El exilio fue la única salida que vio la cirujana pediatra Darling Catalina Pérez Urbina, después de sufrir represión laboral y condena judicial de parte del sistema judicial orteguista en Juigalpa.
La condenaron a pagar 200 días multas equivalentes a C$ 52,180.26 por supuestas injurias en perjuicio del funcionario público del Ministerio de Salud Erick Iván Centeno Hernández, solo porque se defendió de las agresiones de este, por participar en marchas cívicas y prestar auxilio a manifestantes.
La juez orteguista Ruth Elieth Membreño Báez, titular del Juzgado Segundo Local Penal de Juigalpa fue quien dio el fallo de culpabilidad e impuso la multa arbitraria, según la perjudicada, el pasado 2 de octubre en horas de la noche.
“Erick Centeno fue el que me agredió, me empujó y trató de arrebatarme mi celular cuando estaba grabando porque me trasladó una clínica pequeñita y me quitó los turnos para restarme el salario y al final la condenada fui yo. Encima la judicial hace un cálculo de la multa partiendo del salario neto que tenía en la clínica previcional donde trabajaba sin tomar en cuenta que ya no ganaba eso”, denunció la médica.
La supuesta víctima Erick Ivan Centeno Hernández, es el director de la clínica médica previsional filial La Asunción de Juigalpa y fue quien se encargó de ejercer la presión laboral contra la manifestante, porque la pediatra nunca ocultó que participaba en las marchas azul y blanco y llevaba insumos médicos a los tranques.
Las agresiones laborales iniciaron el 26 de junio, cuando su jefe Centeno, la supuesta víctima, escribió en su perfil de Facebook que ella ( la pediatra) “debería tener dignidad porque era trabajadora del Estado”. Luego el 28 de junio la cambia de horario laboral, el 29 de junio la degrada a prestar atención médica a sus pacientitos en una clínica sin las condiciones adecuadas.
No bastándoles, el primero de julio le quitaron los turnos lo que significó una reducción del 35 por ciento del salario, esta decisión se la notificó por medio de llamada telefónica. El 2 de julio la perjudicada redactó una carta para deslindar responsabilidad por el atraso en cirugías programadas porque le quitaron turnos y fue cuando sufrió la agresión verbal y física de parte del director, relató la ahora exiliada.
A parte del acoso laboral también recibió acoso en redes sociales de parte de orteguistas que la tacharon de “golpista” y amenazaron su integridad física.
“No les bastó el acoso laboral y el 10 de julio me querellaron por injurias y calumnias, hasta que me corrieron el 21 de agosto. La querella fue fraguada entre el director y la abogada del Silais Chontales Dominga Sequeira, donde me condenaron solamente de injurias, aunque ninguna de las dos conductas fue probada en juicio”, dijo la médica.
Querían que se retractara
La doctora Pérez expresó que durante el juicio trataron de convencerla firmar una mediación donde ella se comprometía a grabar un video leyendo un guión que ellos le proporcionaron donde se retractaba de todas las denuncias y debía publicarlo en Facebook y diferentes medios de comunicación.
“Eso era atentar contra mi dignidad, mis valores, por eso no acepté. Ya me despidieron, me multaron, que más quieren. Me exilié por la seguridad de mi familia, pero sigo firme en mi lucha y apoyo al pueblo nicaragüense”, dijo Pérez.
Proceso viciado
El abogado César Guevara, quien defendió a la doctora Pérez en el juicio por querella en Juigalpa, explicó que desde el principio la juez Membreño Báez estaba parcializada y violaron derechos y garantías procesales, ya que la querrella debió ser rechazada por no reunir requisitos legales ni ofrecieron pruebas en el mismo acto como debe ser.
La causa ya estaba prescrita, agregó Guevara, porque los hechos sucedieron el 2 de julio y la audiencia fue el 30 de julio.
“La juez hizo las funciones de acusador y juez. El día del juicio dejé constancia que todos, la víctima, testigos y defensa son funcionarios de la misma institución (Minsa) y hay una dependencia jerárquica de la víctima. Además, la abogada trabaja para el Minsa y estaba representando en un acto privado, violando las leyes de probidad del Estado. Todo estuvo plagado de irregularidades”, enfatizó Guevara.
El abogado dijo que apelará la resolución condenatoria de la judicial, por no estar apegada a derecho.
Guevara recordó que presentó una acusación por violencia laboral contra su representada que estaba muy bien documentada, sin embargo fue rechazada por el juez de violencia de la localidad.
La doctora Péres trabajó desde mayo de 2015 hasta el 31 de agosto día en que fue despedida.