Potestades de la UAF incrementan el «clima de inseguridad jurídica» en Nicaragua, afirman cámaras empresariales

El Cosep, Amcham y Funides se pronunciaron este viernes, a través de un comunicado conjunto, en contra del reglamento de la Unidad de Análisis Financiero

El presidente del Cosep, José Adán Aguerri, afirmó que no existe comunicación con el régimen de Daniel Ortega. LA PRENSA/ ARCHIVO

El presidente del Cosep, José Adán Aguerri. LA PRENSA/ ARCHIVO

El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham) y la Fundación Nicaragüenses para el Desarrollo Económico y Social (Funides) se pronunciaron, a través de un comunicado conjunto, en contra del reglamento de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), ya que sus normas «implicarán violaciones a los derechos humanos y garantías constitucionales de los ciudadanos, empresarios y empresas del país, en momentos en que como Nación enfrentamos la mayor crisis política en tiempos de paz que conoce nuestra historia reciente».

En el comunicado emitido la tarde de este viernes, las principales cámaras del sector privado y el centro de pensamiento, sostienen que las potestades de la UAF incrementan el «clima de inseguridad jurídica» que ya existe en Nicaragua debido a la crisis sociopolítica, que daña la ya deteriorada economía nacional.

En el pronunciamiento, el sector empresarial considera que «las potestades reglamentarias de la UAF de poder tener acceso directo a información resguardada por las principales instituciones públicas del país», así como la de imponer sanciones «administrativas» a los sectores que son regulados bajo el concepto de Sujetos Obligados por la Ley contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo, como «la suspensión temporal o el cierre definitivo de las operaciones de los empresarios o las empresas, están «contribuyendo a exacerbar el clima de inseguridad jurídica que prevalece por la crisis política y en forma negativa a desestimular aún más la inversión nacional e internacional, la creación de creación de empresas y la generación de empleos».

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Las cámaras dejan claro que las medidas afectan de forma directa tanto a la micro, pequeña, mediana y gran empresa «sin distingo alguno, incluyendo a los contribuyentes inscritos en el régimen integral, así como al régimen de cuota fija».

«Además, la aplicación de estas normas nos podrían llevar como Estado a inobservar obligaciones internacionales suscritas en materia económica y de derechos humanos, que nos aislarán, aún más, de la comunidad internacional y de los organismos multilaterales; haciendo más compleja la posibilidad de que nuestro país se encamine nuevamente por la senda de la paz, la seguridad y el progreso», sostienen las cámaras empresariales.

El dictador Daniel Ortega aprobó el reglamento de la Ley de la UAF, que se publicó el 3 de octubre, en donde entre otras facultades le permite acceder de forma directa a la información salarial, impuestos, antecedentes policiales, al Registro de las Personas, al registro de propiedades así como a los datos de exportaciones e importaciones de los ciudadanos y las empresas que manejan ocho instituciones públicas. A todos esos datos accederá sin contar con una autorización judicial previa o informar previamente al ciudadano o a la empresa que está siendo investigada.

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«Investigación criminal»

Amcham, Cosep y Funides en su comunicado critican que la UAF va «a desarrollar funciones de investigación criminal» propias de la Policía Orteguista y el Ministerio Público, sin las limitaciones legales impuestas a estas instituciones, al no mediar en su actuación administrativa mandato u orden judicial alguna» lo cual para el sector privado se viola «una garantía fundamental regulada en forma estricta por la Constitución y el Código Procesal Vigente.

Asimismo, denuncia el gremio empresarial, el reglamento de la Ley de la UAF «se excede» cuando le atribuyen a la Procuraduría General de la República «funciones investigativas que no le competen». También rechazan que Ortega, por medio del reglamento, le autoriza a la Unidad de Análisis Financiero a compartir información «que debe ser única y exclusivamente bajo su resguardo, tal y como lo establece su misma ley.

De esta manera las principales cámaras gremiales del país cierran fila en contra de los poderes inconstitucionales otorgados a la UAF.

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Se espera que la próxima semana el Cosep presente un recurso por inconstitucionalidad contra el reglamento de la Ley de la UAF, y que Amcham se le sume.

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