Corte Suprema de Justicia admite recurso contra la Ley del Terrorismo

Según la defensora de los derechos humanos, ante la CSJ se interpusieron un total de nueve recursos por inconstitucionalidad contra la citada Ley 977

LA PRENSA/R. FONSECA

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) impulsó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un recurso por inconstitucionalidad contra la Ley 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. La corte admitió dicho recurso.

Así se le confirmó al Cenidh mediante una cédula de notificación de la Sala Constitucional, con fecha del jueves 11 de octubre.

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“Consideramos que es una ley inconstitucional y señalamos los principios y derechos que se violan. Este recurso fue interpuesto contra el (designado por el poder electoral) presidente de la República, Daniel Ortega, y el presidente de la Asamblea Nacional Gustavo Porras”, dijo Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Cenidh.

Según la defensora de los derechos humanos, ante la CSJ se interpusieron un total de nueve recursos por inconstitucionalidad contra la citada Ley 977, por parte de diversas personas naturales y organizaciones civiles, por lo que la CSJ en la notificación manda a acumular todos los recursos “para que en el término de 15 días se pronuncien los involucrados”.

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Núñez explicó que el Cenidh interpuso el 17 de septiembre un recurso de inconstitucionalidad parcial, es decir, para ciertos artículos de la Ley 977 que violentan derechos constitucionales de los nicaragüenses. Entre los derechos violentados por la ley, según el Cenidh, figuran la violación al derecho a la seguridad y personalidad jurídica, a la privacidad, entre otros, puntualiza Salvador Marenco, abogado del organismo de derechos humanos.

“El que reforma el delito de terrorismo, el artículo 44, en el que se señala que toda acción es terrorismo, que un delito te lo tipifiquen abierto como toda acción, no te da un verbo rector y la ciudadanía no tiene seguridad jurídica sobre el juzgador o el Ministerio Público”, explicó.

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“El que reforma el delito de terrorismo, el artículo 44, en el que se señala que toda acción es terrorismo, que un delito te lo tipifiquen abierto como toda acción, no te da un verbo rector y la ciudadanía  no tiene seguridad jurídica sobre el juzgador o el Ministerio Público. Entonces ¿qué es la acción que te lleva a ser un terrorista? Hemos visto acusaciones que la han tipificado como terrorismo a partir de esta ley, por haber pasado una medicina que fue la primera acusación presentada el 23 julio contra nueve personas y es porque el delito lo dejaron demasiado abierto”, aseveró Marenco.

Con esta ley, dijo Núñez,  hay una discrecionalidad abierta, «prácticamente Daniel Ortega está irrespetando totalmente al pueblo de Nicaragua», donde considera que seis millones de personas son terroristas por tanto indicó la defensora de derechos humanos «es el presidente de un país de terroristas».

Para Núñez, que la CSJ admita el recurso indica que ya hay un “juzgamiento preliminar”, o sea, “hay méritos suficientes que se cumplieron para tramitar el recurso”.

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“Este es un país que está ejerciendo típicamente, pero al pie de la letra, el terrorismo de Estado, está poniendo en práctica todas aquellas acciones que tipifican conceptual y teóricamente el terrorismo de Estado y el actor del terrorismo de Estado es el Gobierno”, dijo.

Esta aplicación del delito de terrorismo en contra de manifestantes que son procesados penalmente le ha valido críticas severas al régimen de parte del comisionado Joel Hernández, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El comisionado Hernández señala que en el país «hay todo un andamiaje jurídico en la legislación nicaragüense para combatir el terrorismo, que es muy consistente con las obligaciones internacionales que tiene el Estado en materia del terrorismo, pero lo que nos parece un tanto o algo extraño, es que estos tipos penales se quieran aplicar a personas que han sido detenidas en el marco de las protestas sociales».

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