El Movimiento Costeño Autoconvocado no apoya la realización de elecciones regionales en la Costa Caribe convocada por el Consejo Supremo Electoral (CSE) para marzo del 2019, por considerar que no hay condiciones sociopolíticas en el país para desarrollar el proceso electoral.
Lo anterior fue expresado en Bluefields por Keren Matus, Jennifer Ellis y Dollene Miller, líderes del Movimiento Costeño Autoconvocado en una conferencia de prensa.
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Una de las razones que expresaron es que “el Gobierno de Nicaragua ha irrespetado la Constitución Política en su artículo 129, que aborda la independencia de los Poderes del Estado. Consejo Supremo Electoral no es independiente del Ejecutivo, particularmente, de las orientaciones del presidente y vicepresidente designados por este mismo poder porque en vez de ser independiente entre sí, y estar subordinados a los intereses supremos de la nación, la constitución están a merced de dos nicaragüenses que no han demostrado responsabilidad para gobernar el país”.
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El mismo comunicado señala que “el artículo 173, de la Constitución Política establece que el CSE debe brindar las medidas pertinentes para que los procesos electorales se desarrollen en condiciones de pena garantía”.
Numerales violentados
Según el movimiento costeño, estos numerales han sido violentados desde hace años en las elecciones municipales del 2008 y las presidenciales del 2011, y ahora quieren hacerlo de forma descarada en las elecciones regionales del 2019.
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Los autoconvocados expresaron que el artículo 181 de la Constitución Política aborda aspectos del Régimen de Autonomía para los Pueblos Indígenas y comunidades Étnicas de la Costa Caribe, los cuales deben de ser promovidos y respetados. Sin embargo, en medio de la crisis nacional que atraviesa el país, con más de 500 asesinados, cientos de personas detenidas de manera ilegal, se evidencia el irrespeto a la legislación nacional.
Por ello señalan que no apoyan las elecciones regionales sino hay cambios profundos y reales en todo el sistema estatal del país.
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“Inicia con la renuncia de todos los magistrados del Consejo Supremo Electoral, organización y realización de elecciones transparentes con observación electoral internacional, nacional y regional, y acceso real a la justicia para las y los presos políticos, asesinados y torturados así como heridos. No debe ni pueden hacerse elecciones regionales con un consejo electoral viciado y parcializado” concluyen.