Daniel Ortega quiere «matar» las protestas en su contra

"Serán responsables y responderán ante la justicia, las personas y organismos que convocan a estos desplazamientos ilegales desde los cuales se han promovido y se intenta promover, acciones delictivas, destructivas y criminales", dice parte del comunicado emitido por la Policía Orteguista

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Las marchas azul y blanco fueron formalmente declaradas ilegales por la policía orteguista de Nicaragua. LAPRENSA/O.NAVARRETE

La Policía Orteguista (PO) oficializó este viernes la criminalización de la protesta social, con lo que busca desmovilizar a la población para que desista de seguir en las calles para hacer sus demandas al régimen, al calificar de ilegales las marchas y amenazar con procesar a quienes las convoquen.

La advertencia la realizó la PO, a través de una nota de prensa, que según expertos consultados viola los artículos 53 y 54 de la Constitución que reconocen el derecho de reunión pacífica sin permiso.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aseguró, por medio de su cuenta de Twitter, que recibió «con preocupación nota de prensa de Policía Nacional de Nicaragua que califica de ilegal las manifestaciones y criminaliza su convocatoria».

La CIDH insistió en que esta decisión es contraria «a los estándares interamericanos e inhibe el ejercicio de derechos inherentes a una sociedad democrática».

Para la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, la situación es grave. El régimen convierte a la Policía en legisladora. “Ese es un golpe de Estado a la función legislativa, esto es una cosa completamente aberrante”, dijo.

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La defensora de derechos humanos reiteró que con esta disposición la dictadura violenta el derecho de manifestación.

“No puede de ninguna manera una institución policial prohibir el ejercicio de un derecho, criminalizar y tipificar como delito el ejercicio del derecho, de ninguna manera”, afirmó Núñez.

A criterio de la defensora, el dictador Daniel Ortega adopta esta medida porque ya no tiene más opciones legales para mantenerse en el poder.

La amenaza de la institución policial, cuyo jefe supremo es Ortega, ocurre un día antes que la población salga a protestar una vez más contra la dictadura, como lo ha hecho de manera continua en los últimos 165 días.

“La Policía Nacional reitera, que ante cualquier alteración y/o amenaza a la tranquilidad, el trabajo, la vida, y a los derechos de las personas, familias y comunidades, serán responsables y responderán ante la justicia, las personas y organismos que convocan a estos desplazamientos ilegales desde los cuales se han promovido y se intenta promover, acciones delictivas, destructivas y criminales”, dice el texto de la PO.

La saña del régimen

La Policía responsabiliza a los organismos y personas “que han convocado y convocan a estas concentraciones y movilizaciones públicas ilegales” y que sostienen no son “nada pacíficas, de cualquier amenaza, daño, o riesgo, a la vida, a la dignidad de la persona, o daño a bienes particulares o estatales”.

Reiteran que quienes convocan “son responsables y responderán ante la justicia, de las amenazas, acciones delictivas y agresiones que se presenten en el desarrollo de estas actividades”.

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Además de las amenazas a los manifestantes, puntualizadas por la Policía, el Gobierno organizó para este sábado una contramarcha, en la que participarán sus seguidores.

Sin embargo, los autoconvocados saldrán el mismo día con una movilización denominada “Nicaragua en Rebeldía. ¡No tenemos presidente!”. Dijeron que saldrían a las 2:00 p.m. de la rotonda Cristo Rey, en Managua, aunque no adelantaron la ruta que seguirán por razones de seguridad.

El orteguismo, en cambio, sigue con su respaldo al dictador y repite consignas como “Muerte al Somocismo. Paz, Justicia y Vida”. Los oficialistas decidieron ubicarse en las principales rotondas de Managua, entre ellas la de Cristo Rey, el mismo sitio de reunión de los autoconvocados.

“Es una amenaza gravísima (la violación del derecho a manifestarse) que va a provocar mayores consecuencias para él”, refirió Núñez, quien recordó que el derecho a manifestarse es constitucional y reconocido en normas internacionales de derechos humanos, y no puede a través de “un simple comunicado suspender ese derecho”. Además ” es un paso más de la represión y un paso más de la restricción de las libertades”, insistió el exviceministro de Gobernación, José Pallais.

Para el exdiputado Eliseo Núñez, se trata de una escalada del concepto represivo del Estado, porque se está declarando que la población no puede expresarse libremente.

En ese punto coincide la Articulación de Movimientos Sociales y organizaciones de la sociedad civil.
“La anunciada criminalización de las marchas muestra cuán desesperada y frustrada se encuentra la dictadura de los Ortega-Murillo”, dijo en un comunicado la Articulación.

“Se creen dueños”

El exdiputado opositor Eliseo Núñez recordó los artículos constitucionales que amparan el derecho a la protesta: 53 y 54 de la Constitución.

“Es un intento desesperado por callar a la población”, dijo. “Al dictador le molesta eso (la protesta), asumen que son dueños de Nicaragua y esto es lo más similar en que podemos ver parecido a un régimen feudal”, describió.

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Las marchas de los Azul y Blanco han estado asediadas por la PO y el pasado domingo, la marcha “Somos las voces de los presos políticos” fue mayormente reprimida junto a paramilitares, lo cual dejó como saldo un adolescente fallecido y al menos seis heridos.

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