El lunes de esta semana LA PRENSA publicó un trabajo periodístico de Martha Vásquez Larios, titulado Los siete jueces que el orteguismo usa para reprimir a los manifestantes en Nicaragua.
El reportaje revela que todos los casos de acusaciones criminales de la Policía y la Fiscalía contra ciudadanos que han participado en tranques y manifestaciones pacíficas contra la dictadura, son enviados invariablemente a siete jueces reconocidos por su militancia partidista en el FSLN y su obediencia política a Ortega.
Es una prueba de que en Nicaragua no se está haciendo justicia, sino imponiendo castigo político mediante el uso de las instituciones para criminalizar a los manifestantes, como lo denunció en julio pasado Paulo Abrão, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
No puede haber justicia donde los jueces actúan como verdugos al servicio de una dictadura que comete incluso crímenes de lesa humanidad para mantenerse en el poder.
La virtud esencial de la justicia es su independencia en relación con el poder político y demás poderes institucionales y fácticos, así como la integridad de las personas encargadas de impartirla o administrarla.
En la sociedad actual y el Estado democrático moderno, los poderes estatales deben funcionar de manera independiente. Así tiene que ser porque el poder judicial solo puede garantizar la justicia y el derecho de las personas a defenderse, si la función de juzgar es autónoma, desvinculada del poder político.
Pero en Nicaragua ocurre lo contrario. Ortega ha impuesto una dictadura de corte totalitario, que significa concentrar en sus manos todos los poderes del Estado y poner la administración de justicia al servicio de sus intereses, ante todo los políticos.
La degradación de la justicia es ahora peor que cuando la dictadura somocista y la primera dictadura sandinista. En el somocismo era imposible obtener un fallo favorable cuando estaba de por medio el interés gubernamental, según escribió el doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal. Pero había jueces honorables, como Noel Estrada y Guillermo Vargas Sandino, que en juicios políticos de mucho interés para el somocismo —el primero, el caso de los 27 ciudadanos que emitieron la proclama No hay por quien votar, en 1974; y el segundo, en la acusación criminal contra el doctor Chamorro porque LA PRENSA denunció la violación sexual de la campesina Amada Pineda por parte de guardias nacionales—, fallaron conforme a los principios de la justicia.
También durante la primera dictadura sandinista hubo jueces y magistrados ejemplares, que prefirieron renunciar a sus cargos antes que dictar sentencias amañadas por presiones de los comandantes de la revolución.
Tal vez ahora también haya jueces honorables, pero callan por temor. Penosamente, los que predominan en el poder judicial son magistrados corruptos que retuercen la Constitución para satisfacer al dictador; y jueces verdugos como los del reportaje de Martha Vásquez Larios.