La criminalización de la protesta social con la decisión de la Policía Orteguista de declarar ilegales las marchas y amenazar a quienes las convoquen, así como el abuso de la figura penal del terrorismo destacaron entre lo denunciado por un grupo de peticionarios en una de las dos audiencias sobre la crisis de Nicaragua, realizada en el 169 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Boulder, Colorado, Estados Unidos.
Para el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, “lo que está pasando en este momento puede apuntar a una realidad muy grave cuando se empiezan a normatizar y a normalizar ese conjunto de excepciones a las reglas del estado de derecho”.
Y las excepciones están presentes, según Abrao, cuando se impide la preparación de las audiencias públicas o cuando se emiten decretos por la Policía Orteguista para restringir el derecho a la libre manifestación.
“Ese camino de empezar a constituir normas de excepción a las garantías constitucionales, a las libertades, nos parece apuntar una transferencia, un régimen de prohibiciones del país, nos parece apuntar a una transformación de un estado de derechos a un estado de excepción”, expresó Abrao.
Y en este caso, refirió Abrao, “lo único que podría demostrar una tendencia contraria, (a) esa normalización de la excepción, sería el funcionamiento del equilibrio de poderes y no me parece que los jueces y fiscales están ejerciendo sus funciones de hacer el control de la Policía, de no permitir esos abusos en las detenciones, o en los procesamientos de las acciones judiciales”.
Destacó Abrao que “cuando hay abusos, lo primero que preguntamos es ¿dónde están los jueces? para por ejemplo, decretar la inconstitucionalidad de ese decreto de las normas de la Policía Nacional que establece instrucciones al derecho a la manifestación”.
Por ello, consideró “debemos en este momento estar muy atentos, de que el conjunto de denuncias que han venido dando seguimiento en este país está intensificando y lleva a toda la comunidad internacional a mantener una atención muy firme a lo que está pasando en Nicaragua, para impedir que los abusos de poder puedan aún más ampliarse y porque las consecuencias ya están dadas, cuando se establece un estado de excepción dentro de un país se empieza a intensificar la salida de personas”.
Sobre este hecho, el comisionado Joel Hernández, quien como relator de personas privadas de libertad viajó a Nicaragua recientemente, dijo que le llamó la atención la implementación de ese tipo penal y la criminalización de la protesta social.
“Que la ley por virtud de la cual se reforma el Código Penal tiene un objetivo totalmente distinto, está muy vinculado al combate al terrorismo, al financiamiento al terrorismo, financiamiento a la delincuencia organizado esto es algo que todos los estados tienen obligaciones internacionales de cooperar”, manifestó Hernández.
Tras resaltar la manera con que el tipo delictivo fue elaborado como el quebrantamiento del orden constitucional, “un tipo totalmente subjetivo al momento de llevar a cabo la acusación y el enjuiciamiento y más grave aún, la manera recurrente que es tipo delictivo está siendo utilizado”, expresó Hernández.
LA PRENSA/ CORTESÍA
“País más productor de terrorismo del mundo”
Abrao coincidió con el señalamiento del comisionado Hernández, en cuanto a que el delito de terrorismo aplicado en Nicaragua no tiene nada que ver con el contexto de la protesta en Nicaragua.
“Y así es efectivamente porque si Nicaragua es presentada al mundo en abril como el país (…) con los mejores índices de seguridad y estabilidad de seguridad ciudadana en la región (…) significa que en Nicaragua en cinco meses ha transformado el país más productor de terrorismo en el mundo, en cinco meses, entonces no hace ningún sentido ese tipo de uso de figuras penales de terrorismo para encuadrar el derecho de los manifestantes”, sostuvo el secretario ejecutivo de la CIDH.
Sara Henríquez, una de las peticionarias, resumió lo que está ocurriendo en el país con los que se atreven a manifestarse contra el régimen, con capturas arbitrarias e ilegales, procesos judiciales con acusaciones falsas y basados en testimonios de las víctimas ofrecidos bajo tortura, fabricación de testigos y falta de independencia del Poder Judicial.
Y mencionaron los peticionarios que una de las formas de tortura utilizadas por la Policía Orteguista y paramilitares fue la agresión sexual.
Violeta Delgado, de la Iniciativa de Defensoras señaló por su parte que familias enteras han sido encarceladas por protestar contra el régimen.
Durante la audiencia se presentaron fotografías de personas y líderes que han sido encarcelados, lo que lamentó la relatora de país y quien presidía las audiencias, comisionada Antonia Urrejola, porque entre algunos reconoció a personas que durante su visita les brindaron su testimonio.
El estado es responsable de la crisis
Al secretario ejecutivo de la CIDH le llamó la atención que exista violencia solo en las marchas de la población que sale a protestar. Pero que demuestran también “que el Estado falla en su obligación de asegurar el derecho legítimo a las protestas”.
“Si o si, la responsabilidad de esta violencia que pasa en Nicaragua es una responsabilidad estatal”, sostuvo Abrao.
Tras señalar Abrao: “He escuchado a algunas personas, no lo que en realidad es que los manifestantes se autoatacan. Totalmente contra la lógica de que se autoatacan para generar violencia, una confusión social. Si ese fuera el objetivo ¿por qué entonces no atacan las marchas de los gobiernistas? Es totalmente ilógica esa explicación es en contra del mínimo de irracionalidad”.
LAPRENSA/O.NAVARRETE
La criminalización de la protesta social fue señalado en ambas audiencias por los peticionarios, en una de las mismas, el director del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), Félix Maradiaga expresó que “en más de cinco meses Nicaragua se encuentra sumida en una crisis social política y de derechos humanos caracterizada por represión y respuesta violenta del Estado y agentes no estatales vinculadas al partido de gobierno a las protestas ciudadanas”.
Y señaló que desde abril el Estado mantiene un despliegue policial y grupos parapoliciales que actúan de manera violenta y desmedida para evitar el desarrollo de las marchas autoconvocadas usando armas de alto calibre y francotiradores. En la misma los denunciantes hicieron ver que la represión sigue cobrando vida y heridos de manifestantes.
“El Estado usa como estrategia el uso de la violencia y la generación de terror así como la amenaza de criminalización y uso arbitrario de detención”, que según Maradiaga, por lo cual han sido detenidas unas 1,900 personas durante todo el período y mantiene a más de 400 privados de libertad y se registró un éxodo masivo, provocando una crisis humanitaria.
Una vez más la representación del régimen estuvo ausente en las dos audiencias sobre la situación de derechos humanos en el país, durante el 169 período de sesiones.
La comisionada Urrejola, indicó que el Estado dirigió una nota diplomática en la que alega que dichas audiencias son improcedentes, dado que ese organismo cuenta con la presencia del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni).
Urrejola insistió en la importancia para la CIDH que el régimen les autorice la visita a los centros de detención en el país, solicitud que el régimen sigue sin responder, por lo que recordó la importancia de la colaboración del Estado nicaragüense, dado la presencia que ese organismo tiene en el país.
La relatora para Nicaragua también anunció el compromiso de seguir monitoreando la situación en Nicaragua y que seguirán “haciendo uso de todas las medidas que tenemos de acuerdo a nuestro mandato para proteger los derechos humanos de las personas en Nicaragua”.