El principal temor del sector privado es que el objetivo de la Ley Creadora de la Empresa Nicaragüense de Importaciones y Exportaciones (Enimex) sea volver al esquema de economía mixta que se promovió en los años ochenta y que demostró ser un fracaso.
Pero también hay indicios de que dicha empresa podría asumir las operaciones de comercio exterior que tuvo que suspender Alba de Nicaragua SA (Albanisa), por lo que consideran se debe aclarar y sobre todo evitar que se convierta en competencia desleal para los privados.
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Debido a las sanciones que Estados Unidos le impuso a Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) —accionista mayoritario de Albanisa—, esta última no puede realizar operaciones con bancos y empresas relacionados con Estados Unidos, por lo que Enimex podría retomar sus operaciones de importación de petróleo y derivados y exportación de alimentos.
“Da la impresión que esta podría ser una instancia que haría lo que Albanisa dejó de hacer, de exportar a Venezuela por los riesgos de contaminación dadas las sanciones a PDVSA. Si esto es así, pues que se explique pero sobre todo se le dé seguridad al sector privado de que no va a haber competencia desleal o que vaya a interferir esta empresa en las acciones de los exportadores privados”, dijo el presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN), Guillermo Jacoby.
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Isabel Castillo, directora ejecutiva de la Empresa Nicaragüense de Importaciones (Enimport), explicó el fin de semana a medios oficialistas que desde hace treinta años dicha empresa se ha dedicado a comercializar donaciones para crear fondos de contravalor con los que se financian programas sociales; también importa productos para algunas instituciones del Estado, principalmente las relacionadas con la atención de desastres y emergencias.
Con la aprobación de la iniciativa de ley promovida por el Ejecutivo, se transformará en Empresa Nicaragüense de Importaciones y Exportaciones (Enimex) y seguirá realizando importaciones y exportaciones, pero también creará empresas de capital mixto.
Roza con la Constitución
APEN recomienda delimitar la ley más puntualmente a lo que pretende, para evitar la incertidumbre y desconfianza que está generando tal y como fue presentada la semana pasada por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional.
Según Jacoby, “tal y como está, esta (iniciativa de) ley parece rozar con lo que realmente prescribe la Constitución Política”. Añade que “lo que sí es claro es que ha generado gran preocupación entre productores y exportadores de diversos tamaños, pues leen en esta iniciativa un potencial retorno a los 80, cuando el Estado controlaba las exportaciones”, por lo que si esa no es la intención debe aclararse.
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Por su parte, el economista y exdiputado Enrique Sáenz advierte que se “está creando una empresa pública para ocuparse de actividades típicamente privadas”, ya que “la nueva empresa no se limitará a actividades de importación y exportación, sino que se puede extender prácticamente a cualquier actividad económica al atribuirle la facultad de participar en cualquier actividad comercial en beneficio de sus operaciones”.
Esto llama la atención de Sáenz porque hasta ahora el régimen se había cuidado de no invadir espacios tradicionales de la empresa privada.
“En este sentido, encierra ecos de estatización que parecían abandonados… llama la atención que habilita a la empresa a asociarse con empresas privadas y constituir empresas mixtas… y es evidente que va en la dirección de establecer colusiones entre las empresas pertenecientes a la camarilla gobernante y esta nueva empresa pública”, confía Sáenz. Además, agrega, con seguridad se trata de parte de las acciones para evitar el efecto de las sanciones impuestas por Estados Unidos y que podrían incrementarse.