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Los defensores de derechos humanos que recurrieron al exilio por la represión en Nicaragua

Los defensores de derechos humanos se han convertido en la única alternativa que le ha quedado a la población para denunciar la represión estatal

10/10/2018

De izquierda a derecha Félix Maradiaga, Álvaro Leiva, Mónica López Baltodano y Sara Henríquez

A casi seis meses del estallido social en Nicaragua, los defensores de derechos humanos son uno de los sectores más vulnerables de la sociedad al ser víctimas de la represión del régimen Ortega Murillo. A muchos de ellos les ha quedado como única opción el exilio para evitar la muerte o la cárcel tras la fabricación de algún delito.

Y es que ante la crisis que envuelve al país por las constantes violaciones a los derechos humanos, los defensores de derechos humanos se han convertido en la única alternativa que le ha quedado a la población para denunciar la represión de la cual es víctima.

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Con el recrudecimiento de la represión selectiva a lo largo de estos meses, los defensores también fueron objetivizados y uno a uno han optado por el exilio forzado.

Esto demuestra el riesgo que representa defender los derechos humanos en Nicaragua.

Félix Maradiaga, junto a Sara Henríquez y Violeta Delgado acudieron al 169 período de sesiones de la CIDH. LA PRENSA/E. ROMERO

Unos de los primeros en salir fueron los defensores de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), a la cabeza su secretario ejecutivo Álvaro Leiva Sánchez; les siguieron la defensora de la tierra, Francisca Ramírez; promotores de la CPDH, y la última en dar a conocer su caso públicamente fue la defensora ambientalista Mónica López Baltodano.

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Otros en cambio, como el director del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), Félix Maradiaga o Sara Henríquez, de Mujeral en León, simplemente han optado por permanecer en el exilio para evitar que el régimen los someta a procesos arbitrarios.

La persecución y represalias a los defensores fueron expuestos en una de las audiencias del 169 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), celebrada la semana pasada en Boulder, Colorado, donde lo expuso el secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona.

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Entre los hechos mencionó cuatro de sus promotores declarados culpables y tres de ellos sentenciados a diez años de cárcel, “en un juicio con total irrespeto a las garantías de un debido proceso”.

También mencionó el hecho que el procurador laboral José Antonio López haya sido deshabilitado por el Ministerio del Trabajo y las amenazas de arresto y remisión a la Comisión Disciplinaria, por parte de la juez Adela Cardoza en contra del abogado Julio Montenegro por ejercer su labor en una audiencia.

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También habló de otros promotores de esa organización, que dijo tienen medidas cautelares, pero que se han visto obligados a salir del país por las amenazas de muerte de fanáticos orteguistas.

“Lo que confirma la indefensión en que nos encontramos”, sostuvo Carmona.

Implicado en supuesta red criminal

A Maradiaga, el régimen lo ha vinculado con una supuesta red criminal. La semana pasada el Ministerio Público presentó un escrito de ampliación de prueba en el cual ofrece videos donde supuestamente Maradiaga se reúne en su oficina con un narcotraficante llamado Julio César Paz Varela, alias el Rey de la Droga Sintética y también con alias El Mexicano.

Ante la imposibilidad de retorno momentáneo, Maradiaga ha continuado en “un periplo internacional” para seguir denunciando la represión existente en el país, lo que califica como “patadas de ahogado” de la dictadura.

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“Yo los veo como patadas de ahogado, mecanismos de desesperación, lo veo como actos torpes, querer ligar mi vida académica, por ejemplo, ya en esta ampliación de la acusación, hicieron una en junio, ahora una reciente. Primero hablaron que yo había llevado armas a la Upoli, ahora están ligando mi carrera académica (…) están diciendo que a través de los cursos que yo daba estaba radicalizando a los jóvenes”, comentó Maradiaga.

Además dijo que como Ieepp no tienen nada que ocultar y prueba de ello es que de forma disciplinada durante 14 años consecutivos han presentado los informes financieros ante el Ministerio de Gobernación. Y “nunca hemos tenido una multa por mal manejo de fondos, hemos actuado con absoluta transparencia; la persecución contra el Ieepp es un mecanismo para presionarme a mí”, dijo Maradiaga.

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“Pero sí puedo decir es que cuando me persiguen me dan más motivación y más indignación para seguir gritando a viva voz lo que está pasando en Nicaragua y hacer un llamado a una alerta mundial de que en Nicaragua están persiguiendo a periodistas, estudiantes, mujeres, a los más vulnerables”, dijo el director del Ieepp, tras señalar que “el Gobierno pretende callarme y se ha equivocado porque en mi carácter ciudadano he dicho tanto como un autoconvocado más, como director de un centro de investigación mi lucha personal es una consagración, es una misión de vida, yo no voy a callarme hasta ver al último preso político liberado, hasta ver que las responsabilidades de todos los asesinatos sean esclarecidas”.

La dirigente de Mujeral, en León, Sara Henríquez, afirmó que todos los defensores de derechos humanos son criminalizados en Nicaragua.

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En su caso, indicó que en su ciudad, León, ha sido estigmatizada desde el primer día de la protesta, cuando “salió en un perfil falso que iban en mi contra porque yo estaba preparando protesta frente al INSS”.

Posteriormente continuó el asedio a través de amenazas “que debían encarcelarme”, porque a ella junto con el director de Radio Darío, Aníbal Toruño, les atribuían la responsabilidad de las primeras quemas en esa ciudad.

Tras la detención del grupo de jóvenes universitarios en León, “ya me han dicho que mejor no regrese, que están tras mi pista”.

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“Nosotros veremos qué hacemos, seguimos por el mundo, veremos cuándo regresamos por Nicaragua, si se puede, si hay condiciones”, expresó a LA PRENSA Henríquez, poco después de haber asistido como peticionaria en una de las audiencias de la CIDH.

“No quieren aceptar que nosotros no recibimos dinero de nadie, que no pagamos a nadie para que marche, cada quien es líder de su propio cuerpo y su propia vida y está liderando para vivir en justicia y en democracia en

Nicaragua, eso la dictadura no lo comprende, se le olvidó cómo bajamos a Somoza que nadie nos pagaba”, manifestó Henríquez.

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