Mujer denuncia, en medio del juicio de su marido, que fue abusada sexualmente por paramilitares

Mujer denuncia, en medio del juicio de su marido, que fue abusada sexualmente por paramilitares

Esposa de procesado denuncia que fue abusada sexualmente por paramilitares

Jaime Enrique Navarrete Blandón acusado de asesinato en perjuicio de Ariel Ignacio Vivas. LA PRENSA / A. FLORES

Una estadounidense de 34 años, esposa del manifestante azul y blanco Jaime Navarrete Blandón, declarado culpable este martes 9 de octubre por asesinato en perjuicio del presunto paramilitar Ariel Ignacio Vivas, declaró en juicio que cuando los paramilitares y policías orteguistas llegaron a secuestrar y allanar la vivienda de su pareja, la abusaron sexualmente en un cuarto. Además, robaron joyas, computadoras y celulares.

Sin embargo ante la grave denuncia, la juez orteguista Rosario Peralta, mandó a la víctima a denunciar el caso ante la Policía Orteguista. De igual manera la Fiscalía calló.

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La mujer expresó llorando a la juez orteguista Rosario Peralta, titular del Juzgado Tercero Distrito Penal de Juicio de Managua, que los paramilitares entraron al cuarto principal, donde le metieron las manos en sus partes íntimas, mientras otro le puso el pene en su trasero. También le tocaron los senos sin que ella pudiera defenderse.

Mientras la mujer relataba el bochornoso suceso que corresponde al delito de abuso sexual, su esposo lloraba junto con ella, porque hasta ese momento ella no había referido nada al respecto por miedo y vergüenza, dijo Róger Alvarado, abogado de Navarrete.

Juez minimiza abuso

Sin embargo, la judicial con evidente menosprecio e indolencia humana hacia la víctima de abuso sexual, le refirió que “para eso está la Policía para denunciar si acaso era cierto”.

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“Están completamente deshumanizadas. La obligación de la Fiscalía en ese momento era pedir una investigación a la Policía porque está ante un delito grave perseguible de oficio, sino que solo ve a la mujer en llanto y lo deja pasar como si nada”, agregó el abogado.

Además, vieron la situación de la víctima que temblaba, lloraba y no fueron capaces de llamar siquiera a una psicóloga o médico para que le controlara los nervios. “Esa muchacha estaba en crisis y ellas bien gracias y encima la juez manifiesta que duda de su testimonio. Se pasan”, dijo Alvarado.

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No es la primera persona que denuncia ser víctima de abusos sexuales de los paramilitares y policías, ya que personas que fueron detenidas y posteriormente liberadas han denunciado ante organizaciones de derechos humanos que han sido víctimas de violaciones y abusos sexuales.

Testigos sin nombre se contradicen

A pesar que el juicio estuvo plagado de irregularidades y los testigos se contradijeron en la supuesta arma que presuntamente utilizó el procesado para disparar contra el paramilitar, la juez orteguista lo declaró culpable.

“El testigo enmascarado código uno dijo en juicio que reconoció a mi defendido porque tiene un tatuaje con el escudo de Nicaragua en uno de sus brazos y le pedí a mi representado que se descubriera los brazos y no tiene ese tatuaje”, dijo Alvarado.

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Luego, el testigo identificado como código dos, dijo que el acusado había disparado con un arma de francotirador con mira telescópica, mientras en la acusación hablan de una pistola larga y la investigadora dice que reflejó en su informe que lo que andaba era un arma hechiza. “Todos son contradictorios y encima no le fue ocupada ningún arma y no le hicieron la prueba de producto nitrado. Ni las testificales ni las periciales apoyan la tesis de la Fiscalía, porque mi representado no es culpable de ese asesinato”, dijo el abogado.

Paramilitar borracho

Los hechos se dieron presuntamente cuando el ahora fallecido participaba en la “Operación Limpieza” que realizó el Gobierno en el barrio Nueva Libia, el 12 de junio, con fuerzas paramilitares, con el rostro cubierto y que llegaron disparando contra la gente que estaba en las barricadas.

En esa semana fuerzas regulares y paramilitares se encargaron de sembrar el terror en los barrios orientales de Managua al quitar a punta de balazos las barricadas que pobladores habían colocado en las vías para protegerse.

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Sin embargo, la Fiscalía maquilló los hechos y los describe como: “… la víctima en compañía de unos veinte pobladores con el fin de permitir la libre circulación se dispuso a quitar adoquines utilizados como barricadas”.

Según la acusación, mientras se desmontaba la barricada, se presentó el acusado armado junto con cuatro personas desconocidas y disparó contra el ahora occiso, impactándolo en el tórax.

“Según análisis forenses, el chavalo fallecido tenía 2.2 grados de alcohol en sangre, eso es intoxicación, no sabía lo que hacía. Fue uno de los tantos reclutados por la Alcaldía de Managua, que pobladores denunciaban que se aprovechaban del estado de vulnerabilidad y de necesidad de los pobres chavalos en riesgo para contratarlos por guaro, comida y doscientos córdoba el día; los armaban para andar reprimiendo a la población bajo el amparo de la Policía”, dijo Alvarado.

Llevó alimentos

El procesado Jaime Navarrete colaboró con los universitarios atrincherados en la Upoli con víveres y desde entonces los vecinos orteguistas empezaron a atacarlo en redes sociales y lo amenazaron con enjuiciarlo.

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Ahora, la Fiscalía pidió la pena máxima de treinta años de cárcel por asesinato y un año por portación ilegal de arma que “nunca le incautaron ni fue ofrecida en juicio ni hubo prueba de presencia de pólvora en mi representado”, agregó su abogado Róger Alvarado.

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