La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), inmediatamente después de que dio a conocer su conformación y sus fines convocó a una gran marcha cívica bajo el lema, Unidos por la libertad.
La marcha debe realizarse en Managua este domingo 7 de octubre, con recorrido entre las rotondas Jean Paul Genie y Metrocentro. Será el primer gran desafío de la flamante alianza opositora, pero no por capacidad de convocatoria —pues muy bien se conoce que centenares de miles de nicaragüenses están dispuestos a manifestarse públicamente contra la dictadura—, sino por la amenaza de la Policía.
El viernes 29 de septiembre, la Policía orteguista oficializó mediante un comunicado la criminalización de la protesta pública, calificando de ilegales las marchas y amenazando con encarcelar y procesar a quienes las organicen. “Serán responsables y responderán ante la justicia las personas y organismos que convocan a estos desplazamientos ilegales”, dice el comunicado policial con tono totalitario.
Los defensores de los derechos humanos y abogados constitucionalistas han rechazado la decisión policial, porque aseguran que atenta contra el derecho de manifestación pacífica garantizado por la Constitución. Al respecto la doctora Vilma Núñez, presidenta del Cenidh, dijo a los periodistas independientes que “no puede de ninguna manera una institución policial prohibir el ejercicio de un derecho, criminalizar y tipificar como delito el ejercicio del derecho, de ninguna manera”.
Más todavía, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reaccionó en su cuenta oficial de Twitter, señalando que recibió con preocupación el anuncio policial “que califica de ilegales las manifestaciones y criminaliza su convocatoria”. Tal decisión, “es contraria a los estándares interamericanos e inhibe el ejercicio de derechos inherentes a una sociedad democrática”, aseguró el organismo de la OEA que vela por los derechos humanos en las Américas.
Pero es que el régimen de Nicaragua no es democrático. Desde que Ortega recuperó el poder en 2007 simuló que había democracia en el país, ante la indiferencia cómplice de la comunidad internacional. Durante todos estos años reprimió con el uso de la fuerza bruta las protestas pacíficas, políticas y sociales, hasta que la gente estalló y respondió a la represión despiadada del 18 de abril con la rebelión pacífica que continúa hasta ahora.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos —integrada al orden legal de Nicaragua de conformidad con el artículo 46 de la Constitución— establece que es “esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”.
En estas estamos. La tiranía y la opresión de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo han motivado la justa rebelión cívica y pacífica de los nicaragüenses que demandan la recuperación de la democracia.