El hijo de la pareja dictatorial de Nicaragua, Laureano Ortega Murillo, se incomodó en días recientes por la reciente conformación de la Unidad Azul y Blanco, que demanda la salida de sus padres del poder.
En el contexto de la emergencia por las lluvias, en que el secretario de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno, salió a tomarse fotos con algunos de los damnificados, Ortega Murillo dijo que era un “héroe del amor”, mientras atacaba ferozmente a los opositores.
“Pero, y ellos qué harán por el pueblo?? ¡¡Nada!! La supuesta Unidad declarando su egoísmo y desfachatez en su máxima expresión. Gracias a Dios tenemos la bandera roja y negra defendiendo a nuestra azul y blanco. Nuestro gobierno sandinista si responde a su pueblo. ¡Que viva el FSLN!”, escribió en su cuenta de Twitter.
Moreno había desaparecido de las actividades públicas desde antes que Estados Unidos lo sancionara el pasado 5 de julio al señalar su vínculo con la Juventud Sandinista (JS), uno de los brazos represores del régimen.
Los ven “preocupados”
El sociólogo Cirilo Otero dijo que la reacción del gobierno orteguista contra la Unidad Nacional es prueba de que les preocupa este esfuerzo.
“Cuando hay unidad de la sociedad nicaragüense frente a una crisis que atañe a todos, se producen cambios dramáticos, se produce un cambio y eso posiblemente tenga nerviosa a la dictadura”, dijo Otero.
Por su parte, Violeta Granera, coordinadora del opositor Frente Amplio por la Democracia (FAD), opinó que el orteguismo no va a cesar de atacar la unidad ciudadana, porque están claros de que esta es la recta final del fortalecimiento del pueblo contra la dictadura.
“Ellos (el orteguismo) no solo nos van a atacar, sino que van a tratar de dividirnos. Están queriendo comparar de manera ridícula la responsabilidad que tiene el Estado frente a las políticas públicas y a la atención a la emergencia, pero además mintiendo, porque ellos saben que todas las organizaciones y los sectores sociales siempre hemos estado haciendo acciones de solidaridad con las personas más vulnerables de este país”, expresó Granera.
La estudiante universitaria y miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Valeska Valle, opinó que la Unidad Nacional Azul y Blanco tiene la misión de representar a la ciudadanía en sus demandas nacionales, ante un régimen que tiene la responsabilidad de atender a los ciudadanos frente a la emergencia surgida durante las lluvias.
“El pueblo nicaragüense debe entender que aunque la alianza es la que representa de manera internacional y nacional al pueblo nicaragüense en un diálogo nacional, en emergencias nacionales es obligación del Gobierno velar por la seguridad del país”, manifestó Valle.
Buscan “unir esfuerzos”
Valle recordó que la Unidad Nacional se creó con el objetivo de unir esfuerzos de los diferentes grupos ciudadanos que demandan el cese de la represión paramilitar, justicia por las muertes por la represión desde abril, liberación de los presos políticos, la salida de Ortega del poder, elecciones libres y justas, entre otras demandas políticas y sociales.
Valle explicó que la Unidad Nacional está abierta a todos los sectores políticos y sociales que demuestren que están del lado del pueblo, “porque al final el pueblo es el que define su voluntad en las calles, no los partidos en la Asamblea Nacional”.
Según organismos de derechos humanos, desde que empezó la represión en abril, han muerto entre 322 y 512 personas. No obstante, el Gobierno ha negado la masacre y se ha descrito como víctima de un golpe de Estado.
Sin embargo, estos organismos de derechos humanos nacionales e internacionales han denunciado el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes y las distintas fases de represión contra el pueblo.
Insultos de Murillo
El país vive una crisis desde el pasado 18 de abril, cuando comenzó la represión policial y paramilitar contra las protestas civiles.
Desde entonces, la dictadora Rosario Murillo ha descalificado de diversas maneras la rebelión cívica y ha llamado a los manifestantes “pelagatos”, “minúsculos”, “puchos”, “lenguas afiladas”, entre otros.
Los organismos de derechos humanos han denunciado la represión judicial contra los ciudadanos que participaron en las protestas que cuestionan al régimen de los Ortega-Murillo.