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El caso Maradiaga

La existencia de una orden de captura contra Félix Maradiaga, director del Ieepp, es preocupante por acentuar lo irracional de la persecución política en Nicaragua, ya que este hecho puede ser contraproducente para el régimen.

La lógica de criminalizar a personas defensoras de derechos humanos tiene como propósito desprestigiarlas, atacar su credibilidad y que centren sus esfuerzos en defenderse para que se distraigan o desistan de su labor de defensores.

Pero esta lógica no aplica a los defensores más emblemáticos, por lo general estos se vuelven intocables: por su integridad, al no tener cola que le pisen; la imposibilidad de comprarlos; su capacidad de influenciar a personas, organizaciones o grupos; y su valentía al denunciar los abusos sin importar las consecuencias.

El caso de Maradiaga parece más una represalia por su alto activismo internacional en la OEA, el Congreso de EE. UU. y su incómodo testimonio ante la máxima instancia del Derecho Internacional, el Consejo de Seguridad de la ONU. Lo anterior me hace suponer que el activismo de Maradiaga es imperdonable para el régimen, pero apresarlo va a generar al régimen un alto costo político.

Lo primero que deben tomar en cuenta es el potencial que ese hecho tendría para aglutinar expresiones sociales y políticas, convirtiéndolo de un defensor de derechos humanos en líder opositor, así como el FSLN fue un cauce donde desembocó el descontento con la dictadura, la detención de Maradiaga crea condiciones para terminar con la orfandad política opositora en Nicaragua.

El segundo elemento a considerar es que la comunidad internacional hasta hoy se ha mostrado preocupada por el debido proceso de los presos políticos, un eventual proceso de Maradiaga guiado con enfoque de litigio estratégico pondrá los reflectores en lo burdo de los procesos que se han realizado hasta hoy.

En tercer lugar, Maradiaga ha demostrado un importante accionar político a nivel internacional, pero procesarlo lo acercaría a juristas internacionales. Esto último puede implicar que la comunidad internacional deje de ver a Daniel Ortega como un dictador y lo cataloguen como un criminal. Se imaginan ustedes una veintena de denuncias en diferentes países contra Ortega por crímenes de lesa humanidad pidiendo se ejerza la jurisdicción universal en su contra. Cualquiera de estos países puede iniciar un proceso penal y/o solicitar la extradición de Ortega como lo hizo España en 1998 respecto de Pinochet en su paso por Inglaterra, Ortega tendría por cárcel Nicaragua en el escenario más favorable para él.

Detrás de Ortega, va Maduro, de ahí el interés de la comunidad internacional en Nicaragua, apresar a Maradiaga considerando su cercanía a instancias internacionales es propicia para acelerar la caída del régimen.

El autor es Maestro en derechos humanos.

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