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CONTENIDO EXCLUSIVO.Arellys Velásquez Obando, esposa del comerciante de Juigalpa, Chontales, Lenín Antonio Salablanca Escobar, de 36 años, contra viento y marea estuvo cumplida frente a los juzgados a las 8:00 a.m. del 9 de octubre porque venía a la audiencia inicial contra su marido acusado de terrorismo, obstrucción a los servicios públicos y otros delitos.
No pudo verlo: le dijeron que la audiencia fue reprogramada para el 19 de octubre.
Afuera del edificio donde se cometen las mayores injusticias del país, la Policía Orteguista le tomaba fotos y se reía de ella.
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“Imagínese cómo nos cayó esa noticia, si solo en pasaje y comida gastamos más de mil córdobas, porque como no conocemos tenemos que pagar taxi. A eso súmele el asedio que sufrimos de policías que nos hacen foto frente a los juzgados”, se quejó la perjudicada.
La nueva fecha de audiencia es el 19 de octubre. Al gasto económico se suma las complicaciones propias del hogar: buscar quién le cuide a los niños mientras viaja a la capital.
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Las reprogramaciones de última hora, sin avisar a abogados y familiares, alargan la agonía de la espera de los presos políticos encarcelados por protestar contra la dictadura y es considerada un arma judicial contra los presos políticos.
Esta no es la primera audiencia contra un manifestante que se programa, pues también está el caso de los líderes campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena, quienes llevan dos reprogramaciones, una fue el 9 de octubre y ahora está para el 6 de noviembre.
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Según Julio Montenegro, abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, quien representa a Salablanca y a Medardo, se prevé una tercera reprogramación porque supuestamente hubo una ampliación de acusación el miércoles y tendrán que otorgarle más tiempo para prepararse ante los nuevos hechos.
Según Montenegro, ellos como defensa no quieren llevar aprisa los casos, sino al ritmo del juzgado, pues todo al final lo alegarán, pero sí admitió que las reprogramaciones traen problemas económicos a los familiares de los reos y retardación de justicia a los detenidos.
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Salablanca pasó un mes en el Chipote sin ser acusado y ahora sigue esperando audiencia. La justificación de las reprogramaciones es “reorganización de agenda del juzgado”, por lo menos en el Juzgado Noveno Distrito Penal de Juicio de Managua, según explicó Montenegro.
Fallo fuera de plazo
Otro caso que sufrió hasta cinco reprogramaciones durante su desarrollo fue el caso del manifestante Jaime Navarrete, quien recibió fallo de culpabilidad esta semana fuera del término legal de seis meses con reo detenido, refirió su abogado Róger Alvarado.
“Las reprogramaciones se dieron porque el Sistema Penitenciario no estaba trayendo a los reos, situación que no es atribuible a la defensa, pero se lo atribuyeron a la fuerza mayor, cosa que legalmente no opera, por lo que recayó sentencia fuera del término legal. Este juicio debió haber concluido en septiembre y terminó en octubre, un mes después”, explicó el abogado.
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Según el artículo 134 del Código Procesal Penal, en todo juicio por delitos en el cual exista acusado preso por la presunta comisión de un delito grave se deberá pronunciar veredicto o sentencia en un plazo no mayor de tres meses contados a partir de la primera audiencia.
Este mismo artículo ordena —según explicó el abogado Nelson Cortez—, si transcurridos los plazos señalados para el proceso penal con acusado detenido, no ha recaído veredicto o sentencia, el juez ordenará la inmediata libertad del acusado y la continuación del proceso, pero esto no sucede, el juez sigue el proceso como si nada.
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“Las ilegalidades continúan. Fueron detenidos ilegalmente, presentados ante el juez fuera de tiempo y encima dan fallo sin importarles los tiempos procesales y aunque los abogados reclamen no pasa nada en los tribunales orteguistas”, dijo Cortez.
Líder estudiantil Amaya Coppens
Para el miércoles estaba programada la audiencia inicial para la líder estudiantil de León, Amaya Coppens, acusada de terrorismo y otros delitos, pero su abogado Maynor Curtis presentó una excepción por falta de competencia territorial y el juez no resolvió la excepción y programó la audiencia especial para el 17 de octubre, y de ser denegada ese mismo día realizarían la audiencia inicial, explicó su abogado Maynor Curtis. Otro aspecto que está influyendo mucho en las largas esperas entre una audiencia y otra es que los jueces han ordenado la tramitación compleja de las causas, muchas veces sin tener los argumentos legales necesarios, lo que implica que los términos procesales se dupliquen hasta un año en espera por un fallo judicial.
“La Fiscalía siempre dice que la Policía está haciendo investigaciones, pero en realidad lo que quieren es tiempo para preparar pruebas que no tienen”, dijo otro abogado que prefiere omitir su nombre.
Se quedan con comida
Los familiares de reos políticos hacen grandes filas en el portón cuatro de los juzgados capitalinos para entregar comida al reo que llega a audiencia y cuando el Sistema Penitenciario Nacional no los lleva, no les avisan y hacen fila sin razón hasta por cuatro horas bajo el sol o la lluvia, para recibir la noticia que les reprogramarán las audiencias.
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“Es un gasto en vano porque no lo llevan y tal vez uno hizo sacrificio o hasta prestó para comprarla, porque son los hombres cabezas de familia los que están presos y nosotros muchas veces no tenemos dinero”, dijo otra familiar que prefirió no dar su nombre por las persecuciones familiares.