A 171 días del inicio de la crisis sociopolítica en Nicaragua, el panorama sigue siendo incierto y todas las proyecciones apuntan que la economía al cerrar el año caerá y las perspectivas a futuro no son alentadoras. La más reciente proyección la hizo la agencia calificadora de riesgo crediticio Fitch Ratings, prevé que este año habrá una contracción del 2 por ciento del Producto Interno Bruto.
Hasta junio, mes y medio después de iniciada la crisis, la calificadora había previsto que la economía iba a crecer un 1.7 por ciento, pero esta proyección cambió debido a la prolongación de la inestabilidad política, el aumento de la violencia, detenciones, migración y la desaceleración en la mayoría de los sectores claves de la economía.
“Una combinación del aumento de las presiones de la liquidez externa y el debilitamiento de la económico ligado a las tensiones civiles actuales seguirán, lo que eleva los riesgos para la estabilidad macroeconómica y financiera de Nicaragua”, advierte Fitch en su reporte.
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Pero además la calificadora considera que la presión diplomática internacional sobre la dictadura de Daniel Ortega también podría afectar directamente la capacidad de Nicaragua para acceder a financiamiento externo, sobre todo la posible aprobación de la Nica Act, que se encuentra contenida en la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua.
“En particular, la legislación pendiente de sanciones en el Congresos de Estados Unidos podría ser de mucho mayor alcance que las facturas anteriores con el objetivo de limitar la financiación multilateral”, advirtió Fitch.
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El 26 de septiembre el Comité de Relaciones Exteriores aprobó la fusión de las iniciativas de sanciones: la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua 2018, y la Nica Act, cuyo proyecto está pendiente sea votado por el plenario del Senado para que luego pase al Senado y finalmente sea firmada por el presidente Donald Trump.
Inversión extranjera directa afectada
De concretarse dicha aprobación, la calificadora expresa la que la Inversión Extranjera Directa (IED) se verá afectada en el periodo 2018-2020. El problema, según la agencia de riesgo, es que dicha ley que busca sancionar a funcionarios del régimen de Ortega por corrupción y violación de los derechos humanos, agrega más “incertidumbres políticas que pesan sobre la inversión extranjera directa y probablemente será un elemento disuasorio adicional para los inversores de Estados Unidos”.
Igualmente advierte que dicha ley impactará la aprobación de préstamos para Nicarauga en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde se tiene pendiente la aprobación de la estrategia país 2018-2022, mediante la cual el país consigue financiamiento para proyectos de inversión en infraestructura y áreas sociales.
“El proyecto de ley también ordena al Tesoro de Estados Unidos a votar en contra de los préstamos internacionales. En particular, el mayor prestamista de Nicaragua es el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y el proyecto de ley podría dificultar la aprobación de un nuevo programa 2018-2022, que contempla los préstamos a Nicaragua. Esto si quórum de otros países miembros adoptan una posición similar” a la de Estados Unidos, explica.
La agencia recuerda que hasta la fecha varios países han detenido préstamos bilaterales y desembolsos desde junio a Nicaragua, por el abuso de los derechos humanos.
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Fitch analiza que los efectos producto de la violencia de los paramilitares contra los civiles, se han extendiendo por toda la economía y se ha intensificado la polarización política.
“La violencia lleva por lo menos 325 muertes, se ha reducido la actividad empresarial y el empleo formal, lo que genera un incertidumbre macro. Miles de personas han salido del país para reclamar la condición de refugiado en la vecina Costa Rica”, reseña.
Régimen cambiario preocupa
La agencia en su evaluación señala que la salida masiva de depósitos bancarios, que hasta el 6 de septiembre (los últimos datos publicados por el BCN), y la caída de las reservas internacionales pueden propiciar un riesgo para el régimen cambiario en Nicaragua.
“A gran escala la salida de depósitos en dólares prolongadas del sistema financiero y el agotamiento de las reservas internacionales podrían presentar riesgo para el régimen de divisas”, advirtió Fitch.
Economía depende del diálogo
Economistas y empresarios han expresado que el problema del país es político y no reaccionará a medidas económicas.
Los expertos consideran que para que la situación al menos se detenga en lo que resta del año, el Gobierno debe tomar acciones que tiendan a traer confianza, estabilidad, predictibilidad y proporcione garantías a los agentes económicos, de los contrario la economía ira al precipicio.
Sin embargo, lejos de establecer confianza y estabilidad, el gobierno de Daniel Ortega ha continuado con la represión y la criminalización de las protestas ciudadanas, lo que a su vez, en lugar de sofocar la crisis, la ha prolongado.
Lo que ha creado más descontento social y pese a la represión y criminalización los nicaragüenses no han parado de protestar siempre que se convoca a marchas.
Proyección de Funides
Recientemente la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) señaló que como resultado de la crisis sociopolítica que enfrenta el país desde hace cinco meses, la economía acumuló a julio 946.2 millones de dólares en pérdidas y 347 mil personas han sido despedidas o suspendidas de sus empleos.
Funides indica que esto provocará que la actividad económica cierre el 2018 con una caída del 2.1 por ciento, pero si la violencia se intensifica durante el resto del año la economía caerá un 4 por ciento.