La recientemente creada alianza opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), proclamó como el primero de sus compromisos la justicia con los centenares de personas asesinadas por la dictadura orteguista.
“La Unidad Nacional Azul y Blanco —dice en su manifiesto fundacional— se compromete a promover y defender:
1. Que no haya impunidad ante los crímenes cometidos por el régimen Ortega-Murillo y que se aplique la justicia transicional, basado en la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición”.
Sin embargo, la UNAB también demanda “un diálogo nacional para acordar los términos y condiciones de la transición democrática”. Para lo cual respalda a la Conferencia Episcopal de Nicaragua como mediadora y testigo “y a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia como representante de la sociedad nicaragüense en dicha negociación”.
Siendo realistas, hacer justicia por los centenares de muertos, torturados y encarcelados, solo sería posible si la dictadura de Ortega y Murillo fuese derrocada, o colapsara como consecuencia de sus propias contradicciones y debilidades y dejara un vacío de poder que llenaría la UNAB.
En un diálogo nacional “para acordar los términos y condiciones de la transición democrática”, sería prácticamente imposible lograr la justicia que con toda razón moral demanda la UNAB. Lo que se podría conseguir en una negociación política con la dictadura, respecto a la justicia, sería una amnistía general que cubra los crímenes del régimen y los supuestos delitos que atribuye a los activistas rebeldes, por los cuales está juzgando y condenando a centenares de presos políticos en juicios de tipo estalinista.
La experiencia histórica demuestra que por muy acorralado que esté, ningún dictador cede el poder mientras no se le otorguen garantías de que no será juzgado y condenado por los crímenes que cometió, si acaso los reconoce. La amnistía (que significa perdón y olvido de todo) es la única solución cuando un régimen como el de Daniel Ortega no es derrocado, sino que se hace con él un acuerdo político de transición.
En Nicaragua, en sus casi 200 años de vida independiente se han otorgado 52 amnistías, según anota el expresidente Enrique Bolaños en su libro de historia política nacional, La lucha por el poder. El poder o la guerra. Ese dato histórico demuestra que la amnistía es una solución temporal y que solo podrá haber justicia efectiva cuando cambie la cultura política y se construyan instituciones democráticas arraigadas, sólidas y duraderas.
La justicia transicional a la que aspira la UNAB comprende procesos penales por lo menos para los principales responsables de los crímenes más graves. Pero eso solo sería posible después que desaparezca la dictadura y en el caso de que se le pueda erradicar por completo. No como en 1990, que la dictadura sandinista quedó casi intacta y por eso no pudo haber justicia transicional.