Luisa Molina, miembro de la directiva nacional de la Coordinadora Civil, manifestó este jueves que desde que regresó al poder Daniel Ortega, ha querido aplastar a las organizaciones no gubernamentales (ONGs) críticas de su Gobierno, y ahora que se siente “acorralado”, sus acciones se han vuelto más burdas.
“Aquí estamos en un estado de indefesión, por más leyes que tengamos, por más marco jurídico, por más legalidad, ellos siempre te van a estar asediando, te van a estar acechando, te van a estar haciendo la vida miserable”, agregó Molina.
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En medio de la crisis que vive el país actualmente, el gobierno de Ortega volvió arremeter contra las organizaciones de investigación y promoción del derecho y la democracia, pero esta vez las acusa de narcotráfico, crimen organizado, terrorismo y de planificación de un golpe de Estado.
En septiembre, la Policía allanó las oficinas del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), y giró una orden de captura contra el director de esa institución, Félix Maradiaga, un politólogo, crítico del gobierno de Ortega, defensor de derechos humanos, participante de las protestas ciudadanas y quien actualmente se encuentra en el exilio por la persecución orteguista.
Maradiaga es acusado por la justicia orteguista de líderar una banda criminal que quería crear caos en el país, para darle un golpe de Estado al gobierno de Ortega.
Luciano García, presidente de Hagamos Democracia, organizacion crítica y de promoción de la democracia, también es acusado de los mismos delitos de Maradiaga.
ONG son legítimas
Molina dijo que la mayor parte de las ONG’s cumplen con el marco legal establecido y son transparentes a la hora de entregar cuentas, pero lo que busca el régimen de Ortega es acabar con la crítica de estas organizaciones que promueven y divulgan los derechos de la ciudadanía.
“No es que no haya legalidad, existe la legalidad y las organizaciones son legales y legítimas. Lo que pasa es que estamos viviendo en un Estado que no respeta el derecho que tiene la sociedad civil a organizarse, a movilizarse, a reunirse e incluso tienen derecho a recibir cooperación internacional”, dijo Molina.
Una de las formas de aplastar a las ONGs fue impedir la cooperación de los donantes.
Hace tres años, Molina contó que un funcionario del gobierno de Ortega anduvo por los países donantes, principalmente de Europa y Estados Unidos, con una lista de nombres de organizaciones sociales que no debían recibir recursos.
Algunos embajadores le confiaron a Molina que el personero del gobierno “sugería” “tener cuidado” con dar recursos a determinadas ONG’s, “que si daban recursos se podía entender que estaban apoyando una conspiración contra el Gobierno”.
El allanamiento a Cinco
El 10 de octubre se cumplieron diez años del allanamiento a las oficinas del Centro de Investigaciones de la Comunicación (Cinco), presidido por Carlos Fernando Chamorro, uno de los periodistas más críticos de la administración de Ortega. Entonces también fue allanada la oficina del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM). Como ocurre hoy con otras organizaciones, el sistema judicial se enfiló contra estos organismos por voluntad del poder ejecutivo.
En su cuenta de Facebook, Juanita Jiménez, del MAM, dijo que era prohibido olvidar la persecución política del régimen Ortega Murillo.
Respaldo a García
Este jueves, Hagamos Democracia manifestó su apoyo y solidaridad a su presidente, Luciano García, a través de un comunicado.
La organización rechaza la campaña de amenazas y desprestigio contra García y su familia.
También rechazó “toda acción malintencionada que pretenda dañar su reputación o incriminarlo en actos reñidos con la ley”.