Senado estadounidense estrecha el cerco a Daniel Ortega

El Comité de Relaciones Exteriores aprobó este miércoles la fusión de las iniciativas de sanciones: la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua 2018, S.3233 y la Nicaraguan Investment Conditionality Act (Nica Act), S. 2265

Daniel Ortega, INSS, Seguro Social

LA PRENSA/AFP

Con respaldo de demócratas y republicanos, y de manera unánime, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos votó a favor de la aprobación de sanciones para el gobierno de Daniel Ortega, por violaciones a los derechos humanos, corrupción y socavamiento de la democracia. Así inició un proceso legislativo que pone otro cerco al orteguismo.

Es el primer paso del recorrido legislativo para convertirse en ley de un proyecto que combina sanciones contra el régimen nicaragüense.

Proyecto Menéndez y también Nica Act

El Comité de Relaciones Exteriores aprobó este miércoles la fusión de las iniciativas de sanciones: la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua 2018, S.3233 y la Nicaraguan Investment Conditionality Act (Nica Act), S. 2265.

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De esa forma, el legislativo estadounidense se suma a la condena y las sanciones que el ejecutivo estadounidense ha impuesto a cuatro miembros del círculo de Ortega, con la Ley Global Magnitsky, y la suspensión de visas a otros funcionarios del gobierno y sus familiares.

Los autores de las iniciativas legislativas, que se han convertido en un solo proyecto legislativo, son el senador demócrata Robert (Bob) Menéndez, el miembro de más alto rango en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y la presidenta emérita del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso, la republicana Ileana Ros-Lehtinen.

“EE. UU. no se quedará de brazos cruzados»

“El mundo ha visto con horror como la Policía y los paramilitares nicaragüenses han usado sus armas en contra del pueblo nicaragüense. El voto (en el Comité) demuestra que los Estados Unidos no se quedarán de brazos cruzados mientras el régimen de Ortega agrede a sus ciudadanos, matando a más de 300 manifestantes pacíficos”, dijo el senador.

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El legislador precisó que la propuesta bipartidista tiene como objetivo responsabilizar a los Ortega y sus cómplices por los crímenes cometidos, y ofrece el apoyo necesario para una solución negociada a la crisis que vive Nicaragua.
“El tiempo es esencial para los nicaragüenses y trabajaré con mis colegas para que este proyecto de ley de sentido común sea aprobado rápidamente por el pleno del Senado”, aseveró.

La congresista Ileana Ros-Lehtinen se mostró satisfecha por la aprobación de la Nica Act y la unión de su propuesta con la del senador Menéndez. Destacó la importancia de seguir exhortando a la administración en la Casa Blanca a continuar extendiendo las sanciones contra individuos en Nicaragua, “incluyendo a los Ortega Murillo, bajo la Ley Global Magnitsky”, apuntó.

La propuesta de Rubio

El senador Marco Rubio ofreció una enmienda a la propuesta de sanciones para el régimen de Ortega que solicita la elaboración de un reporte sobre los regímenes que estén proveyendo armamento y tecnología a Ortega para ser utilizados contra los manifestantes.

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En ese sentido, Ros-Lehtinen dijo: “Debemos mantenernos vigilantes ante las acciones de regímenes en Rusia, Cuba, Venezuela, China e Irán que estén ayudando a Ortega a través de equipos de armamento, monitoreo y tecnología para reprimir al pueblo”.

El proyecto de ley propone la designación de sanciones a individuos por medio de bloqueo de activos, prohibición de transacciones bajo la jurisdicción de Estados Unidos, propiedades o intereses en una propiedad, negación o revocación de visas, y penalidades económicas.

Las sanciones establecen restricciones a los préstamos que solicite la dictadura de Ortega a instituciones financieras internacionales, con la excepción del financiamiento a proyectos que promueven la democracia y ayudan a las necesidades básicas del pueblo nicaragüense.

Los sancionables según el proyecto

La iniciativa legislativa se enfoca en personas extranjeras, funcionarios y exfuncionarios del Gobierno de Nicaragua, y cualquier persona que actúe en representación de ese Gobierno, que sea responsable de ordenar, controlar o haber participado deliberadamente, de manera directa o indirecta, en las violaciones a los derechos humanos.

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Esa misma responsabilidad está dirigida para los cómplices de las barbaries “que han asistido conscientemente, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material y tecnológico dirigidos a reprimir y cometer abusos contra manifestantes que han participado en las protestas a partir del 18 de abril”, reza la propuesta de ley.

La medida también propone sanciones para funcionarios o exfuncionarios del Gobierno de Nicaragua, involucrados en la expropiación de bienes privados o públicos para beneficio personal o con fines políticos, actos de corrupción relacionados con tratados gubernamentales, sobornos, o la facilitación de transferencias. La propuesta de Menéndez y Ros-Lehtinen respalda una salida negociada a la crisis de Nicaragua que incluye el compromiso de celebrar elecciones anticipadas.

Las negociaciones deberán ser creíbles e involucraría al Gobierno de Nicaragua y los diferentes actores de la sociedad nicaragüense como representantes de la sociedad civil, el movimiento estudiantil, sector privado y la oposición política.

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La legislación contempla la realización de investigaciones independientes de la muerte de manifestantes, que hasta ahora suman entre 322 y 512 muertes por causa de la represión gubernamental, de acuerdo con los últimos informes de organismos de derechos humanos naciones e internacionales.

En esa línea, solicita al secretario de Estado, en coordinación con las agencias de inteligencia e investigación, el Departamento del Tesoro y el director nacional de Inteligencia, presentar un informe sobre la participación de altos funcionarios del Gobierno de Nicaragua, incluidos los miembros del Consejo, la Asamblea Nacional y el Sistema Judicial que estén involucrados en violaciones a los derechos humanos, corrupción, lavado de dinero, así como el otorgamiento de armas a las fuerzas de seguridad nicaragüenses.

Una exención anual levantaría la medida de imponer sanciones una vez que el Departamento de Estado certifique que el régimen está tomando medidas para celebrar elecciones democráticas, respeto a los derechos humanos, combatir la corrupción y fortalecer el estado de derecho.

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