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Sanciones y oportunidad

Como se esperaba, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos (EE. UU.) aprobó el proyecto de ley para aplicar sanciones al régimen dictatorial de Daniel Ortega.

El proyecto de ley aprobado este miércoles fusiona dos anteproyectos presentados por legisladores de los partidos republicano y demócrata. Ahora será sometido a la aprobación del Senado en pleno, luego será votado por el Congreso y finalmente ratificado por el presidente Donald Trump, para que entre en vigor y se puedan aplicar las sanciones previstas.

Al haberse superado el escollo en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, en el que el trámite legislativo del proyecto de sanciones se había detenido por los cabildeos del Gobierno y sectores empresariales de Nicaragua, se espera que el trámite siguiente se cumpla rápidamente y que muy pronto la ley quede aprobada definitivamente.

Era perfectamente posible evitar que se aprobara esta ley, cuyo objetivo es sancionar al régimen orteguista —en adición a la Ley Magnitsky que ya le ha sido impuesta a altos funcionarios orteguistas señalados de corruptos y violadores de los derechos humanos—, pero cuya aplicación podría tener efectos colaterales negativos para la nación

Ha sido el mismo Daniel Ortega quien ha facilitado la aprobación de esta ley de sanciones, al cerrar el camino que conduce a la recuperación de la democracia. Ortega más bien se ha empecinado en radicalizar la dictadura, desatando una masiva represión contra el pueblo con horrendas violaciones a los derechos humanos, que podrían ser tipificadas y castigadas como delitos de lesa humanidad.

Pero todavía hay tiempo para evitar que la ley de sanciones sea aplicada, después de ser aprobada y ratificada por el presidente Trump. Bastaría con que Daniel Ortega demuestre racionalidad, que reconozca que su proyecto dictatorial es inaceptable e insostenible y acepte la negociación de un acuerdo para el regreso de Nicaragua a la democracia.

Los legisladores estadounidenses promotores de la ley para sancionar a la dictadura de Nicaragua, han explicado con claridad que la aplicación de las sanciones dependerá del mismo Ortega; que no sería necesario aplicarla si el régimen propicia negociaciones serias con la oposición, con vistas a lograr un acuerdo creíble para la democratización.

En realidad, lo que se busca con la ley de sanciones al régimen orteguista es que haya libertad y democracia, lo mismo que reclama el pueblo nicaragüense, pero la respuesta de Ortega ha sido una matanza que ha dejado ya más de quinientas personas asesinadas.

Es cierto lo que dice los legisladores estadounidenses, que la aprobación de la ley de sanciones a Ortega es una buena oportunidad para alcanzar una solución pacífica a la crisis política, mediante el compromiso de celebrar elecciones anticipadas que cumplan con los estándares democráticos. Y que de inmediato cese la represión gubernamental contra los ciudadanos autoconvocados que demandan justicia, libertad y democracia.

Editorial Daniel Ortega Estados Unidos sanciones archivo
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