Unidad de Análisis Financiero va contra las empresas privadas en Nicaragua

Los reglamentos de la Ley de la UAF y el de la Ley contra el terrorismo los aprobó el dictador Daniel Ortega y los mandó a publicar el 3 de octubre

LA PRENSA/Cortesía

El reglamento de la Ley de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) preocupa al sector privado porque aparte de que viola la privacidad de los datos que manejan ocho instituciones públicas, se amenaza la estabilidad de la libre empresa, ya que ese órgano puede cerrar todo negocio de manera temporal o definitiva cuando se considere que ha incumplido con las normas de prevención o se sospeche de estar relacionada con el delito del narcotráfico.

La UAF podrá paralizar las operaciones de los Sujetos Obligados con la Ley contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, entre los que están: bancos, correduría de seguros, financieras, comercializadoras de vehículos, empresas de remesas, joyerías, organizaciones no gubernamentales, entre otros.

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Según fuentes consultadas, este miércoles está previsto que las cámaras empresariales agrupadas en el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) se reúnan con juristas para analizar los alcances de reglamentos de la Ley de la UAF, a fin de decidir las acciones legales contra lo que desde ya, varios sectores califican de violaciones constitucionales en ambos reglamentos.

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Los reglamentos de la Ley de la UAF y el de la Ley contra el terrorismo los aprobó el dictador Daniel Ortega y los mandó a publicar el 3 de octubre.

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El artículo 25 del reglamento de la UAF refiere que las sanciones administrativas a los Sujetos Obligados son el separar del cargo al oficial de cumplimiento de las normas sobre prevención de lavado y terrorismo en el negocio, “multa de quinientos hasta 15 mil unidades” y la “suspensión temporal de las operaciones o su cierre definitivo”.

No se dice por cuánto tiempo durará el cierre, quedando a discreción de los funcionarios de la UAF. Y el artículo 26 del reglamento dice que si en un año de haber sido sancionado por la UAF, igual discrecionalmente se determina que reincidió en las faltas, el órgano “procederá a tramitar el cierre definitivo de operaciones” del negocio u organización.

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“Todo esto crea una gran inseguridad jurídica para cualquier inversionista en este país”, afirmó el jurista José Pallais.

Amcham: es inconstitucional

El director ejecutivo de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham), Eduardo García,  dijo a LA PRENSA que el reglamento de la UAF violenta la Constitución porque las instituciones públicas le darán a conocer información confidencial de los usuarios y las empresas.

José Dolores Reyes director de asesoría legal de la UAF junto a otros miembros de esa institución. LA PRENSA/ JADER FLORES
José Dolores Reyes, director de asesoría legal de la UAF junto a otros miembros de esa institución. LA PRENSA/ JADER FLORES

“Es preocupante esta decisión. Es importante señalar que como sector privado desde el 2012, AmCham se pronunció en defensa del derecho constitucional a la privacidad de la información”, consideró García.

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La UAF ahora tiene acceso directo a datos personales, salariales, impuestos y transacciones comerciales de particulares y las empresas que maneja el INSS, Aduanas, Ingresos, Migración y Extranjería, la Superintendencia de Bancos, el Consejo Supremo Electoral, la Policía Orteguista y el Poder Judicial.

Ese acceso lo tiene sin tener una orden judicial o sin informar previamente al ciudadano o a la empresa sospechosa o investigada.

La presidenta de AmCham insistió en que esas facultades rozan con el artículo 26 de la Constitución Política que en su acápite tres señala que toda persona tiene derecho “a conocer toda información que sobre ella se haya registrado en las entidades de naturaleza privada y pública, así como el derecho de saber por qué y con qué finalidad se tiene esa información”.

“Por tanto, este reglamento violenta derechos constitucionales de los y las ciudadanas porque instituciones públicas darían a conocer información sobre empresas y empresarios sin ningún proceso judicial de por medio”, sostuvo García.

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Ortega impulsó la aprobación en la Asamblea Nacional la Ley de la UAF y la Ley contra el terrorismo en julio pasado cuando las protestas ciudadanas estaban en su momento más álgido como el actuar represivo del régimen. Ambas leyes son consideradas por sectores sociales y empresariales como armas políticas de Ortega para criminalizar las protestas e intimidar a sus adversarios.

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