Sanciones de EE.UU. para el dictador Daniel Ortega serán severas

El proyecto de ley involucra a las agencias de inteligencia para determinar el origen de la ayuda y el armamento que están utilizando los paramilitares en Nicaragua

Daniel Ortega ha dado varias versiones sobre las operaciones de los paramilitares en el país. TOMADA DE TWITTER

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La brutal represión contra manifestantes pacíficos y la intransigencia del dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, para buscar una salida pacífica a la crisis que vive el país, llevaron al Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos a la aprobación de duras sanciones en un solo proyecto: la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua 2018.

Ese proyecto de Ley es aún más fuerte que la Ley Global Magnitsky.

La diferencia es que esta nueva iniciativa contiene más elementos de sanciones, abarca mayor número de elegibles, está diseñada para castigar a los que proporcionan armas, y abre la puerta para que se dé un diálogo entre el régimen y la sociedad civil, siempre y cuando este mecanismo sea plural y honesto.

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El proyecto de ley de sanciones para Nicaragua tiene características particulares, algunas son similares a las que se han aplicado en el pasado a Venezuela, y también a la citada Ley Global Magnitsky que sirvió para castigar el 5 de julio pasado al círculo íntimo de Ortega.

Menos burocracia

El punto común es que sancionan a corruptos y violadores de derechos humanos.

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“Es una propuesta de ley muy fuerte (la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua) y eso lo ha propiciado las graves violaciones que ha cometido el régimen de Ortega contra el pueblo nicaragüense desde abril. Tiene algunos aspectos similares a la Ley Magnitsky. Una de las diferencias es la burocracia: la Magnitsky es difícil la designación porque hay que convencer a los departamentos del Tesoro, de Estado y el de Justicia, y la Ley de sanciones para Nicaragua (proyecto de Robert Menéndez) queda a responsabilidad del presidente (de Estados Unidos, Donald Trump)”, explicó un oficial del ejecutivo estadounidense.

Procedencia de las armas

El proyecto de ley involucra a las agencias de inteligencia para determinar el origen de la ayuda y el armamento que están utilizando los paramilitares.

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El senador Marco Rubio presentó una enmienda a la propuesta de sanciones para el régimen de Ortega, aprobada el miércoles en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, que solicita la elaboración de un reporte sobre los regímenes que estén proveyendo armamento y tecnología para ser utilizados contra los manifestantes.

Esos informes podrían ser clasificados, establece la propuesta.

Un experto consultado señaló que existe interés en conocer “de dónde provienen las armas” de alto calibre que poseen los grupos paramilitares afines al régimen para atacar a los manifestantes. Los paramilitares operan en conjunto con la Policía Orteguista.

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“El Gobierno de los Estados Unidos está muy preocupado porque es posible que los paramilitares están recibiendo ayuda de las Fuerzas Armadas de Nicaragua, o de exoficiales que están coordinando los ataques, secuestros y proporcionando asistencia a los paramilitares”, sostuvo el funcionario.

Sobre el mismo tema la congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen fue directa durante una declaración escrita, tras la aprobación del proyecto de ley en el Comité de Relaciones Exteriores, al exhortar al Gobierno de Estados Unidos a mantenerse vigilante ante las acciones de regímenes como Rusia, Cuba, Venezuela, China e Irán que podrían estar ayudando a Ortega con armamento, equipos de monitoreo y tecnología para reprimir al pueblo.

Esta inquietud de los legisladores podría explicar por qué la iniciativa de Menéndez incluya a extranjeros entre los sancionables.

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Las investigaciones de las autoridades estadounidenses incluirían también a países, organizaciones o individuos que transfieran o faciliten bienes y tecnologías para cometer graves violaciones a los derechos humanos.

Información falsa

“Hay preocupación porque el régimen de Ortega está atacando con información falsa y con fines propagandísticos a la Iglesia católica, la sociedad civil, campesinos y los estudiantes a través del internet y las redes sociales”, dijo el funcionario del Gobierno de Estados Unidos.

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El proyecto de ley también solicita al secretario de Estado de EE. UU. trabajar, en coordinación con las agencias de Inteligencia e Investigación, el Departamento del Tesoro y el director nacional de Inteligencia, en la elaboración de un informe sobre la participación de altos funcionarios del Gobierno de Nicaragua, incluidos los miembros del Consejo Supremo Electoral, la Asamblea Nacional y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en violaciones a los derechos humanos, corrupción, lavado de dinero, así como el otorgamiento de armas a las fuerzas de seguridad nicaragüenses.

Proceso legislativo

La reciente aprobación de un proyecto de ley en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado es apenas el primer paso, que podría acabar con una ley a finales de año, según expertos consultados. La segunda etapa, tras aprobarse en esta comisión, sería que pasara al plenario. Después regresaría a la Cámara Baja y, una vez aprobada, deberá ser firmada por el presidente de Estados Unidos Donald Trump. En la política estadounidense, existe consenso contra las violaciones de derechos humanos de Daniel Ortega, lo que hace acelera el proceso.

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