Las denuncias del asedio, hostigamiento, amenazas de muerte y persecución que sufre el periodismo nacional señaladas por un grupo de periodistas, directores de radios comunitarias y defensores de derechos humanos, le llevó al comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Joel Hernández, a externar su preocupación porque el país pueda estar entrando a una cuarta etapa de la represión del régimen y esta vez sea contra las mujeres y hombres de prensa.
El comisionado Hernández hizo esta advertencia durante una de las dos audiencias en el 169 período de sesiones de la CIDH, en Boulder, Colorado, sobre la crisis de derechos humanos que enfrenta Nicaragua en lo que han sido más de cinco meses de represión a las protestas.
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Tras referirse a las tres etapas de la represión de la protesta social, Hernández dijo: “Con lo que ustedes nos informan, veo además un elemento adicional preocupante, pareciera ser que la próxima etapa tristemente va dirigida a los comunicadores y eso me preocupa mucho, porque hemos podido observar y nos hemos beneficiado como Comisión, es de que existe una prensa independiente que ha venido informando a los nicaragüenses y a la comunidad internacional sobre lo que está sucediendo y me preocupa mucho que estemos llegando a una cuarta etapa de la represión”.
El comisionado Hernández señaló que ha observado que las recomendaciones efectuadas, tanto por la CIDH como por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas “constituyen una hoja de ruta para poder avanzar en la solución a la crisis nicaragüense y a la reconciliación nacional, estoy convencido que si las autoridades nicaragüenses toman esta agenda de derechos humanos podemos empezar un ambiente de distensión, mientras no resolvamos esta problemática de derechos humanos, pareciera que estamos en una bola de nieve donde simplemente los problemas se van acrecentando día a día”, dijo.
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Momentos antes, los representantes de los periodistas habían presentado el panorama de intimidación en el que labora el periodismo independiente en el país.
Por ejemplo, Patricia Orozco, directora de Onda Local, señaló que “los medios de comunicación independiente no escapamos a la política de terror del Gobierno. Menos aún, las radioemisoras locales quienes enfrentan el asedio frontal de fuerzas policiales y paramilitares por informar lo que sucede”.
“La agresividad” se manifiesta cuando secretarios políticos municipales del partido de gobierno y autoridades locales dicen abiertamente que las emisoras locales son enemigas del régimen, “les califican de golpistas, y han incitado a sus afines a hacer justicia por sus propias manos”, denunció Orozco.
Otro de los expositores fue el director de Radio Darío, de León, Aníbal Toruño, quien no solo denunció la situación personal que atraviesa tanto él como su familia y personal de la emisora pese a contar con medidas cautelares de protección “la Radio continúan siendo amenazada y atacada. Nos sentimos en peligro. Ejercer nuestra profesión en mi país es tratado como un crimen por el régimen”.
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Toruño hizo un balance de lo que ha significado las coberturas de las protestas de los manifestantes Azul y Blanco en el país en su mayoría por parte de las fuerzas del régimen y mencionó, un periodista asesinado, otro muerto de forma imprudente, un herido de bala, 38 periodistas, directores de medios y personal de prensa han sido víctimas de robo de equipos de trabajo de amenazas de muerte, retenciones o secuestros a equipos que cubren las protestas, cinco canales han sido censurados y el reciente secuestro y expulsión de un periodista extranjero.
También denunció Toruño que “a última hora hemos conocido que varios periodistas del Diario LA PRENSA están siendo intimidados por parte de la Policía y paramilitares para obligarlos a renunciar lo cual evidencia la gravedad de la situación que enfrentan los periodistas en Nicaragua”.
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De esta manera Toruño hizo referencia a los casos de los periodistas Eddy López, de León, Roberto Mora, de Estelí, y William Aragón, de Madriz, hostigados, asediados, amenazados e intimidados por allegados al régimen y por la misma Policía Orteguista.
Orozco había expuesto el caso particular de los periodistas de Onda Local, que siguen recibiendo amenazas vía digital y especialmente el de Julio López, agredido en la marcha del 18 de abril “de forma brutal” por grupos afines al régimen y en presencia de la Policía Orteguista, quien fue diagnosticado por dos neurólogos con trauma cráneo encefálico y como secuela le quedó amnesia del episodio.
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“Se necesita de un ambiente de seguridad libre de amenazas para ejercer la profesión, la CIDH debe establecer un mecanismo de protección eficaz para el periodismo independiente de Nicaragua”, demandó Orozco como peticionaria.
Mientras el director de Radio La Costeñísima, de Bluefields, en el Caribe Sur, Sergio León, denunció amenazas de muerte en contra suya, sus dos hijos mayores y personal de la emisora, según dijo ha identificado que quienes están detrás es un grupo de militares en retiro del sector.
“Señores, en Bluefields, Nicaragua hacer periodismo se vuelve peligroso, asesinaron a uno de los nuestros Ángel Eduardo Gahona López, el 21 de abril y el asesino sigue gozando de libertad porque los dos jóvenes afrodescendientes detenidos procesados y condenados no son culpables”, denunció León.
Por su parte, Marcos Carmona, secretario de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), se refirió a la criminalización que el régimen ha hecho de la labor de los defensores de derechos humanos, mencionó que cuatro de sus promotores fueron declarados culpables y sentenciados a 10 años de cárcel, en un juicio en el que no hubo respeto ni garantías al debido proceso.
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A su vez, expuso Carmona. que las represalias continúan y mencionó el caso del abogado
José Antonio López, que fue deshabilitado por el Ministerio del Trabajo para ejercer el derecho de procurador laboral y el caso del abogado y exfiscal Julio Montenegro que lleva casos judiciales, que fue amenazado por la juez Adela Cardoza “que si continuaba cuestionando lo mandaría arrestar y a la comisión disciplinaria”, igualmente mencionó que otros promotores que tienen medidas cautelares han sido obligados a salir del país por amenazas de muerte recibidas lo que confirma la indefensión en que permanecen.
En general mencionó Carmona que en Nicaragua continúan las detenciones son realizadas con excesiva violencia y a plena luz del día. Señaló que entre agosto y septiembre la represión ha recrudecido, “tanto que ahora portar una bandera con los colores patrios, motiva agresiones de las turbas y secuestro, incluso ha habido detenidos por lanzar globos de Azul y Blanco”.
Los periodistas y defensores de derechos humanos solicitaron a la CIDH que se continúe pronunciando públicamente sobre la grave situación de vulnerabilidad de periodistas y defensores de derechos humanos en Nicaragua, que pueda urgir al Estado el cese de inmediato de la represión contra un pueblo desarmado y a que revoque el comunicado policial que pretende servir de fundamento para criminalizar la protesta social, que demande al Estado cesar, el acoso, intimidación , ataque físico y la censura a periodistas y medios de comunicación, demandar al Estado la libertad de todos los presos políticos.
Enviada Especial a sesión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos