Universitarios nicaragüenses seguirán protestando contra el régimen

Los estudiantes universitarios rechazan el comunicado de la Policía, que criminaliza las protestas cívicas.

La Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), que aglutina a estudiantes que se oponen a la dictadura de Daniel Ortega, advirtieron este miércoles que seguirán protestando contra las autoridades, a pesar de que la Policía Orteguista (PO) llame “ilegal” cualquier manifestación de oposición.

“Seguimos decididos como pueblo a continuar manifestando nuestro repudio y desconocimiento al régimen Ortega Murillo, a través de la movilización pacífica”, informó la AUN, en un comunicado.

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Al igual que los sectores intelectuales de la población nicaragüense, la AUN considera que la Policía se extralimitó el viernes pasado al considerar “ilegal” cualquier protesta contra el régimen, ya que la Constitución de Nicaragua garantiza el derecho a manifestarse, incluso sin permiso de las autoridades.

La AUN resaltó que “esta insurrección cívica no tiene ninguna comandancia ni dirección nacional”, ante el anuncio emitido por la Policía el viernes pasado, de arrestar a quienes llamaran a protestar contra el Gobierno, pues los manifestantes son “autoconvocados”, según los estudiantes.

El anuncio de la AUN llegó luego de que el martes el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrao, avisó que el régimen de Nicaragua parece estar «estableciendo un régimen de prohibiciones en el país, (que) parece apuntar a una transformación de un Estado de derecho a un estado de excepción”.

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Los estudiantes han sido afectados, no sólo por el asesinato de decenas de ellos en las manifestaciones, sino también con el retiro definitivo de la matrícula en las universidades estatales a quienes participan en las protestas y la destitución de académicos que los apoyan, según los integrantes de la AUN.

Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como la oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al régimen de Ortega por «más de 300 muertos», ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros, violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.

Organismos humanitarios locales han calculado hasta en 512 el número de muertos, con más de 300 «presos políticos», mientras el Gobierno reconoce 199 víctimas y 200 «golpistas» detenidos. Ortega ha negado ser el responsable y mantiene que es un intento de «golpe de Estado».

Las protestas contra Ortega y la vicepresidenta designada por el poder electoral, Rosario Murillo, se iniciaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social, y se convirtieron en una exigencia de renuncia.

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