Daniel Ortega oficializa estado policial por medio de la UAF



Daniel Ortega oficializa estado policial por medio de la UAF

El INSS, Aduanas, Ingresos, Migración y Extranjería, la Superintendencia de Bancos, el Consejo Supremo Electoral, la Policía Orteguista y el Poder Judicial quedaron sujetas a que la UAF controle la información que manejan de los ciudadanos

09/10/2018
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El constitucionalista José Pallais y el exprocurador Alberto Novoa coincidieron en que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha oficializado el espionaje financiero al autorizar, vía reglamento, que la Ley de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) acceda de forma directa a todos los datos personales, movimientos salariales de trabajadores y empleadores, e información de las empresas en ocho instituciones estatales.

“Están legislando vía reglamento (de la Ley de la UAF) aprovechando el vacío que el mismo Gobierno dejó en la Ley de la Unidad de Análisis Financiero porque no se especificó el método que usaría para pedir la información, ni se le puso límites, por el contrario ese órgano ahora actuará discrecionalmente y sin ningún control”, explicó Pallais.

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Ortega aprobó a través del decreto 14-2018 el reglamento a la Ley de la Unidad de Análisis Financiero (UAF, Ley 976), y con el decreto 15-2018 el de la Ley contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo, y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (Ley 977).

Ambos decretos se publicaron en La Gaceta, Diario Oficial del 3 de octubre.

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El INSS, Aduanas, Ingresos, Migración y Extranjería, la Superintendencia de Bancos, el Consejo Supremo Electoral, la Policía Orteguista y el Poder Judicial quedaron sujetas a que la UAF controle la información que manejan de los ciudadanos, sin que para ello tenga una autorización previa de un juez. La UAF no quedó obligada por ley ni en su reglamento de informar a las personas o empresas previamente que sus datos en las entidades mencionadas serán revisados cuando al órgano quiera, por ser sospechosa o investigada por el delito de lavado o financiamiento al terrorismo.

“El espionaje financiero quedó institucionalizado porque los derechos constitucionales, los derechos humanos se tiraron al cesto de la basura. La UAF pasó de ser un órgano preventivo del delito a ser uno de persecución y represivo para ser usado por Ortega para intimidar y actuar políticamente contra todo el que se le oponga”, afirmó Pallais.

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El jurista y político opositor valora que el régimen usando la excusa de cumplir los requerimientos internacionales del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) sobre la necesidad de mayores prevenciones sobre el narcotráfico, se “extralimitó y aniquiló los derechos fundamentales de confidencialidad de información de los nicaragüenses, que solo pueden levantarse cuando exista fundamentos reales de que hay un delito”, opinó el jurista.

Desde abril en Nicaragua existe una crisis sociopolítica debido a la represión gubernamental contra las protestas ciudadanas que exigen la renuncia de Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo; así como el adelanto de las elecciones.

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Ambas leyes las aprobaron los diputados orteguistas, por solicitud del dictador en junio pasado, siendo denunciadas por diversos sectores de la sociedad civil como armas del régimen para criminalizar las protestas ciudadanas.

El régimen criminalizó las protestas con la nueva Ley contra el Terrorismo, que ha usado para apresar ilegalmente a unos seiscientos presos políticos y procesar a 204, según organismos de derechos humanos.

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El exprocurador Novoa considera que los reglamentos de la Ley de la UAF y de la Ley del Terrorismo convierten a Nicaragua en un país donde el Estado considera “a todos los ciudadanos sospechosos de lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico”, convirtiendo a la UAF en “su arma política para actuar como quiera y cuando quiera”, porque no necesitará una autorización judicial para acceder a datos confidenciales en ocho instituciones.

Novoa critica que tanto la Ley de la UAF como su reglamento violentan el artículo 25 de la Constitución sobre el derecho a la seguridad de los datos de los nicaragüenses, quienes tienen derecho a saber para qué están investigando sus datos relacionados con sus salarios.

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“Todo esto está enmarcado dentro de una política pública de un Estado policíaco para ejercer el control de la persona en la esfera privada y pública, para tener un control feroz de quienes pueden representar un peligro para este gobierno. Estas acciones son propias de regímenes fascistas de querer controlar todos los ámbitos de la ciudadanía”, aseguró el exprocurador.

Varias organizaciones presentaron recursos de inconstitucionalidad en contra de la Ley del Terrorismo, los que hasta ahora no ha resuelto el poder judicial.

Cosep lo advirtió

José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), recordó que en octubre de 2012, cuando se aprobó una reforma a la anterior Ley de la UAF, ese gremio recurrió por inconstitucionalidad porque los artículos 4 y 9 dejaban a todos los ciudadanos sujetos a ser investigados por ese órgano y, sin razón alguna, obligados a entregar información personales y de las empresas.

Incluso el Cosep solicitó un veto parcial a esa ley. “Hoy (con la nueva ley y su reglamento es la misma situación, solo que magnificada”, dijo Aguerri.

AmCham se declara preocupada

María Nelly Rivas, presidenta de la Cámara de Comercio Americana (AmCham), señaló que este gremio ve con preocupación los alcances de esta reglamentación. “Es preocupante esta decisión. Es importante señalar que como sector privado desde el 2012, AmCham se pronunció en defensa del derecho constitucional a la privacidad de la información, señaló Rivas.

Rivas apuntó a que el artículo 26 de la Constitución Política de Nicaragua en su acápite tres señala que toda persona tiene derecho “a conocer toda información que sobre ella se haya registrado en las entidades de naturaleza privada y pública, así como el derecho de saber por qué y con qué finalidad se tiene esa información. ” Por tanto, este reglamento violenta derechos constitucionales de los y las ciudadanas porque instituciones públicas darían a conocer información sobre empresas y empresarios sin ningún proceso judicial de por medio”, refirió al respecto.

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