Tiranía orteguista reconoce censura a medios independientes

Vicecanciller reconoce que querían “detener las mentiras” en torno a las protestas que reprimieron con violencia

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Los periodistas y fotorreporteros también han protestado por la censura, las agresiones físicas y verbales y por la campaña de estigmatización vertida desde los medios oficialistas. LA PRENSA/ ARCHIVO/ O. NAVARRETE

El vicecanciller de la dictadura orteguista, Valdrack Jaentschke, reconoció que sí se censuró a cuatro canales de televisión independientes durante el inicio de la jornada de protestas en abril, medida que el funcionario defendió diciendo que debían poner “orden” y “detener las mentiras” como el oficialismo consideraba se informaba sobre la brutal represión de la Policía Orteguista con los estudiantes y ciudadanos en general.

A partir del 18 de abril, cuando iniciaron las protestas de estudiantes y de otros pobladores, por las fallidas reformas a la seguridad social de Daniel Ortega, la Policía Orteguista y la Juventud Sandinista (JS) reprimieron las manifestaciones que se daban principalmente en las universidades de Managua.

El 19 de abril Ortega, a través de Telcor, ordenó a las empresas de cable sacar del aire a los canales 12, 23, 51 —de la Iglesia católica— y 100% Noticias. A los tres primeros se les restableció la señal en la noche del 19 de abril, pero con 100% Noticias la censura duró seis días.

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Jaentschke dio sus puntos de vista en una entrevista con la Voz de América, en Estados Unidos, el pasado jueves. Ahí defendió la política de censura hacia los medios críticos a Ortega y Rosario Murillo durante la jornada de protestas “porque estaban informando mentiras, estaban diciendo que habían decenas de estudiantes muertos en la calle”.

“100% es un canal que se ha caracterizado de ser la punta de lanza en los medios televisados de promulgar la mentira como método. Ellos constantemente han estado diciendo cosas que no son ciertas. Telcor hizo un esfuerzo por detener esa espiral de mentiras, de poner un orden en función de esa manipulación de la verdad, de la realidad”, dijo el vicecanciller.

A través de los medios escritos, radios y canales independientes, así como en las redes sociales, se divulgaron los brutales ataques de la Policía Orteguista, parapolicías y la JS contra los manifestantes.

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En más de cinco meses de protesta, el saldo de muertos alcanza un número que oscila entre 322 y 512, miles de heridos, desaparecidos y más de cuatrocientos presos políticos, según organismos de derechos humanos.

Estigmatización

La censura como arma política contra los medios de comunicación críticos ha sido característica de la dictadura durante los once años y medio que han estado en el poder, pues a los periodistas de esos medios se les niega la información en las instituciones públicas y el acceso a todo acto y conferencia.

Desde abril pasado, la tiranía impulsa una campaña de asedio y estigmatización al personal de los periódicos, radios y canales de televisión independientes, al señalarles de ser parte del supuesto golpe de Estado contra Ortega.

El periodista Ángel Gahona fue asesinado de un disparo cuando daba cobertura a las protestas en el Caribe, crimen del que sus familiares culpan a un policía orteguista, pero el régimen culpó a dos jóvenes que los propios familiares de la víctima desvinculan del asesinato.

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Pese al hostigamiento, los medios independientes en Nicaragua se mantienen firmes denunciando las violaciones de derechos humanos y la violencia de la dictadura, lo cual le mereció el Gran Premio Libertad de Prensa 2018 de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Jaentschke no reconoció la violencia gubernamental hacia los medios de comunicación independientes, más bien persistió en la campaña de desprestigio al señalarles falsamente que estos han promovido movilizaciones de la gente a través de “la manipulación de la información” al “aumentar esa mentira” para “crear una situación de terror”.

Este 28 de septiembre cumplió once años de vigencia la Ley de Acceso a la Información Pública (Ley 621) en Nicaragua. Guillermo Medrano, coordinador de proyectos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, valoró que “el Estado nicaragüense en su conjunto está en deuda pendiente con los ciudadanos” pues la ley no se cumple. “En todas las instituciones a los ciudadanos se les niega la información a la que tienen derecho, por ley, a recibir”, afirmó.

Incumplen función

Guillermo Medrano, coordinador de proyectos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, explicó que durante 2016, como parte de una serie de capacitaciones, se hizo 143 solicitudes a instituciones públicas (incluye alcaldías y empresas estatales) haciendo uso de los sitios web de las mismas. De las 26 instituciones a las que se le preguntó, solo respondieron cinco: Mifan, Mific, Migob, Mitrab y la Asamblea Nacional.

Medrano dijo que en un análisis en el 2017 a 218 instituciones públicas detectaron que solo 32 tienen una Oficina de Acceso a la Información Pública, pero “la mayoría son disfuncionales”.

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