El uso de paramilitares así como de francotiradores para reprimir de forma violenta las manifestaciones de la sociedad civil, así como todo el proceso arbitrario que sigue el régimen Ortega Murillo en contra de quienes son detenidos, es una copia de lo que el régimen de Nicolás Maduro aplica grotescamente desde hace tiempo en Venezuela.
Esta situación la compara un defensor de derechos humanos en Venezuela como una copia fiel de lo que pasa en su país.
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A su vez, las experiencias descritas por peticionarios venezolanos en el 169 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Boulder Colorado, la semana pasada, reflejan una situación similar a la enfrentada por muchos nicaragüenses en los seis meses de represión.
Los peticionarios expusieron ante los comisionados y relatores de la CIDH cómo tras procesos arbitrarios los familiares de los capturados emprenden un recorrido por las cárceles para saber dónde están los detenidos que muchas veces han sido secuestrados. Estas son prácticas que el régimen de Daniel Ortega reproduce del modelo represivo en Venezuela, cuando la Policía Orteguista (PO) se niega a decir a los familiares a qué delegación policial fue llevado el detenido o si está en las celdas del Chipote.
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Luis Francisco Cabezas, director de la organización Convite, de Venezuela, considera que el régimen de Nicaragua reproduce el modelo de represión venezolano.
Cabezas dijo que las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela le dan mucho seguimiento a lo que ocurre en Nicaragua y estiman que existe una réplica del modelo represivo.
Sobre todo, “en el patrón de represión es casi un calco a lo que nosotros en Venezuela vivimos durante 2017”.
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“Es realmente impresionante la similitud, el uso de paramilitares, estamos al frente de un patrón que usan las nuevas dictaduras (…) tienen unas prácticas de esas viejas dictaduras, aparentan ser democráticas porque hay elecciones, pero a la vez son elecciones de dudosa credibilidad”, sostuvo Cabezas.
Y menciona que por ejemplo, la represión coincide en el uso de paramilitares, el uso de francotiradores, así como “la represión a protestas pacíficas, la captura de líderes…”.
Además coincide, según Cabezas, en el abuso de llegar a capturar a adultos mayores, como sucedió con el caso de Miriam del Socorro Matus, conocida como doña Coquito, quien pese a sus 78 años, el pasado 30 de septiembre fue arrestada y por horas retenida en el Chipote. “Pareciera que hay asesorías de nuevas dictaduras”, dijo Cabezas.
Aunque Cabezas reconoce que “pareciera que se perfeccionó el patrón venezolano en Nicaragua y fue mucho más letal la capacidad de fuego”.
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Los datos oficiales de la representación del Estado de Venezuela registran cien personas fallecidas durante las acciones violentas en ese país, durante 2017.
En Nicaragua en casi seis meses de protestas sociales la CIDH contabiliza 325 muertes que según organizaciones como la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) puede superar los quinientos muertos.
A criterio de Cabezas, ese patrón de represión es la evidencia más contundente que estamos frente a coartar la libertad de la protesta, que es un derecho.
El abordaje del tema sobre personas privadas de libertad por crisis política de Venezuela en una de las audiencias de la CIDH, la que fue convocada de oficio por ese organismo, dejó más claro el panorama de repetición que hace el régimen con los presos políticos en Nicaragua.
De acuerdo con Luis Betancourt, del Foro Penal, desde 2014 a la fecha ese organismo ha registrado 12,480 arrestos arbitrarios en todo el país, “demostrando un patrón sistemático y generalizado”.
Llama la atención que cada mes en Venezuela registran unos cincuenta detenciones de forma arbitraria, mientras otras cincuenta son liberadas. Betancourt dijo que ellos le llaman “efecto de puertas giratorias”. Es algo similar a lo que pasa en Nicaragua, pues las detenciones aún no paran, mientras de pronto son liberadas otras personas.
Génesis Dávila, de la organización Defiende Venezuela, explicó que la historia de la represión política en Venezuela comienza con el hostigamiento y persecución en contra de aquellos que se atreven a disentir públicamente del gobierno.
“Continúa con una captura generalmente arbitraria donde funcionarios sin uniforme, sin identificación ni orden de captura y además sin acto de flagrancia capturan a quien tienen en la mira”, indicó Dávila, una de las peticionarias, quien señala que “luego el camino comienza a confundirse entre lo que pudiera ser una desaparición forzosa, una privación ilegítima de libertad y en ocasiones incluso secuestros”.
Pasan los días y los familiares de las víctimas van peregrinando de centro penitenciario en centro penitenciario hasta que les confirman que su familiar está en uno de los recintos carcelarios, hasta en ese momento las autoridades carcelarias les permiten que lleven alimentos, que deben ser entregados en envases plásticos y que después son utilizados por los presos para defecar, confirmó Dávila.
Igual los defensores
Otra de las preocupaciones expuestas por peticionarios ante la CIDH y en la que existe similitud de lo que ocurre en Nicaragua, está vinculada con la criminalización de los defensores de derechos humanos.
Uno de los casos mencionados es el del director del organismo Foro Penal, el que aseguran es víctima de amenazas e intimidaciones.
Esta situación tampoco es ajena en Nicaragua; los defensores de derechos humanos corresponden a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.
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El asedio, el acoso e intimidación que sufren sea por paramilitares o a través de las redes sociales, ha llevado a muchos de los defensores a contemplar como una opción de sobrevivencia el exilio, pues muchos han sufrido amenazas de muerte o con ser procesados, muchas veces bajo cargos que han sido fabricados.
Hay que documentar
Basado en la experiencia vivida en Venezuela, Luis Francisco Cabezas aconseja a las organizaciones de la sociedad civil de Nicaragua documentar, denunciar y visibilizar todo lo que ocurre en Nicaragua. Según dijo, preocupa que ante la violencia desatada por el régimen Ortega Murillo “la gente puede comenzar a armarse, querer defenderse y dejar de ser agredidos por grupos paramilitares progobierno y puede generarse una situación muy difícil”.