Daniel Ortega violentaría una vez más la Constitución Política de Nicaragua si ordena a las fuerzas policiales abrir arbitrariamente los comercios que participen en un paro nacional y por tanto estos tendrían la opción de demandar al Estado a nivel internacional en caso que se les violen varios derechos constitucionales según sea el tipo de empresa, advirtieron ayer economistas.
El analista Eliseo Núñez y el economista Alejandro Aráuz plantean que en caso que Ortega materialice sus amenazas, estaría atropellando la Constitución Política que establece que el Estado debe garantizar la libertad de empresa.
“La libertad de empresa, las libertades, se ejercen en el modo activo y pasivo. Entonces la libertad de empresa en el modo activo es poder poner una empresa y en el segundo (el pasivo) es que si yo la quiero cerrar, yo la cierro o si quiero no ponerla no la pongo. Entonces los empresarios no están violando ninguna ley con cerrar uno, dos o tres días los negocios, quien violaría una ley o la Constitución es el Estado de Nicaragua en caso de que quieran abrir por la fuerza un negocio”, explica Núñez, exdiputado y exmiembro de la Comisión de Economía, Presupuesto y Producción de la Asamblea Nacional.
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El pasado sábado, durante un mitin con cientos de seguidores de su partido, Ortega acusó a los empresarios de formar parte de un juego de “guerra económica” y advirtió que no permitiría otro paro nacional porque en caso que ocurra enviaría a las fuerzas policiales a las empresas para que abran sus puertas.
El artículo 99 de la Constitución Política de Nicaragua establece en unos de sus párrafos que “el Estado garantiza la libertad de empresa”.
Además Aráuz y Núñez plantean que ante todo los empresarios también gozan de derechos personales y políticos consignados en los artículos 25, 32, 53, 54 y el 55 de la Constitución Política.
Al respecto, el artículo 32 de la Constitución Política establece: “Ninguna persona está obligada a hacer lo que la ley no mande, ni impedida de hacer lo que ella no prohíbe”. En ninguna ley se establece que las personas y empresas están impedidas a participar en paros como unas de las múltiples formas de expresión de manifestación cívica.
A criterio de Aráuz, Ortega intentaría justificar el uso de las fuerzas contra la empresa privada amparándose de manera errónea en el artículo 105 de la Constitución Nacional que establece: “Es obligación del Estado regular justa y racionalmente la distribución de los bienes de consumo y su abastecimiento, tanto en el campo como en la ciudad. La especulación y el acaparamiento son incompatibles con el régimen económico social y constituyen delitos graves contra el pueblo”.
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Sin embargo, Aráuz señala que lo anterior no cabe, “ya que en Nicaragua actualmente no hay especulación (económica) sino más bien es el ejercicio del derecho político a manifestarse públicamente” a través de un paro nacional, donde están los empresarios ejerciendo sus derechos políticos y personales.
Durante su comparecencia, Ortega dijo que haría cumplir a la empresa privada su obligación, que es producir, un planteamiento que a criterio de Núñez no tiene ningún fundamento legal. “Los empresarios no están obligados (por ley) a producir, no están obligados a tener empresas, ellos pueden producir y tener empresas de acuerdo a sus intereses”, enfatiza.
Empresas pueden demandar al Estado
Aunque Aráuz cree que lo planteado por Ortega tiene una finalidad más política para infundir temor público, ante la desesperación de que se le estaría saliendo de las manos el descalabro de la economía por la profunda crisis política que golpea al país desde hace 161 días, Núñez plantea que en caso de que su amenaza se materialice las empresas pueden proceder a demandar al Estado tanto a nivel local como internacional.
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Para Núñez, Ortega estaría apuntando principalmente a la banca nacional, puesto que esta se le ha rebelado e incluso ha participado activamente en los tres paros nacionales de 24 horas que han habido en Nicaragua desde que estalló la crisis sociopolítica el pasado 18 de abril.
A diferencia del resto del sector empresarial, la banca nacional y los servicios públicos están dentro de la libre empresa, pero sus relaciones con el público están sujetas a regulaciones administrativas, un aspecto legal que Ortega estaría interesado en maniobrar a su favor.
No obstante, Núñez recuerda que la regulación de la banca y servicios públicos se basa en aspectos estrictamente administrativos con el público y eso no significa que pierden sus derechos civiles y constitucionales. “Eso (la regulación bajo el derecho administrativo) no significa que el derecho a la libertad de empresa esté cercenado para estas empresas, aunque estén reguladas”, indica.
Núñez admite que la práctica que pretende poner en marcha Ortega contra la empresa privada solo es vista en épocas de dictaduras pasadas en Nicaragua o bien en países que sufren de ese mal, como es el caso de Venezuela, donde desde el gobierno chavista el Estado intervino la libre empresa que hoy tiene colapsada dicha economía. De ahí la importancia de que Ortega no cumpla sus amenazas.
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Ortega agudiza crisis
El economista Alejandro Aráuz teme que Daniel Ortega ya haya recibido un reporte real sobre el desequilibrio económico y que estaría afectando las finanzas públicas.
No obstante, Aráuz advierte que las amenazas de Ortega contra la empresa solo agudizarán la crisis debido a que acrecenta más la incertidumbre en Nicaragua. Insistió que la única salida a la crisis económica es a través del diálogo político.