Dos familias temen quedar soterradas en el barrio La Quebradita, en Jinotepe

Tras las lluvias del fin de semana pasado hubo un derrumbe que afectó dos viviendas. "Nosotros tenemos miedo de que eso siga cayendo..." aseguró una de las afectadas

La Quebradita, Jinotepe, Carazo

 Con las lluvias del sábado pasado, dos cepas de plátanos, una gran cantidad de basura y tierra de la propiedad de Pablo Hernández cayeron sobre el techo de las humildes viviendas. LA PRENSA/Mynor García

Cuarenta familias que habitan en el barrio La Quebradita, en la ciudad de Jinotepe, en Carazo, se mantienen en zozobra tras las fuertes lluvias que han afectado el territorio nacional en los últimos días. La mayoría de las viviendas están construidas con láminas de zinc y plástico.

El riesgo más latente lo enfrentan dos familias, que el fin de semana pasado fueron víctimas de un derrumbe. La noche del pasado sábado, tras las intensas lluvias, cayó sobre los techos de las casas de las familias Vega y Reyes una gran cantidad de tierra. Fue tan fuerte que el estruendo los despertó.

Una de las familias, integrada por cuatro adultos y un niño, vive en una casa de plástico; y la otra, de tres adultos y tres niños, vive en una casa de láminas de zinc. Ambas aseguran que temen quedar soterradas. «Nosotros tenemos miedo que eso siga cayendo…», dijo Ivania Vega, una de las pobladoras afectadas.

Según las familias, la tierra que les cae encima proviene de una propiedad privada que queda en una zona alta. El dueño ha asegurado que no es su responsabilidad porque estas familias están en su propiedad.

Martha Reyes, otra de las perjudicadas, asegura que lleva aproximadamente 13 años de vivir en el barrio y que está ahí porque no tiene dónde vivir. «Estamos por necesidad en este lugar», asegura.

Reyes, de 40 años, explica que las autoridades municipales han catalogado el sitio como zona peligrosa por el cauce que está en el lugar y por las corrientes de aguas pluviales que llegan a parar ahí. «Ya nosotros hemos estado en reuniones con Marena y la Alcaldía, nos dijeron que aquí eran áreas verdes y que no podíamos quedarnos a vivir, pero que tampoco nos iban a sacar”, agrega.

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En la mayoría de las viviendas no hay sistema de drenaje de aguas residuales y estas caen directamente al cauce. Los servicios de agua potable y de energía eléctrica con los que cuentan son conexiones ilegales.

Las viviendas están ubicadas en una zona baja de la propiedad de Pablo Hernández. LA PRENSA/Mynor García

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