Mientras la relatora especial sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (Redesca) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Soledad García Muñoz, expresa preocupación por los despidos de empleados públicos en Nicaragua, el régimen continúa aplicando esta medida como mecanismo de represalia.
El fisioterapeuta del Hospital de Masaya Alejandro Jarquín Argüello y una funcionaria del Ministerio de Educación fueron los dos últimos casos de despedidos víctimas del régimen, reportados ante organizaciones de derechos humanos.
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El gremio médico ha sido uno de los más perjudicados, seguido por el sector educativo, en su mayoría docentes universitarios. Y aunque los afectados recurren ante los organismos de derechos humanos, cada vez tienen mayor temor de hacer sus denuncias públicas.
El abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), José Antonio López, explicó ayer que los afectados aducen que temen que la Policía Orteguista junto a paramilitares los capturen por solo el hecho de haber denunciado su caso. López explicó que en el caso de la funcionaria despedida por el Mined, prestaba servicios profesionales como oficial de rendición de cuentas, cuya plaza era pagada por el Banco Mundial. Sin embargo, dijo López, a solicitud del secretario político del sector, el Mined dispuso cesantearle, para garantizar esa plaza a un miembro del orteguismo.
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A la fecha no hay datos oficiales sobre la cantidad real de empleados públicos despedidos. Hasta septiembre pasado esa relatoría de la CIDH registraba al menos unos trescientos despedidos.
En tanto, la CPDH para esas fechas contabilizaba al menos 78 denuncias de empleados que han recurrido a los juzgados laborales y en lo que va de octubre ya cuenta de ocho a diez casos nuevos.
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En la mayoría de los casos el proceso ejecutado fue anómalo y sin causa justificada y, según lo que ha conocido López, algunos por negarse a participar en las marchas del oficialismo.
Hasta la semana pasada, la relatora especial Soledad García Muñoz seguía sin obtener una respuesta del régimen a una solicitud de información oficial sobre el tema de los despidos en instituciones del Estado.
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Particularmente le interesa a García conocer información de los sistemas de salud, de educación, y en lo relativo a la garantía del respeto a los derechos de los trabajadores en Nicaragua.
Otro tema que también le preocupa y que, confió, busca coordinar esfuerzos con el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) y espera con el respaldo de las autoridades nicaragüense; está relacionado con la situación de la autonomía universitaria, de los docentes y profesores “que también están atravesando situaciones que nos preocupan y que estamos dando el seguimiento más cercano que podemos”.
Recuerda obligaciones
García recordó que existe un conjunto de obligaciones internacionales que el Estado de Nicaragua debe tomar en cuenta a la hora de implementar estos despidos y es “en el manejo y en la manera de posicionarse frente al sistema internacional”, pues señaló es parte de la carta de la Organización de Estados Americanos (OEA). También refirió que el Estado de Nicaragua es firmante de la Declaración Americana, del Pacto de San José, que en su artículo 26 destaca el desarrollo progresivo de los derechos económicos sociales y culturales y también es parte del Pacto de San Salvador.
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García comentó que desde antes que se produjera la crisis en abril pasado, que llevó a la visita de la Comisión al país, en la cual ella participó, “veníamos observando con preocupación, por ejemplo, los anuncios (de reformas) al sistema de seguridad social”.
Las protestas en Nicaragua iniciaron el 18 de abril tras las anunciadas reformas a la ley de seguridad social, que posteriormente fueron suspendidas. La arremetida contra los participantes a un plantón en la Carretera a Masaya fue el puntillazo para el estallido social que ya lleva seis meses.
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Durante la primera visita de país de la Comisión, García asegura que constató la existencia de unos patrones muy preocupantes en cuanto a derechos sociales, sobre todo en relación con el derecho a la salud, que le permitió constatar que “tanto los derechos civiles y políticos como los derechos sociales están en riesgo”.
Esto porque García visitó varios hospitales, morgues, el Instituto de Medicina Legal (IML), entre otros, donde “lo pude constatar personalmente, entrevistándome con muchas personas, familias, niños que tenían las balas alojadas en sus cuerpos todavía y que no habían recibido la necesaria atención médica”.
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A esto le agrega que pudo constatar también “de cómo los médicos, los voluntarios, los bomberos enfrentaban innumerables obstáculos para realizar su trabajo, incluso con amenazas de despido, amenazas de despido que con el tiempo se han ido realizando, haciendo efectivo”.
Insiste en solicitud
La relatora de la CIDH Soledad García Muñoz aprovechó para insistir al Estado de Nicaragua una respuesta a sus solicitudes. “Sería muy importante para el mandato, como para la Comisión, tener un diálogo constante con el Estado y con las autoridades nicaragüenses”, expresó García.
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García planteó la importancia para esa relatoría que sea atendida por las autoridades del Estado de Nicaragua. Esto “para recibir toda la información que se necesita para hacer el trabajo de monitoreo y de protección de los derechos humanos que tenemos encomendados en función de las obligaciones internacionales asumidas en Nicaragua tanto en relación con derechos civiles y políticos como en derechos económicos, sociales y culturales”.
En el informe de país la CIDH hizo ver las afectaciones al derecho a la salud, la falta de atención “conforme a los estándares internacionales de la salud de las personas que protestaban y fueron reprimidas”.
Pide una pronta solución
La relatora especial sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (Redesca) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Soledad García Muñoz, expresó su solidaridad con el pueblo de Nicaragua. Y manifestó que seguirá monitoreando la situación de los empleados públicos. “Con la esperanza de poder aportar lo más posible a una pronta solución de esta situación, a las mejoras de las condiciones de vida de la población nicaragüense, y por supuesto al cese de la violencia y de la represión en contra de un derecho a la protesta”, dijo .