Daniel Ortega apuesta por la violencia con el cierre de los espacios de protesta

La decisión de Daniel Ortega de cerrar todos los espacios de lucha cívica estaría encaminada a impulsar a la ciudadanía a que recurra a métodos violentos de protestas

orteguistas, Nicaragua

El régimen ordena sacar sus fuerzas de choques contra manifestantes que reclaman su salida del poder. Este lunes orteguistas asediaron a estudiantes que exigían desobediencia estudiantil ante reinicio de clases. LAPRENSA/R. FONSECA

La decisión de Daniel Ortega de cerrar todos los espacios de lucha cívica estaría encaminada a impulsar a la ciudadanía a que recurra a métodos violentos de protestas, donde el dictador tiene vasta experiencia y ventaja, advirtieron analistas y políticos opositores. Además de sepultar la Mesa de Diálogo, el régimen declaró ilegales las protestas cívicas y amenazó a empresarios para que estos no se sumen a paros nacionales.

Ortega ya ha dado muestras de hasta dónde es capaz de llegar para salvaguardar su poder: entre trescientas y quinientas personas asesinadas tras lanzarle sus fuerzas paramilitares y policías a la población desarmada.

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El analista político Carlos Tünnermann Bernheim, quien insiste en un diálogo nacional para buscar una salida pacífica a la crisis que vive el país, dijo este lunes que indudablemente Ortega cuenta con la ventaja de la fuerza policial, la cual responde los intereses del partido de gobierno Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y se coordina con las fuerzas paramilitares, lo que le ha servido al régimen para reprimir a los ciudadanos que se han sublevado. Mientras que en el campo de la confrontación, “la oposición ciudadana tiene todas las de perder”, porque, según Tünnermann, “la protesta es de carácter cívico y pacífico, y se oponen a la violencia”.

Momento en que la Policía Orteguista lanzó bombas a los manifestantes. LA PRENSA/ Manuel Esquivel

El viernes pasado, la Policía Orteguista (PO) advirtió en una nota de prensa que acusará formalmente a los organismos y a las personas que convoquen a “concentraciones ilegales”, lo que fue interpretado por los críticos como la criminalización de las protestas que demandan la salida de Ortega del poder desde el 18 de abril.

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Tünnermann insistió en que la Constitución Política “reconoce el derecho de concentración, manifestación y movilización pública de conformidad con la ley”. Pero el régimen pretende eliminar ese derecho constitucional con una simple nota de prensa policial.

No caer en la tentación de la violencia

En ese sentido, los analistas aseguran que los nicaragüenses no deben caer en la tentación de la violencia. Carlos Alberto Pérez, quien a inicios de este año participó en la creación de un nuevo partido denominado Propuesta Ciudadana, propone notificar a la Policía el recorrido de las marchas con anticipación, para demostrar que respetan los cauces pacíficos para protestar.

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“Las personas que organizan estas actividades tienen que realmente tratar de evitar la confrontación con las autoridades, pese a que estas autoridades están actuando contra la ley, pero nosotros no podemos hacer lo mismo, no debemos caer en esa tentación de la violencia”, dijo Pérez.

“Sabemos que no es un requisito ineludible (notificar), pero si existe una disposición de que para hacer una marcha hay que notificar, hay que hacerlo”, agregó Pérez.
Pérez aseveró que se tiene que evitar la exposición de la gente, como ocurrió con doña Coquito, la anciana que fue detenida como una criminal por la Policía el reciente domingo, porque intentó marchar.

Otro tipo de protesta

Luisa Molina, miembro de la sociedad civil, manifestó que ante la criminalización de la protesta civil, los ciudadanos deben de crear nuevas formas de protestar sin exponerse a la violencia del orteguismo, aunque también considera que no se debe abandonar definitivamente la movilización.

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Asimismo, opinó que los ciudadanos deben “desatar toda su creatividad”, para inventar nuevas formas de protesta, como lo fue la aparición de globos azul y blanco en las calles.

Molina agregó que se debe seguir demandando el diálogo nacional, porque hay que obligar a Ortega a buscar una salida pacífica a la crisis que vive el país desde el 18 de abril, cuando comenzó la represión policial y paramilitar contra las protestas civiles.

Obispos listos para dialogar

Aunque Ortega ya sepultó la Mesa de Diálogo, los obispos de la Conferencia Episcopal se reunieron este lunes en el Seminario de Nuestra Señora de Fátima, en Managua, para analizar la situación del país y aunque no ofrecieron conferencia de prensa, explicaron que siguen abiertos al diálogo nacional, del cual son mediadores y testigos.

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El cardenal Leopoldo Brenes, presidente del Episcopado, expresó brevemente que a la Iglesia católica le preocupa la violencia policial contra las marchas y las detenciones de ciudadanos que se movilizan pacíficamente.

Por su parte, el obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, se pronunció por el respeto a la manifestación pacífica siempre y cuando estas se hagan “dentro de los parámetros pacíficos”.

Había expectativas de que los obispos dieran a conocer una carta pastoral sobre la situación del país, sin embargo, tanto Brenes como Álvarez dijeron que aún no hay un documento para referirse a la crisis sociopolítica a la que entró el país desde abril pasado.

Dos tipos de ciudadanos

Carlos Tünnermann Bernheim explicó que con la recién anunciada política de criminalización de la protesta, Daniel Ortega profundizó su intención de crear ciudadanos de primera y segunda categoría.

Tünnermann explicó que los simpatizantes del Gobierno tienen el privilegio de marchar protegidos por la Policía, pero los ciudadanos que lo critican no los dejan manifestar y son detenidos por los oficiales.

El analista político recordó que el artículo 48 de la Constitución Política indica que “se establece la igualdad incondicional de todos los nicaragüenses en el goce de sus derechos políticos, en el ejercicio de los mismos y en el cumplimiento de sus deberes y responsabilidades”.

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