que nadie puede ser sometido a detención arbitraria.
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La detención solo podrá efectuarse mediante orden judicial o in fraganti delito, sin embargo la Policía sigue extrayendo de sus casas a manifestantes y secuestrándolos en las vías públicas.
Otro derecho violentado es el de ser informado sin demora de las causas de su detención, de la acusación formulada en su contra y a que se informe de su detención a sus familiares y ser tratados con respeto a la dignidad humana.
Sin embargo, en la práctica, familiares de reos políticos denuncian que la PO no informa del porqué se los lleva ni los dejan ver. Muchos pasan entre ocho y 15 días desaparecidos, hasta que los presenta a medios oficialistas o aparecen en los juzgados. Casos recientes son los del profesor Juan Bautista Guevara y Ricardo Baltodano.
Cortez explicó que es un derecho constitucional que si en 48 horas no encuentran causa para acusar el ciudadano debe ser puesto en libertad o bien, puesto ante el juez competente, pero esto no se está respetando.
“Ninguno de los autoconvocados secuestrados por la PO es llevado ante un juez dentro de las 48 horas. Todos sin excepción son llevados después de varios días detenidos”, recalcó el abogado.
El artículo 34 de la Constitución Política, numeral uno manda a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme la ley, sin embargo la PO abusivamente presenta como terroristas y delincuentes a los manifestantes capturados, ante los medios oficialistas.
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“Gerald Enrique Lovo Cuadra, junto a otros delincuentes, con armas de fuego, ubicaron tranques frente a Colegio San José, en Jinotepe, departamento de Carazo, ahí cometiendo actos vandálicos y realizaron los delitos de terrorismo, crimen organizado, asesinatos, secuestros extorsivos a pobladores”, dicen una nota de prensa de la PO.
En el artículo 36 del mismo cuerpo normativo se proclama que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, que no sean sometidos a torturas, procedimientos, penas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes.
A pesar de esto se denuncian contra la PO torturas como arrancar uñas, aplicar descargas eléctricas, violación con armas y otras vejaciones.
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Un caso reciente es el de Brayan Cruz Calderón a quien le introdujeron cuchillos en sus partes íntimas.
También violentan el artículo 46 referente a tratados internacionales sobre derechos humanos, los artículos 53 y 54 referente a la reunión y concentración pacífica como las manifestaciones públicas.
“Cada una de las acciones que están realizando están prohibidas y sancionadas a nivel internacional en los tratados y convenios internacionales de derechos humanos, están siendo vulnerados por el Estado de Nicaragua en la actualidad”, expresó Pablo Cuevas, asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos.